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Camacho tras variación coerción a Dicent: No disminuirán nuestro compromiso de reducir la impunidad

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“Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. No nos ganarán por cansancio y no disminuirán nuestro compromiso de reducir la impunidad. Seguimos trabajando!”, expresó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Esta reacción de Camacho, en su cuenta de Twitter, se produce a raíz de por la decisión la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, que varió la medida de coerción al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, principal acusado del denominado Operación 13, fraude cometido por más de 500 millones de pesos, a través del sorteo en el que se mostró como ganador el bolo número 13. Dicent fue enviado a cumplir arresto domiciliario.

Wilson Camacho indicó que la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público provocó que seis de los 10 acusados en el fraude a la Lotería Nacional desarticulado en la Operación 13 se declararan culpables en la audiencia ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“En el día de hoy han pasado dos cosas a las que es necesario referirse en este caso de Operación 13. Lo primero que sucedió en el día de hoy es que, de 10 acusados que estuvieron presentes en este juicio, seis se declararon culpables”, dijo

“Esta es una evidencia palpable de la fortaleza de la acusación del Ministerio Público, ese es un primer tema que debe quedar claro y al cual debemos referirnos”, puntualizó Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales integrado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Andrés Mena, Yudelka Holguín Liz y Alexis Piña.

Con relación a la variación de prisión preventiva por domiciliaria de Luis Maisichell Dicent, el magistrado Camacho lo calificó como debilidad de criterios del tribunal al tomar esa decisión.

Camacho dice que los retrasos no fueron por el Ministerio Público
“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, sostuvo Camacho, quien nuevamente cuestionó este tipo de decisión de los tribunales en los casos de corrupción.

“En este caso resulta curioso y llama poderosamente la atención que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción”, expresó Camacho.

FUENTE: Listin Diario

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Procuraduría inmoviliza bienes del conglomerado de empresas de Antonio Espaillat

La Dirección de Persecución del Ministerio Público ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación.

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La Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Wilson Camacho, ha puesto en marcha varias “diligencias procesales” sobre las empresas y propiedades de Antonio Espaillat como parte de la investigación que inició con relación a la tragedia de la discoteca Jet Set en la que murieron 232 personas y más de 180 resultaron heridas.

El Ministerio Público ha gestionado ponerle un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set donde el pasado martes 8 de abril se desplomó por completo el techo de concreto mientras que celebraba una fiesta con el merenguero Ruby Pérez.

Las diligencias procesales se están haciendo bajo el amparo de la ley 155-17 sobre Lavado de Activos, con el fin de evitar que los bienes vinculados a Espaillat sean transferidos o enajenados mientras se desarrolla el proceso judicial.

Según EL DÍA le explicaron que eso no implica que se le esté investigando por lavado de activos, sino que se utiliza esa figura jurídica para que de manera administrativa se pueda ponerle un «stop» a cualquier transacción sobre la propiedad de las empresas y bienes vinculadas a Espaillat.

La investigación se concentra en las empresas directamente vinculadas a Espaillat, en especial la sociedad bajo la cual operaba el icónico centro de espectáculos de Santo Domingo.

Aunque Espaillat ha declarado públicamente estar a disposición de la justicia y la disposición de sus empresas a colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha iniciado una revisión de la documentación corporativa, licencias, seguros, condiciones estructurales del local y cumplimiento de las normativas exigidas para un negocio de este tipo.

“El Ministerio Público actúa cuando hay indicios de que pudo existir responsabilidad penal. En este caso, se están revisando las condiciones legales, operativas y estructurales que rodeaban el funcionamiento de la discoteca”, afirmó una fuente vinculada a la investigación.

Los peritajes técnicos preliminares buscan determinar si hubo fallas estructurales, negligencias y determinar responsabilidades penales y civiles, como parte de las diligencias procesales previas a un eventual proceso judicial.

Jet Set era uno de los centros de entretenimiento más reconocidos de Santo Domingo, con décadas de trayectoria y su propietario es tenido en los últimos años como uno de los principales empresarios radiales del país, con intereses también en otros tipos de empresas relacionados a la publicidad y el entretenimiento.

El Ministerio Público no ha revelado si se procederá con imputaciones formales en los próximos días, pero se esperan nuevas medidas cautelares en virtud de los avances de la recolección de pruebas.

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Jueza dispone libertad condicional de falso héroe de tragedia en Jet Set

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El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso la libertad de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, acusado de hacerse pasar por héroe en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreciendo entrevistas pagadas en las que aseguraba haber rescatado a 12 personas de los escombros, incluyendo a una reconocida presentadora de noticias.

La magistrada Fátima Veloz, ordenó la libertad del imputado, al imponerle el pago de una garantía económica de 200 mil pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.

La jueza tomó la decisión de ordenar la libertad del imputado, al rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra del imputado por la Fiscalía del Distrito Nacional, quien entendía que representaba peligro de fuga.

La fiscal argumentó que el imputado carece del arraigo suficiente, lo que representa un peligro de fuga.

De su lado, la abogada del imputado, Yohana Pinales Rosario, dijo no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal de su cliente.

Sin embargo, sostuvo que no apelará la decisión, tras ser interrogada por los periodistas sobre si recurriría la decisión de la jueza Fátima Veloz.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado fue arrestado en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos del Distrito Nacional, tras habérsele ocupado un carnet falso que lo identificaba como miembro de la Policía Nacional.

Según los fiscales, Rosario Mota se promocionaba como una persona que participaba en labores de socorro y vendió la idea de que estuvo rescatando víctimas del desplome del techo del Jet Set.

El imputado se identificó como escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) portando el carnet núm. 1091.

No obstante, las autoridades afirmaron que las verificaciones realizadas por los sistemas policiales indicaron que no figura como miembro de la Policía Nacional.

Asimismo, aseguraron que una experticia forense solicitada por el Departamento de Inteligencia Delictiva y practicada por la Policía Científica concluyó que el carnet ocupado no presenta similitudes con los documentos oficiales emitidos por la institución.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente estos hechos como violaciones a los artículos 147, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, que sancionan la falsificación y el uso de documentos falsos.

La semana pasada, otros tres individuos fueron arrestados por hechos similares.

Uno de ellos fingió ser sobreviviente del siniestro para difamar también a miembros de la institución, y los otros dos fueron detenidos por divulgar imágenes sensibles del fallecido artista Rubby Pérez, acción que constituye una falta grave al respeto y la dignidad humana.

FUENTE: Listín Diario

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