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Minerd defiende compra de libros digitales

Contrataciones Públicas suspendió a esa institución contrato para adquirir el material digital

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) defendió la contratación suscrita con varias editoras para la compra de libros de textos en formato digitales, y aseguró que dicho acuerdo le ahorró al Estado más de 667 millones de pesos.

«La adquisición de libros de texto en formato digital le ahorraron en la contratación al Estado Dominicano RD$677,853,874.17, es 57 % más económico que el libro impreso debido al tiempo de uso (4 años, en lugar de 1.3 años de libros impresos), son preferidos por los estudiantes y constituyen un salto cualitativo hacia la digitalización de la educación. El proceso se realizó con estricto apego a las leyes 66-97 y 340-06, y la Ordenanza No 01-2022 del Consejo Nacional de Educación (CNE)«, aseguró el Minerd mediante una nota enviada a la prensa divulgada por el periódico Hoy.

Para adquirir los libros, que serían usados para el nivel secundario del año escolar 2022-2023, el Ministerio de Educación precisó que participaron de este proceso todas las editoras con bibliografías de libros de textos que fueron evaluadas por la Dirección General de Currículo de las diferentes áreas de nivel secundario y aprobadas mediante ordenanza 01-2022, emitida por el Consejo Nacional de Educación, dando cumplimiento al principio de participación.

«Para definir el precio referencial de los libros digitales, se dio cumplimiento al Art. No. 03 de la resolución PNP-06-2020, sobre pautas generales para la elaboración de pliegos de condiciones, ficha técnica y términos de referencia en los procedimientos de contratación pública, realizando la consulta de mercado a las editoras aprobadas para participar en el proceso de exclusividad, obteniendo los precios referenciales para la adquisición de libros de textos en formato digital para el nivel secundaria por cuatro (4) años, referencia MINERD-CCC-PEEX-2022-0003. Dichos precios referenciales fueron el promedio de las cotizaciones iniciales presentadas por las editoras», señaló el Minerd.

La entidad detalló además que el proceso fue lotificado en el pliego de condiciones específicas en 16 lotes, para garantizar las secuencias de contenidos, programática y gráfica en la serie completa; es decir, que cada lote comprende una serie secuenciada por materia: (1ro. a 3ero. y 4to a 6to), por niveles, permitiendo una continuidad referencial a los textos del grado anterior, «dando cumplimiento al principio de eficiencia«.

En este proceso de contratación participaron 11 editoras de las cuales fueron habilitadas 10 para la apertura del sobre B, dando lectura a sus ofertas económicas en presencia de los oferentes y ante notario público, de conformidad con el cronograma de actividades descrito en el pliego de condiciones específicas del proceso de excepción por exclusividad y dando cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, e igualdad y libre competencia.

Los criterios de adjudicación para este proceso fueron descritos de manera clara, asegura el comunicado de prensa y precisa en el numeral 2.1 del pliego de condiciones específicas, en atención a lo descrito en el Art. 11 de la resolución PNP-06-2020. La adjudicación se realizó mediante un sistema de precio, adjudicando de entre todas aquellas que cumplieron con los requisitos técnicos, a las que ofrecieron el menor precio, siendo la cantidad máxima inicial un lote por oferente, adjudicando más de uno, solo cuando quedasen lotes disponibles, para evitar que resultasen desiertos.

Durante el proceso se identificaron casos en los cuales las ofertas económicas estuvieron por debajo de las cotizaciones enviadas por las propias editoras para el precio referencial y, además, con una vigencia de solo un año de uso del libro, en lugar de cuatro (4) años, que es la duración establecida en el proceso de adquisición, ver circular No. 01 (preguntas 10.5 y 18.2) anexa.

«La apropiación presupuestaria para la contratación de este proceso fue de RD$2,538,623,158.39, monto resultante de las cotizaciones presentadas por las editoras, mientras que la adjudicación realizada fue por un valor de RD$1,860,769,284.22, para un ahorro al estado dominicano de RD$677,853,874.17, equivalente a un 27%, dando cumplimiento al principio de economía y flexibilidad«, explicó la entidad encargada de velar por la educación en el país.

Cumpliendo de forma estricta los criterios de adjudicación, a todos los oferentes habilitados, sin excepción, les fue adjudicado por lo menos un lote. Luego se procedió a la adjudicación de los cuatro lotes restantes. Quedando dos desiertos para lo cual se realizará una segunda convocatoria, aseguró dicho Ministerio.

La utilidad de los libros digitales es de cuatro años, distinto a los libros impresos cuya tasa de reutilización es de apena 1.3 años, debido a las pérdidas, las retenciones o el deterioro. El precio promedio de un libro impreso es de RD$220.60, que al dividirlo entre 1.3 años de uso, termina siendo de RD$169.62 por libro por año; mientras que el precio promedio de un libro digital es de RD$385.21, lo que dividido entre cuatro años de uso resulta ser un precio de RD$96.30 por libro por año, aseguró el Minerd.

«El libro digital es 57 % más económico que el libro impreso«, concluyeron.

No obstante, las precisiones anteriores, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd dará respuesta a la única impugnación presentada en el proceso, en cumplimiento de la resolución DGCP44-2022-005372, de fecha 12 de julio del año 2022, de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

Luego de conocerse sobre la impugnación a cuatro de 14 lotes del proceso de licitación de libros digitales, circula en las redes sociales un video que muestra a varios de los dueños de las diversas editoriales exigiendo al Ministerio de Educación, que la adquisición de libros digitales de secundaria del próximo año escolar, solo permitan su uso por un año.

Sin embargo, los libros en formato digital de las cuatros empresas que están siendo impugnadas y resultaron ganadoras en la licitación MINERD-CCC-PEEX-2022-0003, tendrán una vigencia de cuatro años, garantizando su permanencia en el tiempo.

“Entiendo que la mayoría de los editores estamos sorprendidos porque efectivamente se habló de que los libros tendrían vigencia por un año… se trabajó sobre esa base, con ese criterio nos manejamos todos nosotros, fue crear unos códigos que tuvieran vigencia exclusivamente por un año”, sostiene uno de los empresarios para justificar la caducidad de estos libros en ese periodo de tiempo.

A pesar de que los propietarios de dichas editoriales se muestran inconformes con la licitación hecha por el Ministerio de Educación, reconocen que la Ley General de Educación establece que los libros de textos deben permanecer vigentes por un período de cuatro años, aún así, estás empresas licitaron con una propuesta económica calculada para que solo se usara por un año, sin embargo, eso no significa que el libro pierde vigencia, sino que el Minerd solo tendría licencia por un año escolar.

“Nosotros y digo nosotros porque todos los editores estamos en lo mismo, no hemos hecho una oferta por cuatro años. Cuatro años de vigencia es lo que establece la Ley del libro, una cosa son los cuatro años de vigencia y otra cosa es la vigencia de la compra que tú hagas del libro”, sostuvo otra de las empresarias que alega que los editores no cotizaron para cuatro años sino para uno.

Para la ejecución de los contratos correspondientes a los lotes números 1, 2, 3 y 7 suscritos con Cocolo Editorial, E.I.R.L., Editorial Cosme Peña, S.R.L., CA-Mart Soluciones, S.R.L. y Ediciones Salomé, S.R.L., se realizó con estas empresas porque el mayor requerimiento de la licitación era la vigencia de los libros de texto aprobados, por un período de cuatro años.

El interés de estas casas editoras es que el Ministerio de Educación realice una licitación cada año para comprar el libro a pesar de ser el mismo, o que pague una licencia anual por su uso.

Uno de los editores que reclama hizo alusión a una reunión con el comité de compras donde se estableció que los libros tendrían un código válido por un año, sin embargo, al ser cuestionado por uno de los miembros del comité de compras de cuándo se produjo esa reunión, el suplidor no supo responder y no contó con respaldo de nadie a pesar de que dijo que todos los proveedores también habían participado.

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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