Cuatro personas han aceptado penas que suman tres años y medio de cárcel por una estafa con más de 300 perjudicados a través de la venta de entradas para un concierto de Romeo Santos en Palma, e indemnizarán a las víctimas conjuntamente con 40.419 euros.

Además, se les imponen multas de 1.080 euros y una inhabilitación durante un año para actividades de organización y gestión de este tipo de eventos culturales.

Según reporta Infobae, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha acogido este martes una vista con la que se ha evitado el juicio al alcanzar un acuerdo las defensas y acusaciones.

Al reconocer los hechos, cuatro procesados han conseguido una significativa rebaja en las penas, ya que la Fiscalía pedía originalmente hasta 17 años de cárcel.

En detalle, tres hombres han aceptado penas de un año de cárcel por estafa y una mujer ha asumido una condena de seis meses como cooperadora necesaria.

Se les han aplicado las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Otros dos encausados han quedado absueltos al retirarse las acusaciones contra ellos.

Con todo, uno de los condenados no quería reconocer verbalmente los hechos pero sí cerrar el pacto, lo que ha provocado una discusión con el Tribunal.

«No lo reconozco pero ya quiero salir de esto, no lo hice pero vamos adelante», decía.

La Fiscalía ha expuesto que sin reconocimiento expreso de los hechos no habría acuerdo y tras una conversación con su abogado se ha limitado a responder «sí» a la pregunta de si cometió los hechos tal y como aparecen en el escrito de acusación.

Así, en virtud de este pacto, estas personas han confesado que establecieron canales de venta de entradas de conciertos que nunca organizaron adecuadamente, limitándose después a reprogramarlos y finalmente cancelarlos con explicaciones genéricas y sin devolver el dinero.

Desviaron las reclamaciones a los puntos de venta para evitar contestar directamente.

Los hechos
En concreto, el 16 de abril de 2016 programaron un concierto en el Velódromo Palma Arena, y publicitaron el evento a través de redes sociales. También programaron un festival en el que el artista actuaría en abril en Valencia.

La compra de entradas se podía realizar de diversas formas, ya fuera a través de puntos de venta, relaciones públicas y ticketeras, o a través de una web.

Más allá de anunciar el concierto en redes sociales, sin invertir en gastos de publicidad, apenas se realizó actividad alguna para garantizar los conciertos: no se contrató a ninguna empresa de servicios de apoyo, no hubo reservas de vuelos y hoteles, ni autorización de la SGAE, ni los acusados abonaron completamente la reserva del Palma Arena.

Finalmente, en abril de 2016, mediante un comunicado difundido en redes sociales, la entidad anunció la reprogramación de la gira del artista en Europa, justificando esta decisión en un supuesto un cambio dentro de la estructura de la empresa.

De este modo, los conciertos se celebrarían el 29 de julio en Valencia y el 30 de julio en Palma.

En el comunicado se explicaba, además, que las entradas anteriores serían válidas y que a los que no pudieran asistir se les devolvería el dinero en el mismo punto de venta donde fueron adquiridas las entradas.

Sin embargo, los usuarios que deseaban el reembolso no obtenían respuesta a través de los correos electrónicos que se indicaban en el comunicado.

La promotora no devolvía el dinero, limitándose a centralizar en un punto de venta las reclamaciones para la devolución, evitando así los acusados tener que enfrentarse directamente a estas reclamaciones.

A través de un comunicado emitido el 14 de julio, se anunció la cancelación del tour en Valencia y Palma, indicando que se devolvería el importe de las entradas -todas se habían vendido-.

Solo el dinero recaudado a través de ticketeras fue devuelto íntegramente a los compradores, ya que estas empresas lo retienen hasta la celebración del concierto y no pagan hasta entonces a los promotores.