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Jean Alain y demás acusados a juicio el 12 de agosto

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Las defensas de las 41 personas y 22 empresas implicadas en el entramado de corrupción atribuido al exprocurador Jean Alain Rodríguez ya están notificadas de la acusación y las pruebas que el Ministerio Público ha depositado en su contra, y que deberán debatirse en una audiencia preliminar fijada para el 12 de agosto a las 9:00 de la mañana.

El escenario de los debates será un amplio salón ubicado en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde tendrá que trasladarse el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para escuchar los alegatos de las partes a fin de decidir si manda a juicio de fondo o no este caso de corrupción administrativa.

A partir de ahora, el artículo 298 del Código Procesal Penal habilita un plazo de cinco días para contestar estas pruebas, según explicó el abogado Cándido Simó, que además se adelantó a decir que necesitarán más tiempo para poder ver la gran acusación de 12 mil páginas.

Lo que sigue ahora
El artículo 298 del Código Procesal Penal establece de forma textual lo siguiente: “Cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio que ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública, que debe realizarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de veinte”.

El artículo 299 determina que “dentro de los cinco días de notificado”, el imputado puede: “Objetar el requerimiento que haya formulado el Ministerio Público o el querellante, por defectos formales o sustanciales; oponer las excepciones previstas en este código, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; solicitar la suspensión condicional del procedimiento o solicitar que se dicte auto de no ha lugar a la apertura a juicio”.

También se establece que pueden “solicitar la sustitución o cese de una medida de coerción; solicitar la aplicación del procedimiento abreviado; ofrecer la prueba para el juicio, conforme a las exigencias señaladas para la acusación o plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio”.

Exige revelar acuerdo con Canó
El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez exigió ayer a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) que revele el acuerdo al que arribó con el exjefe de Gabinete, Rafael Steffano Canó Sacco, para no imputarlo en el caso Medusa y convertirlo en su “testigo estrella”.

El grupo de juristas expresa en un comunicado que el órgano acusador debe explicarle a la ciudadanía los términos del acuerdo con Canó Sacco. El documento fue dado a conocer luego de que un tribunal fijara para el 12 de agosto próximo el juicio preliminar.

FUENTE: Diario LIbre

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Supuestos clientes de Mantequilla exigen su puesta en libertad

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Supuestos clientes de Mantequilla, Wilkin García Peguero, y su empresa Inversiones 3.14, se presentaron este viernes a la Fiscalía de Monte Plata con carteles y recibos en mano, para exigir su liberación.

“Lo queremos libre. Él a nadie obligó a llevar dinero, por que cuando querían que él le diera el cien por ciento a tres y cuatro días no decían que era abusador”, expresaron algunos de los supuestos clientes de Mantequilla.

Aseguran que lo de Mantequilla no se trata de una estafa porque nunca se ha negado a pagar. “Hay quienes creen que se acabó el mundo y no aguantan su turno», al afirmar que está pagando personalmente y no se esconde de nadie porque «llegó para ayudar» a las personas de Sabana Grande de Boyá.

Finalmente, los supuestos clientes de Mantequilla manifestaron estar dispuestas a defender su inocencia. Incluso, amenazaron con protestar con la quema de neumáticos en caso de que lo mantengan detenido.

Las autoridades apresaron a Wilkin García Peguero, presidente de Inversiones 3.14 tras tener más de 10 denuncias en su contra. Pasadas las 5:00 p.m de la tarde de ayer jueves y con máxima seguridad llegó Mantequilla aldestacamento de Monte Plata, donde el Ministerio Público lo interrogó.

Se espera que para las 2:00 de la tarde el Ministro Público deposite denuncia formal y mañana se haga efectiva su presentación ante el tribunal de Atención Permanente para conocer la medida de coerción.

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MP pide un año de prisión preventiva para Mantequilla

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El Ministerio Público solicitó a la Oficina de la Atención Permanente de Monte Plata imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargos de estafa y amenaza de muerte a una de sus supuestas víctimas.

Ramona Santana Uceta, fiscal titular interina de Monte Plata, y sus colegas fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, argumentaron que García Peguero incurrió en tales delitos sancionados de conformidad a la calificación jurídica provisional de 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público expuso que la compañía 3.14 inversiones World Wide de Mantequilla debe afrontar como «medida de coerción real lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza hasta tanto se culmine con la investigación”.

La fiscalía que encabeza Santana Uceta adelantó que recibió querellas y denuncias de unas 35 víctimas que se dicen afectadas con «más de 20 millones de pesos que aportaron al imputado y a su compañía -no regulada por el sistema financiero- con la promesa de que tendrían amplios réditos».

El Ministerio Público gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero que la jueza Carmen Daniela Araujo, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, aceptó y emitió la orden núm. 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado que luego fue arrestado en el Distrito Nacional por agentes de la Policía.

García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal

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