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Senado aprueba la Ley de Extinción de Dominio

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El Senado aprobó este martes a unanimidad y en única lectura la Ley Orgánica de Extinción de Dominio , para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana.

Los senadores acogieron las 38 modificaciones que hizo la Cámara de Diputados la semana pasada. La Ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La pieza busca recuperar los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero.

El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, dijo que la Ley de Extinción de Dominio fue aprobada tal como el pueblo la quería, como una ley orgánica.

Al iniciar los debates previo a la aprobación de la Ley, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, criticó el manejo que se le dio al proyecto y que entre los cambios que se hicieron a la ley algunos se trataran de sustitución de palabras «para cambiar la retrospectiva» de la pieza, lo que considera envió un mal mensaje a la ciudadanía. Exhortó a los que pertenecen a partidos políticos a comunicarse entre sí y a dejar «el ego personal guardado».

Durante la sesión, los tres principales bloques partidarios en el Senado se adjudicaron el proyecto.

De su lado el senador Yván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó que la hoy la democracia dominicana celebra con jubilo el que los legisladores se hayan puesto de acuerdo para confeccionar esta iniciativa, que, dijo, «es hija del PLD».

Mientras que el vocero de la Fuerza del Pueblo, senador Dionis Sánchez, consideró valoró que se haya llegado a un consenso para aprobar la Ley de Extinción de Dominio. Precisó que esta iniciativa está establecida en la Constitución de 2010, aprobada en el gobierno del expresidente Leonel Fernández.

Faride Raful, del Partido Revolucionario Moderno, enfatizó que la Ley de Extinción de Dominio es el resultado de la voluntad política y el consenso del PRM, que encabeza la mayoría en la Cámara de Diputados como en el Senado. Saludó la posición fijada por los bloques de oposición sobre apoyar este proyecto ampliamente debatido.

La normativa indica que el juicio de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o de cualquier otra naturaleza jurisdiccional, administrativa o arbitral. Establece que la existencia de otro proceso judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un caso de extinción de dominio.

De igual manera, la iniciativa legislativa contempla presunción de buena fe en todo acto de negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, la imparcialidad e independencia de los jueces que conozcan estos procesos y la magnitud del daño con el o los crímenes que sirven de base para sustentar cada acción judicial por enriquecimiento ilícito.

La pieza legislativa, que fue presentada por separado por los senadores Antonio Taveras Guzmán, de la provincia Santo Domingo); Milcíades Franjul, de Peravia; Félix Bautista, de San Juan; Aris Yván Lorenzo, de Elías Piña; y José Del Castillo Saviñón, de Barahona, establece reglamentos para los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana. Además, define las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación.

La extinción de dominio constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, como el lavado de activos, el tráfico de drogas, la trata de personas, incluyendo inmigrantes ilegales y el proxenetismo, entre otros delitos.

FUENTE: Eldia.com.do

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Ya son 11 las tiendas, la mayoría chinas, cerradas por violación al código tributario

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) informaron que continuaron los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de cuatro establecimientos en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman 11 los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron: Comercial Doufu, S.R.L., ubicado en Villa Consuelo; Akoya Accesorios, S.R.L., en la Av. Duarte esquina París 122; Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo) también en la Duarte; Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L en Villa Francisca.

En Santiago la Tienda Un Rayo de Sol, SRL, ubicada en la calle El Sol, y Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la misma calle.

Otros comercios cerrados anteriormente son: Importadora Fuhao 2028, S.R.L., ubicada Villa Francisca, Long Xin, S.R.L., en el Mejoramiento Social; Zina Import, S.R.L., en Villa Consuelo; Repuestos By Zang & Lau, SRL, en la Avenida Duarte y Business Manila & M, ARL ubicado en calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo Domingo, Distrito Nacional.

De acuerdo a una nota de prensa, entre los delitos detectados están “la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido”.

La DGII informó además que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver a operar, “de hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias”.

Reitera que los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación.

Los comercios intervenidos presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.

Además, que en una muestra aleatoria se determinó que parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por “aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano”.

“Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos”, informaron.

La DGII insiste en que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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