Panorama
Padres pueden excluir de herencia a hijos que incurran en maltrato en su contra
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció que la exclusión de la herencia por indignidad o desheredación constituye una sanción civil que conlleva la privación del derecho a la sucesión del sancionado.
Esta decisión fue asumida por la instancia con base en la interpretación del artículo 727 del Código Civil, el cual indica que aquellos hijos legítimos o naturales que hayan incurrido en actuaciones perjudiciales o engañosas en contra de sus padres podrán ser declarados inmerecedores de recibir la herencia de sus progenitores.
En tal sentido, se deriva que los hijos que hubieren maltratado, injuriado gravemente con hechos o palabras a sus progenitores o que les hubieren negado su protección o asistencia, pueden ser declarados indigno para recibir la sucesión de sus causantes.
La postura jurisprudencial enunciada es conforme al artículo 57 de la Constitución dominicana que establece la protección de la persona envejeciente como parte integral de los derechos fundamentales.
“Así, resulta del todo justificado que los progenitores, quienes en principio son libres de disponer de su patrimonio en la forma que estimen conveniente a sus intereses personales, persigan la desheredación de su hijo cuando se ha producido una ruptura de vínculo afectivo o sentimental, con aquellos hijos que han incurrido en prácticas reiteradas de maltrato psíquico, emocional o físico que es incompatible con la relación paternofilial y los deberes elementales de respeto y consideración que de ella se derivan, como sucede, en los casos establecidos en los artículos 727 del Código Civil y 1 de la Ley núm. 1097-46”, sostiene el tribunal.
Por lo tanto, la citada sala mediante sentencia núm. SCJ-PS-22-2191, del 29 de julio de 2022, rechaza el recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil núm. 00076, dictada el 26 de octubre de 2015 por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, la cual tiene su origen en una demanda por exclusión sucesoral de herencia.
Los jueces firmantes de esta decisión son Pilar Jiménez Ortiz (quien preside la primera Sala), Justiniano Montero Montero, Samuel A. Arias Arzeno y Napoleón Estévez Lavandier.
Panorama
RD Se Mueve mejora velocidades hasta un 30% en áreas de Santo Domingo
El Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano informó que el plan RD Se Mueve ha completado más del 70 % de sus acciones previstas en su primera etapa, logrando mejoras de hasta un 30 % en las velocidades promedio en corredores viales principales del Gran Santo Domingo.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el Coordinador del Gabinete de Transporte y ministro, Deligne Ascención, quien destacó que estos avances consolidan cambios estructurales en la gestión del tránsito, la fiscalización y el sistema integrado de transporte público, contribuyendo a una movilidad más ágil, segura y ordenada.
El ministro Ascención estuvo acompañado por el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison; el director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N.; el director ejecutivo del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT), Ricardo Roque; el director de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD; el representante de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), José Adolfo Herrera, así como por Yamel Batista y Rosa Mena, representantes de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana.
Resultados
Durante la presentación, las autoridades resaltaron que la primera fase del plan RD Se Mueve ha generado mejoras sostenidas en la movilidad, alcanzando incrementos de entre 20 % y 30 % en las velocidades promedio en corredores priorizados. Esto se traduce en menores tiempos de traslado y mayor fluidez vehicular durante las horas de mayor circulación.
Con más del 70 % de las acciones planificadas ya ejecutadas, los resultados evidencian una gestión eficiente y coordinada, impactando directamente en el ordenamiento de la ciudad y en la seguridad vial.
Medidas implementadas
La primera etapa incluyó acciones estructurales clave como la gestión horaria en 137 instituciones públicas, beneficiando a más de 70,000 servidores; la optimización semafórica en 11 de 14 corredores troncales; la restricción de giros en 15 intersecciones; la implementación de carriles en contraflujo y la regulación del estacionamiento en zonas críticas.
En materia de fiscalización, más de 700 agentes de DIGESETT equipados con cámaras corporales reforzaron el control y la transparencia en las vías. Desde el inicio de la fase, se han remolcado más de 5,200 vehículos mal estacionados y aplicado más de 7,100 sanciones por giros indebidos.
El sistema de transporte público también fue fortalecido mediante la ampliación de capacidad operativa del Metro, lo que permitió disminuir filas y mejorar la experiencia de los usuarios.
El Gabinete reiteró su compromiso de seguir ejecutando acciones del plan RD Se Mueve, incorporando mayor tecnología, educación vial y medidas de gestión urbana para continuar avanzando hacia una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos.
Sobre el Gabinete de Transporte
El Gabinete de Transporte está integrado por el Ministerio de la Presidencia; el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET); el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte (FITRAM); el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1; la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT); el Fideicomiso Parqueate_RD; el Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT); la Comisión Militar y Policial (COMIPOL); y el Fideicomiso RD Vial, junto al Ministerio de Administración Pública (MAP), el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Trabajo.
Panorama
Higüey: Tres meses de prisión preventiva a joven presunto intento asaltar sucursal del Banco Popular
Las autoridades judiciales impusieron tres meses de prisión preventiva contra Yeneuri Mesa, un joven de 21 años, acusado de intentar asaltar la sucursal del Banco Popular, ubicada frente al Parque Central de Higüey.
La medida de coerción fue dictada por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, luego de que el imputado fuera arrestado en flagrante delito durante la tarde del jueves 16 de octubre, cuando irrumpió en la entidad bancaria portando una mochila negra y actuando de manera amenazante.
Según la información suministrada por el Ministerio Público, el joven ingresó al banco simulando un atraco y advirtiendo al personal de seguridad que no interviniera mientras contaba hasta cinco, generando momentos de tensión entre empleados y clientes.
La rápida reacción de los agentes de seguridad del banco, junto a una patrulla policial que se encontraba en las inmediaciones, permitió reducir y detener al individuo sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Durante el arresto, no se le ocupó ningún arma de fuego, sino una mochila que contenía ropa y objetos personales, lo que ha levantado interrogantes sobre su verdadero estado mental.
Fuentes judiciales confirmaron que el Ministerio Público solicitó una evaluación psiquiátrica al detenido, a fin de determinar si actuó bajo una condición emocional o psicológica alterada al momento del hecho.
El joven declaró que no actuaba solo, sino en compañía de cuatro personas más que presuntamente aguardaban afuera en una jeepeta Tahoe blanca, quienes, según su versión, planeaban ingresar al banco posteriormente armados.
Mientras tanto, el acusado fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya (CCR-14), donde deberá cumplir la medida preventiva mientras avanza la investigación.
Las autoridades confirmaron que se mantienen tras la pista de los posibles cómplices y que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias.
El intento de asalto, aunque frustrado, ha despertado preocupación en la comunidad higüeyana, que reclama mayor presencia policial en la zona bancaria del centro de la ciudad, donde circula gran cantidad de personas y dinero diariamente.
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