SANTO DOMINGO.-Luego de un controvertido debate generado por el proyecto de Ley Integral sobre Trata, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido al Congreso Nacional la semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció ayer su retiro para buscar consenso social.

El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, explicó que el mismo se someterá a un consenso garantizando que no afecte los intereses nacionales. El mismo sería resometido en un plazo de 45 días.

Figueroa señaló que se debe tener presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanente para la República Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la patria.

«Pero como sociedad democrática que somos conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de Ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, aseguró.

Figueroa señaló que se debe tener presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la Republica Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la Patria.

Reiteró la posición del Gobierno de que no hay una solución dominicana al problema haitiano.

Leonel Fernández

Poco antes de que el vocero de la Presidencia anunciara la disposición del Poder Ejecutivo a retirar el proyecto de ley que había llevado al Senado, el expresidente Leonel Fernández había pedido que fuera retirado.

Fernández criticó aspectos nodales del proyecto por considerar que afectan a República Dominicana, señalando que hasta ahora se ha resistido, con orgullo, presiones para que el país le conceda la nacionalidad dominicana a haitianos que no le corresponde.

Cuestionó que en el proyecto se haya incluido el principio de “no devolución”. “¿Cómo aceptar el principio de no devolución, esto es, que las víctimas de trata de personas o migrantes ilegales no puedan ser repatriados a sus países?¿Cómo incorporarlos a servicios sociales del Estado y permitir que vengan sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio? Se preguntó Fernández en una serie de tuits divulgados ayer casi al mismo momento en que desde la Presidencia de la República se anunciaba el retiro del proyecto.

Señaló que por considerarlos lesivos al interés nacional, el país no suscribió el Pacto Mundial de Migración, ni el Pacto Mundial para Refugiados de la ONU, al igual que tampoco se firmó la llamada “Declaración de los Ángeles” en el marco de la cumbre de las Américas.

Consideró que el gobierno está cediendo a las presiones internacionales, y refirió que en el país existe una Ley sobre la Trata de Personas desde el año 2006, una Ley de Migración y un reglamento de aplicación a esa Ley de Migración.

“Lo que se quiere es reformar esa ley para permitir lo que se quiere desde fuera, de no deportar aquellas personas que tienen estatus migratorio irregular en la República Dominicana, que no tengamos derecho a su deportación”, dijo Fernández.

El Dia