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Banco Central aclara venta del Canódromo comenzó en 2017

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), aclaró que el proceso para la venta de los terrenos del Canódromo inició en el año 2017 y concluyó el 13 de agosto del 2020.

Es decir, no en la actual gestión gubernamental.

La aclaración del órgano de control financiero se produjo, luego de las alegadas afirmaciones de que el Estado dominicano habría vendido los referidos terrenos a una empresa ligada al actual ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, dejando claro que para el momento del proceso de compra no dirigía ninguna posición en el tren gubernamental.

La institución financiera hizo pública una cronología de tiempo en donde detalló el proceso de venta de los terrenos propiedad del Estado dominicano, afirmando que el mismo se inició el 04 de diciembre del 2017, donde se realizó la primera oferta pública para la negociación de la parcela No. 102-B, DC. No. 4, ubicada en la avenida República de Colombia casi esquina avenida Monumental, del sector Altos de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional.

El organismo agregó que el 6 de diciembre de 2017, emitió una nueva circular en donde reiteraba la oferta pública de venta de los terrenos que alojan al Centro de Retención Vehicular, conocido al día de hoy como el Canódromo.

Ya para el 18 de abril de 2018, la empresa CBS Developments realizó la primera oferta de compra mediante comunicación escrita y dirigida a la lic. Nayra Cury de González, directora del Comité de Políticas para la Realización de Activos (COPRA), del Banco Central de la República Dominicana.

El proceso de adquisición de los terrenos que superan los 147 mil metros continuó durante todo el 2018, pasando al 2019, cuando finalmente el 20 de febrero del referido año la empresa CBS Developments reiteró su disposición de adquirir el inmueble.

El Banco Central detalló que mediante comunicación escrita dirigida a la lic. Nayra Cury de González, directora del COPRA, la empresa llevaba más de 3 años dialogando con el Banco Central y COPRA para adquirir la propiedad, ofreciendo el mejor precio posible bajo condiciones de pagos justas y sin intermediarios.

Reveló que ya en el 2020, específicamente 13 de agosto, el COPRA, mediante comunicación 6617, indicó que aceptaba los términos y condiciones de la última oferta hecha por la empresa CBS para la adquisición de los terrenos del Canódromo, marcado con el código B03.001, por una extensión de terreno de 147,188.83 M2. pagaderos 30 % a la firma del contrato y 70 % restante al momento que se efectúe la transferencia del certificado de título a nombre de la empresa, con la inscripción del privilegio de vendedor no pagado.

Vía El Nuevo Diario

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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