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Lisandro Macarrulla renuncia al Ministerio de la Presidencia
Dijo que se había comprometido con el presidente Luis Abinader a «acompañarlo» en el Gobierno solo por dos años

Aproximadamente un mes después de que solicitara una licencia en sus funciones, Lisandro Macarrulla renunció de manera formal a su cargo como Ministro de la Presidencia, mediante un comunicado dirigido hacia el presidente Luis Abinader.
De acuerdo con el comunicado posteado por el propio Macarrulla, y difundido por la Presidencia, ese había sido el acuerdo al que había llegado con el Presidente al momento de asumir el cargo el 16 de agosto de 2020.
“Cumpliéndose el próximo 16 del mes en curso dos años de su mandato presidencial período de tiempo en el cual me comprometí a acompañarlo en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República, de forma voluntaria y de acuerdo a lo pactado al inicio de su gestión, presento la renuncia con efectividad en esa fecha, a mí posición de ministro de la Presidencia”, señala el comunicado colgado en su cuenta de Instagram.
Mediante el mismo, Macarrulla indica que el día 22 de abril solicitó una auditoría del primer período de su gestión a la Cámara de Cuentas, y que de igual forma, en octubre de 2021, la Contraloría General de la República inició una auditoría interna del Ministerio de la Presidencia.
También establece que en diciembre de 2021 solicitó la contratación de una auditoría legal y financiera de su gestión, proceso que fue adjudicado y marcado con la referencia “MINPRE-CCC-CP-2021-0012”.
“Cabe destacar que todos estos procesos fueron requeridos conforme a las mejores prácticas de transparencia, exponiendo a la sociedad la realidad ética y moral de una gestión pública”, manifiesta el exfuncionario.
Toda la situación de Macarrulla sucede semanas después de que su hijo mayor fuera acusado, junto a otras 41 personas, por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Medusa.
Lisandro José Macarrulla, hijo del ministro de la Presidencia, forma parte de los 42 acusados por su supuesta participación en el caso Medusa, donde el principal implicado es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El hijo del actual funcionario está ligado a la construcción de la cárcel Las Parras o Nueva Victoria durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, mediante la empresa MAC.
Se recuerda que desde mediados de julio, Joel Santos ocupa de “forma interina” el Ministerio de la Presidencia.
En el comunicado, Macarrulla agradece a Abinader por haberle dado la “oportunidad de servir” al país, además de que ejerció sus funciones “con transparencia”.
“Ha sido un grandísimo honor para mí servirle al país formando parte de su gabinete presidencial, así como también haber estado junto a usted desde su posición de precandidato a la presidencia de la República, mostrando logros significativos, a pesar de las adversidades impuestas por circunstancias locales y global, así como haber ejercido mis funciones con transparencia, apegado a las leyes del país y a los mejores intereses de todos los dominicanos”, concluye el empresario.
Vía LD

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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