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MP pide un año de prisión preventiva para Mantequilla

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El Ministerio Público solicitó a la Oficina de la Atención Permanente de Monte Plata imponer un año de prisión preventiva como medida de coerción a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargos de estafa y amenaza de muerte a una de sus supuestas víctimas.

Ramona Santana Uceta, fiscal titular interina de Monte Plata, y sus colegas fiscales Yalitza Maralay Martínez Acosta, Félix T. Heredia Heredia y Ángela Contreras Albuez, argumentaron que García Peguero incurrió en tales delitos sancionados de conformidad a la calificación jurídica provisional de 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público expuso que la compañía 3.14 inversiones World Wide de Mantequilla debe afrontar como «medida de coerción real lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza hasta tanto se culmine con la investigación”.

La fiscalía que encabeza Santana Uceta adelantó que recibió querellas y denuncias de unas 35 víctimas que se dicen afectadas con «más de 20 millones de pesos que aportaron al imputado y a su compañía -no regulada por el sistema financiero- con la promesa de que tendrían amplios réditos».

El Ministerio Público gestionó el 9 de noviembre la orden de arresto contra García Peguero que la jueza Carmen Daniela Araujo, titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, aceptó y emitió la orden núm. 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado que luego fue arrestado en el Distrito Nacional por agentes de la Policía.

García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal

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Se entrega uno de los profesores acusados de violar estudiante en SPM

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Se entregó este jueves uno de los profesores acusados de supuesta violación a una menor de 13 años en una escuela de Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

Conforme a una fuente consultada por reporteros de Listín Diario, se trata de Fernando Altagracia Peña Eusebia, quien se presentó a una comandancia policial en compañía de sus abogados en horas de la mañana.

“Hay uno de los profesores que está detenido, que se presentó voluntariamente en el día de hoy”, indicó la persona, cuyo nombre se hace omisión para preservar su integridad.

De acuerdo a la fuente, los padres de la adolescente se presentaron el lunes 18 de este mes de noviembre e interpusieron la querella formal en contra de los dos profesores que incurrieron en la presunta violación sexual.

El hecho ocurrió en la Escuela Básica La Siria, misma que permanece cerrada desde que se el caso se ventiló a la luz pública el pasado lunes, aunque la docencia se continúa impartiendo en la virtualidad, conforme informó al Listín Diario el director de la Regional 05 de Educación, Isidro Santana.

FUENTE: Listín Diario

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Cierran escuela de SPM tras denuncia de violación sexual a una estudiante

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Dos profesores están siendo acusados de supuestamente cometer abuso sexual contra una estudiante de 13 años en el centro educativo La Siria, ubicado en el municipio de Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.

Ante la situación, la dirección regional del Ministerio de Educación, en San Pedro de Macorís, tomó la decisión de cerrar el centro educativo para retirar a los docentes por una protesta que se hizo el pasado lunes con intención de agredirlos.

Isidro Santana Ramírez, director de la Regional de Educación, dijo a los medios que la misma adolescente denunció a los maestros y que los padres de la menor procedieron a realizar la denuncia.

«Solo podemos decir que tanto el Ministerio de Educación, como la regional, lo que hicimos fue tomar las decisiones pertinentes para que se realice una investigación», señaló.

Precisó que tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como la regional de Educación, entienden que todo el que está involucrado le debe caerle todo el peso de la ley.

«Se supone que la escuela es el lugar de seguridad, la segunda casa de los niños, por tanto, todo aquel que haya cometido una falta en ese sentido y que esté involucrado en esto, entonces, tendrá que pagar porque no se puede quedar impune», subrayó.
El director regional de Educación explicó que con esto no está afirmando el hecho, pero que la fiscalía está realizando las investigaciones de lugar.

Expresó que nunca habían tenido este tipo de denuncias, hasta ahora.

Por el momento, la identidad de los docentes no han sido reveladas, pero se supo que se trata presuntamente de un profesor de matemáticas y otro de inglés.

Vía Diario Libre

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