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Prisión domiciliaria para Alexis Medina, Fernando Rosa y otros; juez varía medida

El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió el lunes la medida de coerción de los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez, de prisión preventiva a arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida y grillete electrónico.
A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva desde diciembre del 2020, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.
A Rosa, exdirector del Fonper, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Medina, mientras que a José Dolores Santana le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos.
Mientras que Méndez tendrá que pagar 20 millones de pesos como garantía económica.
“La sentencia será leída en su totalidad el 26 de septiembre próximo y a partir de esa fecha se aplican los plazos previstos en la ley para la apelación”, dijo el juez Peguero.
El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso AntiPulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, no compareció a la audiencia alegando tener COVID-19.
Asimismo, el magistrado otorgó un plazo de 20 días a la defensa de la imputada Paola Molina Suazo, quienes pidieron una reposición de plazo a fin de que se le notificara la acusación.
En torno al caso también figuran como imputados Carmen Magaly Medina Sánchez, que guarda arresto domiciliario; Aquiles Cristopher Sánchez, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén, Julián Esteban Suriel Suazo, entre otros.
Reacciones de los abogados
El abogado de Juan Alexis Medina Sánchez, Carlos Salcedo, dijo que el Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para que la prisión preventiva durara 18 meses y aún con el aumento del plazo en tres meses más para investigar.
De su parte, el representante legal de Fernando Rosa, José Miguel Minier argumentó que está saliendo a la luz toda la verdad del proceso.
«El Ministerio Público ha depositado una acusación incompleta, pruebas incompletas y se demostró que todos los aplazamientos no eran culpa de los imputados», planteó Minier.
Indicó que, cuando se conozca el fondo del caso, al juez no le quedará de otra que dar un auto de no ha lugar.
«La sociedad debe tener paciencia, porque lo que le están dando es pan y circo», sostuvo.
El abogado negó el blindaje del caso como aseguran los representantes del Ministerio Público.
En estos momentos, se le conoce la revisión obligatoria al también imputado en la Operación Antipulpo Wacal Bernabel Méndez.
La acusación
El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de utilizar la Presidencia, durante la administración de su hermano Danilo Medina, y la estructura familiar como escudo, organizando un entramado societario para distraer fondos del Estado.
A su hermana Carmen Magalis Medina Sánchez, la acusan de utilizar sus funciones como vicepresidenta del Fonper para favorecer a la supuesta red criminal con múltiples procesos de compras simulados en beneficios de varias empresas.
Fernando Rosa, junto a Magalis Sánchez, es acusado de utilizar los recursos de la institución para la construcción de 390 viviendas en la provincia San Juan en el año 2018 para entregar a Lucía Medina, también hermana del Danilo Medina.
A Francisco Pagán, extitular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), lo acusan de favorecer a la empresa Domedical Supply SRL, de Alexis Medina, «para adulterar todas las documentaciones», desde las fechas de los contratos hasta las cubicaciones, para pagar justo después de perder las elecciones y en plena transición, pagaron por deuda administrativa la suma de 922,074,848.60 pesos.
Fuente: Diario Libre

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat
La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.
El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.
Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.
La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.
Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.
“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.
Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.
Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.
El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.
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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.
La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.
La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.
La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.
De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.
Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.
Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.
El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.
No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.
Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.
El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.
La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.
Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.
FUENTE: Listín Diario
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