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Siete fiscales son investigados en la Operación Gavilán

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Al menos siete fiscales están siendo investigados por el Ministerio Público en la Operación Gavilán, la cual desmanteló una red de empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.

El órgano persecutor procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General.

El Ministerio Público depositó la madrugada del jueves ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas como parte del caso.

Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo.

Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.

Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.

Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.

FUENTE: Diario Libre

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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