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Migración niega haber apresado o maltratado a cónsul haitiano en Santiago

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La Dirección General de Migración negó este sábado que agentes de su institución hayan apresado, maltratado o desconsiderado al cónsul de Haití en la provincia de Santiago, James Jacques.

A través de un comunicado, la entidad dijo que lo sucedido con el diplomático fue que miembros Migración, de la Policía Nacional y de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), desmantelaron durante un operativo en la noche del viernes una banda que traficaba con pasaportes haitianos y visas desde un centro de diversión en la provincia de Santiago.

Migración señaló que en el operativo fueron detenidos 21 nacionales haitianos indocumentados.

Igualmente fueron confiscados unos 15 pasaporte haitianos, así como las sumas en efectivo de 56,500.00 pesos dominicanos, 890 dólares y 4,100 gourdes haitianos.

Asimismo, la entidad comunicó que “se actuó en respuesta a decenas de quejas de vecinos y ciudadanos que denunciaban ruidos y escándalos que se producían a altas horas de la noche en el bar restaurante y discoteca, llamado Laromate Creole”.

La institución indicó que durante el operativo se presentó el cónsul general de Haití en Santiago, James Jacques, exigiendo que se le entregara al señor Jolivain Nelson, a quien se le habían ocupado los 15 pasaportes y el dinero en el operativo.

Las autoridades añadieron al informe que al no tener éxito en sus intenciones, el cónsul pidió al personal de Migración acompañarlos, a los fines de gestionar los documentos de algunos de los detenidos, alegando que los mismos estaban “resguardados en sus viviendas”.

Luego se trasladó junto al grupo hacia el Centro de Acogida de Migración Santiago, “donde estuvo por unas dos horas mientras diligenciaba los documentos a los haitianos que estaban indocumentados”.

Según la institución, el diplomático haitiano nunca fue apresado ni maltratado por el personal de la Dirección General de Migración, puesto que no se encontraba en el lugar, sino que llegó a intervenir por los que habían sido detenidos.

Esta aclaratoria fue realizada por la entidad al desmentir las declaraciones realizadas por el cónsul haitiano en Santiago, quien este sábado realizó una rueda de prensa denunciando que fue sometido a “un abuso y a una desconsideración por parte de las autoridades dominicanas”.

En tal sentido, el organismo resaltó que el operativo fue hecho dentro del marco de la ley de Migración, y respetando los Derechos Humanos.

Migración reiteró en su comunicación que “no dará marcha atrás en el cumplimiento del deber de salvaguardar la soberanía nacional y velar que los extranjeros se manejen dentro de un marco de respeto a la ley y expulsar del territorio nacional todo aquel que se encuentre en estado de ilegalidad”.

Vía Listín Diario

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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