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Panorama

MP solicita prisión para la coronela del Canódromo y otros agentes

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El Ministerio Público ha solicitado una orden judicial de arresto en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.

La instancia, firmada por Santa Matilde Reyes Valenzuela, procuradora Fiscal del Distrito Nacional, implica también a Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, todos de la Policía.

Establece que existen suficientes elementos de pruebas para sostener, razonablemente, que los imputados son autores o cómplices de violar los artículos, 60, 224, 309 del Código Penal Dominicano, los artículos 3 y 4 y 27 de la Ley 19-01, los artículos 4, 5, 10 y 11 de la Ley 53-07, sobre delitos de alta tecnología, y el artículo 190 de la Constitución dominicana.

Ante esto, la fiscal plantea: “Por tales razones solicitamos orden judicial de arresto en contra de los nombrados Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, P.N, Javier Javier Natanael, P.N., Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario, PN, Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez P.N.”

Todos los implicados son miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el pasado 11 de abril agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una periodista de Listín Diario y su fotógrafo, así como a un camarógrafo de la estación de televisión CDN en el Canódromo, cuando el Defensor del Pueblo acudió a visitar el centro, junto a representantes de los medios de comunicación, motivado ante los reportajes publicados por LISTIN DIARIO, a través de los que deploró las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios.

Violencia de agentes
Tras el hecho, personal de la Digesett arrebató el celular de la periodista de LISTIN DIARIO, Lourdes Aponte, y borró los archivos de videos y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, ya reiniciados, o en cero.

Historia de los hechos
El día 11 de abril de este año, Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, en compañía de Harold Alfredo Modesto Sánchez, secretario general; Richard Alberto Peña Sánchez, camarógrafo; Rosario María Maríñez Medina, periodista de la institución, se presentaron al Canódromo a realizar una inspección para contactar la realidad existente allí.

Para efectuar esa gestion, invitaron a la periodista Lourdes Sheryl Aponte y al fotógrafo Raúl Emilio Asencio, de este diario, y a Manuel Adrián Olivo, camarógrafo de CDN.

Al llegar fueron recibidos a golpes y empujones por los imputados, causandoles laceraciones y daños a los equipos de trabajo.

La coronel Ysabelita de los Santos Pérez les impidió entrar al canódromo El Coco al Defensor del Pueblo, generándose allí agresiones físicas y verbales contra éste y parte del personal que le compañaba.

“En ese momento, el imputado Braulio Pérez P.N., le arrebató la cámara de grabación, propiedad de CDN, al periodista Víctor Manuel Adrián Olivo, un reloj inteligente, las cuales eran utilizada para sus labores, y el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, el cual es un exmilitar, lo agredió físicamente”, explica el expediente.

FUENTE: Listin Diario

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Acis recula y anula acuerdo para legalizar a haitianos

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La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis), informó que no llevará a cabo el acuerdo firmado entre la entidad y el Consulado de Haití en la Ciudad Corazón sobre regularizar a trabajadores provenientes del vecino país.

La desición fue tomada a causa de que la entidad se regirá de las soluciones consensuadas por las autoridades dominicanas.

El presidente de la Acis, sostuvo que el acuerdo firmado el pasado 1 de junio junto al destituido cónsul haitiano James Jacques buscaba la regularización de la mano de obra que labora en sectores productivos de Santiago.

En una carta enviada al Consulado de Haití en Santiago, la Acis sostiene que “no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable Consulado General de Haití en Santiago de los Caballeros, y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno”.

Expresa  que han determinado que existe la voluntad en varias autoridades del Gobierno, y “hemos logrado que ellas ponderen a futuro un mecanismo que les permita a las empresas contratar a empleados extranjeros cumpliendo cabalmente con la legislación de la República Dominicana”. 

Agrega que “a lo largo de su historia la Acis ha sido una entidad respetuosa del marco legal e institucional y lo firmado se enmarca dentro del orden del respeto a las instituciones”.

Sostiene que cuando se firmó el acuerdo el Cónsul de Haití en Santiago se encontraba en sus plenas facultades y su ejecución era de fácil implementación; sin embargo esta situación hoy no es la misma, debido a que en estos momentos el Gobierno de Haití tendrá a bien confirmar o designar nuevas autoridades.

Asimismo, señaló que el factor de tener trabajadores con documentación regularizada facilitaría el trabajo de las autoridades del control migratorio, ya que podrían repatriar a quienes no tengan su documentación legalizada.

El empresario indicó que buscaba que el consulado haitiano ayudara a lograr la documentación de sus compatriotas, que ya están insertados en sectores productivos como los del banano, cacao y otros rubros y que al viajar a su país en busca de documentos son fichados en la frontera.

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Se desvinculan de supuesta red que trafica pasaportes haitianos

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Como empresarios jóvenes que han hecho una gran inversión en República Dominicana se definieron los propietarios del negocio que el viernes fue intervenido por la Direccion General de Migración (DGM) en busca de evidencias de una supuesta red que trafica con pasaportes haitianos.

En rueda de prensa, los empresarios Kari Saintoiry y Jonathan Solano, dueños del restaurante gastronómico y cultural haitiano «L’aromate Creole», dijeron que no tienen nada que ver con la supuesta red que alegadamente operaba un tráfico de pasaportes haitianos y que fueron ocupados a una persona en el negocio al momento de la intervención de la (DGM).

Señalaron que llevan ocho años operando con todas las reglas de la ley, por lo que se sintieron desconsiderados por los agentes de la DGM a quienes acusan de no importarles que los presentes mostraran documentos incluyendo al copropietario Jonathan Solano, quien es dominico-haitiano y tenía su cédula de identidad dominicana y que «los apresaron».

Me llevaron a inmigración pero soy dominicano, tengo derecho, mi padre es dominicano, me metieron en el camión y me trataron como una basura. Mi esposa tuvo que ir a llevarme mi pasaporte llorando para que me creyeran, y me dijeron que ahora tengo que andar hasta con mi acta de nacimiento», se lamenta Solano.

Indicaron que al igual que otros extranjeros crean negocios para mantener la cultura de sus países y sobre todo para crear fuentes de empleos.

Kari Saintoiry y Jonathan Solano afirman que decidieron crear el restaurante al igual que otros dos negocios más de los cuales son propietarios.

«L’aromate Creole» está ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), donde estudian una gran cantidad de nacionales haitianos, los cuales son la mayoría de la clientela del negocio. Posee 52 empleados, cuyas familias dependen del salario que reciben en ese local.

«Nosotros representamos la comunidad haitiana y somos comerciantes, así como hay restaurantes chinos, italianos etcétera (…) Aquí, nuestros clientes son estudiantes, aquí no vienen delincuentes, ni haitianos sin documentos. Tenemos ocho años aquí y nunca habíamos tenido problemas», explicó Kari Saintoiry

Denunció que los agentes de migración «se metieron a la fuerza» en el restaurante en el que, afirma, «había hasta ciudadanos americanos y con pasaportes en manos se los llevaron».

Acusaron a unas supuestas vecinas, dueñas de otros establecimientos que están frente al restaurante haitiano, de haber hecho la denuncia a la DGM por supuesta envidia y racismo.

FUENTE: Diario Libre

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