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Panorama

Gobierno declara de emergencia compras y contrataciones para enfrentar daños por lluvias

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Vista de una yipeta que fue arrastrada por las aguas de una cañada en el sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS)

El presidente Luis Abinader declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios que serán utilizados en las labores de rescate, construcción y reconstrucción de las obras afectadas por los torrenciales aguaceros caídos el viernes 4 de noviembre de 2022.

En su artículo 1, el decreto 638-22 establece que la disposición abarca las acciones que se ejecuten en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Las instituciones que quedan autorizadas a realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional son: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Ministerio Administrativo de la Presidencia, Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales — Central de Apoyo Logístico (PROMESE-CAL), Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Económicos del Estado Dominicano, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Además, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), Defensa Civil y Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

El decreto de fecha 5 de noviembre de 2022 explica que los procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y las normativas vigentes de contrataciones públicas.

“Las instituciones incluidas en el presente decreto deberán gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas”, dice el artículo 3 de la disposición.

Asimismo, las instituciones indicadas en el presente decreto deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, así como difundirlo a través del portal institucional y el Portal Transaccional, dentro de los 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia.

La declaratoria de estas contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de 30 días hábiles a partir de la emisión del presente decreto.

El presidente Luis Abinader declaró de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios que serán utilizados en las labores de rescate, construcción y reconstrucción de las obras afectadas por los torrenciales aguaceros caídos el viernes 4 de noviembre de 2022.

En su artículo 1, el decreto 638-22 establece que la disposición abarca las acciones que se ejecuten en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Las instituciones que quedan autorizadas a realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional son: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Ministerio Administrativo de la Presidencia, Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales — Central de Apoyo Logístico (PROMESE-CAL), Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Económicos del Estado Dominicano, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

Además, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), Defensa Civil y Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

El decreto de fecha 5 de noviembre de 2022 explica que los procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y las normativas vigentes de contrataciones públicas.

“Las instituciones incluidas en el presente decreto deberán gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas”, dice el artículo 3 de la disposición.

Asimismo, las instituciones indicadas en el presente decreto deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, así como difundirlo a través del portal institucional y el Portal Transaccional, dentro de los 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia.

La declaratoria de estas contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de 30 días hábiles a partir de la emisión del presente decreto.

DL

Panorama

Capturan a ‘Chivato’ por doble homicidio; buscan a ‘Quema Creta’, ‘Demonio’ y ‘Metralla’

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Agentes policiales de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) capturaron a un joven de 28 años, quien era activamente buscado por su supuesta implicación en el doble homicidio ocurrido en la calle Caracas, sector Buenos Aires de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata de Yenci Williams Gutiérrez Martínez alias «Chivato», quien tenía en su contra la orden de arresto No. 2025-AJ0017586, por las muertes de Néstor Junior D’Óleo Cabrera y Michael Josué Grullón De La Cruz.

Asimismo, la Policía identificó como implicados en el hecho a Daurys de los Santos Aguirre, alias «Demonio», y Darlin Cuevas Amador, alias “Quema Creta”, y otro solo identificado como Jonh alias “Metralla”; quienes se encuentran prófugos.

Al momento de la captura de Gutiérrez Martínez se le ocupó un vehículo marca Hyundai Sonata, color negro, placa AA30341, un celular y documentos personales.

El proceso de investigación revela que el detenido, junto a los tres prófugos antes mencionados, se presentó en la escena del crimen con la intención de realizar una transacción de marihuana sintética.

La Policía indica en nota de prensa que en el transcurso de dicha transacción narcótica le quitaron la vida a D’Óleo Cabrera y Grullón De La Cruz, despojándolos de la droga y de una pistola que portaba una de las víctimas, y posteriormente emprendieron la huida del lugar del hecho.

Agrega que loa investigadores y el Ministerio Público del Distrito Judicial Santo Domingo Oeste colectaron pruebas que van más allá de toda duda razonable como son los testigos oculares y las imágenes obtenidas a través de cámaras de video vigilancia próximo al lugar de los hechos

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Panorama

Milton Morrison respalda retirar agentes de DIGESETT en semáforos que funcionen correctamente

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) responde ante Senado y propone reformas a Ley de tránsito

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El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, respaldó la propuesta del senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, de que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) no dirijan el tráfico en intersecciones donde los semáforos estén operando correctamente.

“Estoy de acuerdo con usted. Cuando un semáforo funciona, no se necesita la intervención humana porque el sistema ya está diseñado para operar de manera eficiente”, expresó Morrison durante su intervención en el Senado.

Indicó que esta inquietud ya la tenía antes de asumir su cargo y que es un aspecto en el que han estado trabajando. Explicó que desde el INTRANT diseñan e implementan el sistema integrado de transporte y, en ese proceso, colaboran con la DIGESETT para orientar sobre la ubicación de los agentes en calles, avenidas y puntos estratégicos.

“Nosotros les indicamos hasta dónde deben estar los agentes y en qué lugares no son necesarios”, puntualizó.

Morrison también se refirió a la estructura organizativa del tránsito en el país, señalando que la actual división de funciones entre el INTRANT y la DIGESETT ha generado ciertas limitaciones.

A su juicio, lo ideal sería contar con un sistema similar al que tenía la extinta Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que regulaba, operaba y fiscalizaba el tránsito de manera unificada.

«El problema es que con la nueva ley se dividieron las funciones. Ahora, yo regulo y digo qué hay que hacer, pero otro organismo tiene que ejecutarlo. ¿Me sigue, senador?», comentó Morrison.

El planteamiento surgió en respuesta a la inquietud del senador Héctor Acosta, quien cuestionó la presencia de agentes de tránsito en semáforos operativos, al considerar que esto contribuye al congestionamiento vial. “O quitan el semáforo o quitan al agente de la DIGESETT”, sostuvo el legislador.

orrison, advirtió ante el Senado sobre la grave crisis de seguridad vial que enfrenta el país, calificando los accidentes de tránsito como una «pandemia silente» que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.

Durante su intervención, Morrison destacó que el principal problema no es sólo la falta de aplicación de la ley, sino la necesidad de un régimen de consecuencia más severo para reducir las infracciones.

«Nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley, yo estoy de acuerdo, pero nos encontramos con una realidad operativa que es más grande que el Intrant», señaló.

Aboga por régimen de consecuencia y expone retos de Digesett
Morrison detalló que en el Distrito Nacional, donde circulan más de un millón de vehículos, sólo operan 150 agentes por turno. En Bonao apenas hay 17 agentes, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay dotación de Digesett. En otras localidades como Espaillat, La Romana, Haina y San Cristóbal, los números son igualmente insuficientes, con apenas entre 14 y 31 agentes. En total, el país cuenta con sólo 1,752 agentes de tránsito para regular todo el territorio.

«Para que tengan una idea de la realidad operativa de la DIGESETT, en Puerto Plata hay sólo 21 agentes por turno para cubrir la provincia completa. En Santiago, donde hay más de 500 mil vehículos, sólo hay 37 agentes disponibles en un turno. Por más que quieran, no hay forma humana de que la fiscalización sea efectiva», explicó Morrison.

Asimismo, criticó el actual sistema de multas, calificándolo de «totalmente inefectivo».

Señaló que las sanciones económicas no tienen un impacto real en la reducción de infracciones, ya que aunque la Ley 63-17 establece multas de hasta 10,000 pesos, en la práctica los infractores sólo pagan alrededor de 1,600 pesos. Además, la prescripción de multas en un año permite que los conductores evadan el pago sin mayores consecuencias.

Ante este panorama, Morrison propuso un endurecimiento de las sanciones y la implementación de un régimen de consecuencia más fuerte para quienes violen las normas de tránsito. «Aquí hay que poner orden, esto hay que arreglarlo. Yo voy a decir algunas verdades y aunque eso me acarreé voces detractoras, tergiversadoras, prefiero pagar el precio, porque no quiero seguir siendo cómplice por omisión de lo que está pasando», afirmó.

Entre sus propuestas, planteó declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo estipulado, lo que podría llevar a la suspensión de su licencia de conducir; extender el tiempo de prescripción de las multas de un año a cinco años y aplicar sanciones más severas para las carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.

El funcionario reiteró la urgencia de implementar estas medidas para reducir la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país.

Vía El Día y END

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