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Minerd defiende compra de libros digitales
Contrataciones Públicas suspendió a esa institución contrato para adquirir el material digital

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) defendió la contratación suscrita con varias editoras para la compra de libros de textos en formato digitales, y aseguró que dicho acuerdo le ahorró al Estado más de 667 millones de pesos.
«La adquisición de libros de texto en formato digital le ahorraron en la contratación al Estado Dominicano RD$677,853,874.17, es 57 % más económico que el libro impreso debido al tiempo de uso (4 años, en lugar de 1.3 años de libros impresos), son preferidos por los estudiantes y constituyen un salto cualitativo hacia la digitalización de la educación. El proceso se realizó con estricto apego a las leyes 66-97 y 340-06, y la Ordenanza No 01-2022 del Consejo Nacional de Educación (CNE)«, aseguró el Minerd mediante una nota enviada a la prensa divulgada por el periódico Hoy.
Para adquirir los libros, que serían usados para el nivel secundario del año escolar 2022-2023, el Ministerio de Educación precisó que participaron de este proceso todas las editoras con bibliografías de libros de textos que fueron evaluadas por la Dirección General de Currículo de las diferentes áreas de nivel secundario y aprobadas mediante ordenanza 01-2022, emitida por el Consejo Nacional de Educación, dando cumplimiento al principio de participación.
«Para definir el precio referencial de los libros digitales, se dio cumplimiento al Art. No. 03 de la resolución PNP-06-2020, sobre pautas generales para la elaboración de pliegos de condiciones, ficha técnica y términos de referencia en los procedimientos de contratación pública, realizando la consulta de mercado a las editoras aprobadas para participar en el proceso de exclusividad, obteniendo los precios referenciales para la adquisición de libros de textos en formato digital para el nivel secundaria por cuatro (4) años, referencia MINERD-CCC-PEEX-2022-0003. Dichos precios referenciales fueron el promedio de las cotizaciones iniciales presentadas por las editoras», señaló el Minerd.
La entidad detalló además que el proceso fue lotificado en el pliego de condiciones específicas en 16 lotes, para garantizar las secuencias de contenidos, programática y gráfica en la serie completa; es decir, que cada lote comprende una serie secuenciada por materia: (1ro. a 3ero. y 4to a 6to), por niveles, permitiendo una continuidad referencial a los textos del grado anterior, «dando cumplimiento al principio de eficiencia«.
En este proceso de contratación participaron 11 editoras de las cuales fueron habilitadas 10 para la apertura del sobre B, dando lectura a sus ofertas económicas en presencia de los oferentes y ante notario público, de conformidad con el cronograma de actividades descrito en el pliego de condiciones específicas del proceso de excepción por exclusividad y dando cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, e igualdad y libre competencia.
Los criterios de adjudicación para este proceso fueron descritos de manera clara, asegura el comunicado de prensa y precisa en el numeral 2.1 del pliego de condiciones específicas, en atención a lo descrito en el Art. 11 de la resolución PNP-06-2020. La adjudicación se realizó mediante un sistema de precio, adjudicando de entre todas aquellas que cumplieron con los requisitos técnicos, a las que ofrecieron el menor precio, siendo la cantidad máxima inicial un lote por oferente, adjudicando más de uno, solo cuando quedasen lotes disponibles, para evitar que resultasen desiertos.
Durante el proceso se identificaron casos en los cuales las ofertas económicas estuvieron por debajo de las cotizaciones enviadas por las propias editoras para el precio referencial y, además, con una vigencia de solo un año de uso del libro, en lugar de cuatro (4) años, que es la duración establecida en el proceso de adquisición, ver circular No. 01 (preguntas 10.5 y 18.2) anexa.
«La apropiación presupuestaria para la contratación de este proceso fue de RD$2,538,623,158.39, monto resultante de las cotizaciones presentadas por las editoras, mientras que la adjudicación realizada fue por un valor de RD$1,860,769,284.22, para un ahorro al estado dominicano de RD$677,853,874.17, equivalente a un 27%, dando cumplimiento al principio de economía y flexibilidad«, explicó la entidad encargada de velar por la educación en el país.
Cumpliendo de forma estricta los criterios de adjudicación, a todos los oferentes habilitados, sin excepción, les fue adjudicado por lo menos un lote. Luego se procedió a la adjudicación de los cuatro lotes restantes. Quedando dos desiertos para lo cual se realizará una segunda convocatoria, aseguró dicho Ministerio.
La utilidad de los libros digitales es de cuatro años, distinto a los libros impresos cuya tasa de reutilización es de apena 1.3 años, debido a las pérdidas, las retenciones o el deterioro. El precio promedio de un libro impreso es de RD$220.60, que al dividirlo entre 1.3 años de uso, termina siendo de RD$169.62 por libro por año; mientras que el precio promedio de un libro digital es de RD$385.21, lo que dividido entre cuatro años de uso resulta ser un precio de RD$96.30 por libro por año, aseguró el Minerd.
«El libro digital es 57 % más económico que el libro impreso«, concluyeron.
No obstante, las precisiones anteriores, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd dará respuesta a la única impugnación presentada en el proceso, en cumplimiento de la resolución DGCP44-2022-005372, de fecha 12 de julio del año 2022, de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
Luego de conocerse sobre la impugnación a cuatro de 14 lotes del proceso de licitación de libros digitales, circula en las redes sociales un video que muestra a varios de los dueños de las diversas editoriales exigiendo al Ministerio de Educación, que la adquisición de libros digitales de secundaria del próximo año escolar, solo permitan su uso por un año.
Sin embargo, los libros en formato digital de las cuatros empresas que están siendo impugnadas y resultaron ganadoras en la licitación MINERD-CCC-PEEX-2022-0003, tendrán una vigencia de cuatro años, garantizando su permanencia en el tiempo.
“Entiendo que la mayoría de los editores estamos sorprendidos porque efectivamente se habló de que los libros tendrían vigencia por un año… se trabajó sobre esa base, con ese criterio nos manejamos todos nosotros, fue crear unos códigos que tuvieran vigencia exclusivamente por un año”, sostiene uno de los empresarios para justificar la caducidad de estos libros en ese periodo de tiempo.
A pesar de que los propietarios de dichas editoriales se muestran inconformes con la licitación hecha por el Ministerio de Educación, reconocen que la Ley General de Educación establece que los libros de textos deben permanecer vigentes por un período de cuatro años, aún así, estás empresas licitaron con una propuesta económica calculada para que solo se usara por un año, sin embargo, eso no significa que el libro pierde vigencia, sino que el Minerd solo tendría licencia por un año escolar.
“Nosotros y digo nosotros porque todos los editores estamos en lo mismo, no hemos hecho una oferta por cuatro años. Cuatro años de vigencia es lo que establece la Ley del libro, una cosa son los cuatro años de vigencia y otra cosa es la vigencia de la compra que tú hagas del libro”, sostuvo otra de las empresarias que alega que los editores no cotizaron para cuatro años sino para uno.
Para la ejecución de los contratos correspondientes a los lotes números 1, 2, 3 y 7 suscritos con Cocolo Editorial, E.I.R.L., Editorial Cosme Peña, S.R.L., CA-Mart Soluciones, S.R.L. y Ediciones Salomé, S.R.L., se realizó con estas empresas porque el mayor requerimiento de la licitación era la vigencia de los libros de texto aprobados, por un período de cuatro años.
El interés de estas casas editoras es que el Ministerio de Educación realice una licitación cada año para comprar el libro a pesar de ser el mismo, o que pague una licencia anual por su uso.
Uno de los editores que reclama hizo alusión a una reunión con el comité de compras donde se estableció que los libros tendrían un código válido por un año, sin embargo, al ser cuestionado por uno de los miembros del comité de compras de cuándo se produjo esa reunión, el suplidor no supo responder y no contó con respaldo de nadie a pesar de que dijo que todos los proveedores también habían participado.

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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