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Tribunal impone condenas suspendidas a 10 miembros de la red de César el Abusador

La jueza Franchesca Pontentini, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo arribado por el Ministerio Público con los implicados en el caso de César Emilio Peralta (César “El Abusador”), estableciendo penas suspendidas que van desde los tres hasta los siete años de prisión.
La magistrada tomó la decisión al acoger el acuerdo presentado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional y diez de los miembros de la red criminal de César “El Abusador”.
En el caso el tribunal condenó a Heriberto de la Cruz Pérez a siete años de prisión; José Bernabé Quiterio a seis años; a Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de Peralta, así como a Yadher Rafael Jaquez Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequiez, Rodolfo Cedeño Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes y Natanael Castro Cordero (a) Nato, el tribunal le impuso cinco años de prisión suspendida y tres años en la misma condición a Johanny Paniagua Peña de Rombley, quienes aceptaron su culpabilidad y arribaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
En este proceso fueron disueltas 15 razones sociales vinculadas a la red criminal, siendo estas: Kaprich Dance Club, París Auto Detailing (Paris Bar and Lounge), De Niño Siempre Frías, Praga Auto Detailing (Praga Bar Disco), D’Jovanny Bar Disco, Koss Louge (Play Room RD Bar And Lounge), Génesis SRL, Inversiones Cedeño Ureña SRL, Inkoutyn Five SRL (La Koura Club), Damisel Ropas, Accesorios y Más, SA, Suplinka SRL, VIP ROOM SRL, Flow Gallery Lounge SRL, FLW & Asociados y UNLIMITED DANCE Discote (Aqua Club).
Además, se decomisó a favor y provecho del Estado dominicano 11 inmuebles de lujos torres y sectores de alto nivel económico del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, así como 12 vehículos (nueve de ellos jeeps y carros de marcas como Lexus, Mercedes Benz y Toyota, y tres motocicletas), tres armas de fuego de uso no apto para civiles, pertrechos militares, cápsulas para armas de fuego tipo pistola 9MM y escopetas calibre 12.
Se impusieron multas de 200 salarios mínimos a los imputados, calculando en 18 millones de pesos dominicanos.
A la imputada Johanny Paniagua, una multa de 10 salarios mínimos del sector público, ascendiendo a unos 100 mil pesos dominicanos.
De igual manera, se decomisaron más de 1 millón de pesos dominicanos, 100 mil dólares americanos y canadienses y todos los activos inmovilizados por las órdenes judiciales, emitidas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, así como aparatos electrónicos de última generación, prendas de lujo como anillos de oro con piedras blancas y diamantes, relojes, etc.
Entre las reglas impuestas, está el no uso de armas de fuego, prestar servicios de utilidad pública y presentarse de manera periódica ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional que evaluará el cumplimiento de la sentencia.
FUENTE: Listin Diario

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.
“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.
“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.
El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.
“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.
Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.
Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud
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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.
La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.
Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.
El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.
El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.
«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.
Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».
Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.
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