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Dan marcha atrás a orden de arresto contra policías por incidente con fiscalizadora
La Procuraduría General de la República confirmó a Diario Libre que se detuvo la ejecución de la orden de arresto contra los agentes de la Policía involucrados en el incidente con la fiscal de La Romana, Carol Rodríguez, hasta tanto la Inspectoría del Ministerio Público culmine la investigación del hecho.
De acuerdo al Departamento de Comunicaciones del órgano persecutor, la fiscal titular de Higüey, Mercedes Santana, informó sobre la paralización del proceso en contra de los policías que detuvieron a la fiscalizadora Rodríguez cuando esta conducía la noche del jueves 15 de junio un vehículo sin placa.
La orden de arresto sin ejecutar fue emitida por la jueza Francis Diloné del Juzgado de Atención Permanente de la provincia La Altagracia, mediante la orden 02586-20/23 contra el sargento mayor Miguel Ángel Familia, el sargento Jiménez Reina, la sargento Sobeida González, los cabos Félix Pineida y Fortuoso Moni.
Así como también para el raso Aybar Mercedes y el oficial del día identificado como Rafael Mejía y el sargento Luis Andrés Berroa Berroa.
La fiscal había interpuesto una denuncia por tortura y barbarie, violencia contra la mujer y detención ilegal por la forma en que fue tratada por los policías.
Parte de su accionar y el de los agentes quedó grabado en un video viralizado en redes sociales en el que se observa a la fiscal Rodríguez forcejear con los policías para que estos no la esposaran.
En redes sociales su actitud fue «calificada como el de una persona arrogante e indisciplinada», mientras que con los agentes las opiniones son divididas entre quienes consideran que actuaron bien y otros que desnudaron su falta de preparación para aplicar el protocolo de detención de un ciudadano.
Este hecho está siendo investigado por una comisión delegada por la procuradora de la República, Miriam Germán Brito y de manera paralela por la Inspectoría de la Policía Nacional.
FUENTE: Diario Libre
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Hijo de Selinee Méndez sobrevive a grave accidente en Punta Cana
La presentadora de televisión y diputada por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional Selinée Méndez compartió en sus redes sociales que su hijo, Adolfo Ariel, sobrevivió a un grave accidente automovilístico ocurrido el pasado fin de semana en Punta Cana que involucró a otros jóvenes.
«Hoy elevo mi gratitud a Dios Padre por haber protegido la vida de mi hijo Adolfo Ariel y permitirnos regresar a casa con él… Su misericordia nos sostiene y su bondad nos concede la bendición de abrazarnos nuevamente como familia», escribió la también exreina de belleza.
Méndez también expresó su gratitud hacia las personas que auxiliaron a su hijo y a sus amigos en el lugar del accidente, así como a los centros médicos y doctores que le brindaron atención.
Méndez expresó además sus condolencias a la familia de Claudio José, quien lamentablemente perdió la vida en el accidente.
«Con el corazón enlutado, expreso mis condolencias más sinceras… Les acompaño en su dolor, deseándoles consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida», manifestó.
Méndez concluyó su mensaje afirmando que valora más que nunca la vida y la importancia de la familia.
La publicación acumula decenas de comentarios de amigos y colegas de Méndez, quienes le han expresado palabras de aliento.
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Selinée Méndez es madre de dos niñas, Maia y Valeria, fruto de su matrimonio de 11 años con el productor de espectáculos René Brea, y del joven Ariel Adolfo, de una relación anterior.
Con información de Diario Libre
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Condenan a la Procuraduría al pago de RD$10.9 millones a Affe Gutiérrez, acusado falsamente de homicidio
La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunidad Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva pese a no existir pruebas en su contra.
La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano a través de la PGR actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano.
Según una nota informativa, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y mantuvo íntegramente la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la compensación por daños morales, físicos y profesionales.
Una indemnización sin precedentes en el país
La defensa de Gutiérrez, compuesta por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta. Representa un hito en la lucha por el respeto al debido proceso y a la dignidad humana”, afirmaron.
El propio Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo. Aún espero una disculpa pública por parte de las autoridades que me destruyeron la vida.”
Persecución, abuso y una década de sufrimiento
El caso se originó en 2008, poco después del matrimonio de Gutiérrez con la periodista Sarah Pepén.
Según los registros judiciales, fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones infundadas de homicidio.
Un año después, fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años pese a la falta de evidencias.
Posteriormente, un testigo confesó haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, destapando un entramado de corrupción y retaliación institucional.
Durante ese tiempo, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de cárcel, sentencias que más tarde fueron anuladas por la Corte de Apelación, la cual determinó que se trató de procesos viciados.
En mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.
El Estado obligado a reparar el daño
Tras su absolución, en 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la PGR ante el TSA, reclamando RD$100 millones por los daños sufridos.
El tribunal determinó que el Estado actuó con “arbitrariedad, abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación.
Los peritajes médicos y psicológicos incluidos en el expediente confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes, producto del trato degradante recibido durante su reclusión.
Suprema Corte confirma y sienta precedente
La Suprema Corte de Justicia ratificó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, y subrayó que el uso indebido de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.
El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, reafirma que las instituciones del Estado deben responder por los daños ocasionados por sus funcionarios, y consolida la doctrina de que la libertad personal no puede sacrificarse por el abuso del poder.
Para Gutiérrez, el veredicto es más que una compensación: es una reivindicación moral tras más de una década de lucha judicial.
“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia, y hoy el país tiene una prueba de que sí puede haber reparación”, declaró.
Vía El Nuevo Diario
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