El Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el abogado Cándido Simón, se sumaron al rechazo a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerar que contiene disposiciones que violan la Constitución.

El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, consideró que la ley viola la Carta Magna cuando obliga a los ciudadanos a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales de la DNI de las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.

Recordó que los periodistas están protegidos por el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a las reservas de fuentes informativas y que en ninguna circunstancia puede revelar sus fuentes o entregar informaciones que comprometan a quienes les han ofrecido de manera confidencial.

“Los periodistas tienen el deber ante la sociedad de publicar las informaciones de interés público recibidas de cualquier fuente, mientras que los oficiales de la DNI tienen el compromiso ante el Estado de investigar el origen de la información que ellos entiendan puede afectar la seguridad del Estado”, afirmó Henríquez al periódico LISTÍN DIARIO.

Considera una violación a la Constitución el texto del artículo 11, de que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI recolecte informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones, porque atenta contra la privacidad de datos personales.

Indica que se vulnera la Constitución con la disposición del acápite 4, del artículo 9, que establece que la DNI puede contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, amenaza, agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.

“En el acápite 6 manda a la DNI a realizar libremente labores de inteligencia en actividades desarrolladas por personas, grupos, asociaciones violando la Constitución de la República, que establece que todos los ciudadanos gozan de la libertad y derecho de reunión, porque no especifica a qué tipo de actividades o reuniones se refiere”, advirtió Henríquez.

Estado policial
El jurista Cándido Simón advirtió que la nueva ley reinstaura el Estado policial, rompe con el secreto profesional, obliga a los ciudadanos a ser “chivatos” y permite que el Presidente de la República vigile a todo el mundo sin orden judicial.

“Esa ley es inconstitucional hasta la médula porque reinstaura el estado policial, transgrede la cláusula del derecho social y pone el ciudadano al servicio de una superestructura gubernamental, despojando la esencia del sistema democrático como valor fundamental intrínseco de la democracia moderna.”, alertó el jurista.

Cuestionó que la ley disponga que todas las empresas públicas y privadas, sean sujetos obligados para proveer información de sus fuentes.

Sostiene que infringe disposiciones constitucionales sobre el derecho a la reserva de la fuente, la cláusula de confidencialidad del cliente y la intimidad del paciente.

“Esto implicaría que al medio de comunicación, la entidad de intermediación financiera, el profesional de la medicina o de la abogacía que se niegue a romper con el derecho de confidencialidad de sus pacientes, clientes o imputados, sería pasible de una sanción penal o económica de graves consecuencias”, precisó Simón.

Considera que la DNI tiene un origen nefasto, porque es el mismo Departamento Nacional de Investigaciones que surgió en la era de Trujillo, que tiene su origen en el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), y luego se convirtió en DNI en la época de Balaguer para espiar a los izquierdistas y con datos comprados.

“Es una norma de protección al gobierno bajo el epígrafe sinuoso de seguridad nacional a costa de sacrificar la protección de los derechos y garantías constitucionales, al instaurar un servicio de inteligencia que podría actuar sin vigilancia, control ni supervisión judicial”, alertó el jurista.

Vulnera derechoss

El CODUE planteó que la nueva legislación limita y vulnera los derechos fundamentales de la libertad, la privacidad y el secreto profesional.

El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, lamentó que surja esa ley después de haber avanzado en los últimos 12 años en tener una nueva Constitución y legislaciones que amparan y protegen el derecho.

Lacen Custodio expuso que la Constitución dominicana plantea un sistema de derechos fundamentales que busca un equilibrio entre la libertad y la justicia social, y en el que la dignidad, la igualdad y la libertad son el núcleo de valores del sistema de derechos fundamentales que deben protegerse y garantizarse en entre los dominicanos.

Sostuvo que la normativa tiene ambigüedades en varios artículos, los cuales pudieran prestarse a interpretaciones diversas, y que dominicanos vuelvan a vivir abuso de poder, autoritarismo desmedido y las consecuencias de ese tipo de obligaciones.

Añadió que las obligaciones que impone la ley convertirá a los dominicanos en “chivatos” al servicio del mejor postor, para obligar ser “oídos y ojos del Estado” y a estar dispuestos a denunciar cualquier real o presunta desviación en las actuaciones de terceros”.

Se sumó a la preocupación de la Asociación Dominicana de Diarios, líderes de las iglesias evangélicas y católicas, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y especialistas en derecho constitucional y penal.

El Falpo exige modificación

El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) expresó su oposición a la nueva ley promulgada el 15 de enero por el presidente Luis Abinader y exigió su modificación, a fin de eliminar los artículos 9, 11 y 26.

“No permitiremos que se violen nuestros derechos fundamentales”, advirtió.

Señaló que la ley otorga nuevas competencias al organismo de inteligencia, que cercenan los derechos fundamentales y coartan la libertad.

“Esta ley es ilegal, antidemocrática y peligrosa”, afirmó Gabriel Sánchez, coordinador nacional del Falpo.

Entiende que busca constreñir las libertades individuales de la ciudadanía y darle una patente de corso a un organismo con un pasado oscuro.

Criticó el artículo 11 de la ley, que obliga a los ciudadanos a entregar la información requerida por la DNI, con riesgo de prisión ante su negativa.

“Este artículo vulnera los derechos fundamentales y coarta la libertad. Es una aberración al ordenamiento jurídico”, señaló.

El Falpo también cuestionó el artículo 9 de la ley, que podría permitir interceptaciones telefónicas sin orden judicial, y el artículo 26, que podría afectar la libertad de prensa y el secreto profesional.