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Menor haitiana habría sido violada y amenazada en Higüey

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El Ministerio Público de Verón, en la provincia La Altagracia, investiga una denuncia de violación en contra de una menor de 14 años de edad, de origen haitiano, ocurrida el pasado viernes en el Ensanche Bulevar, en Punta Cana.

Según la acusación incoada en la Fiscalía de la Unidad de Género de Bávaro, la menor fue violada por varios agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

“Estamos dando seguimiento a la denuncia y en el día de hoy (ayer jueves) vinimos a buscar a la víctima para ponerla bajo protección”, explica la fiscal de esa localidad, Rocío García, en un audiovisual compartido en el canal de Youtube de Juan Bautista.

Reseña Listín Diario que ante este hecho, la DGM informó en una nota de prensa, que investiga la denuncia junto al Ministerio Público.

En el documento se establece que Venancio Alcántara, director de Migración “calificó de reprochable ese tipo de ultraje y garantiza a la ciudadanía que si uno de los inspectores está involucrado en esa violación tan bochornosa será cancelado y puesto a disposición de la justicia para determinar su inocencia o culpabilidad”.

Asimismo, señalan que Migración “no tendrá contemplación debido a que no tolera ese tipo de acciones, porque a diario a los inspectores migratorios se les instruye para tratar con respeto a los extranjeros interdictos, no importa la nacionalidad, porque su misión es cumplir la Ley 285–04”.

En una llamada telefónica realizada por este medio a Santiago Molina, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos en esa zona y quien asiste a la familia de la menor en el caso, este expresó que la jovencita, la cual se omite su nombre por razones legales, fue violada cuando los agentes se percataron que sus padres no estaban en la casa, debido “a que se encontraban trabajando”.

Relató que luego los agentes se llevaron a la adolescente hacia el centro de Migración de la zona, la amenazaron de muerte y la dejaron ir junto a una vecina.

Explicó que ante la denuncia puesta en la Fiscalía de la zona, los agentes se presentaron a la casa de la menor de edad y la volvieron a amenazar de muerte junto a sus padres, acción que fue vista por miembros de la “Comisión de los Derechos Humanos, quienes se enfrentaron en una discusión con el personal de Migración”.

En las imágenes compartidas al rotativo se observa que la menor y su familia viven en una casa construida con zinc y madera.

En el mismo video donde se observa a la fiscal García, varias personas denuncian que los agentes de Migración cobran entre “15 mil y 17 mil” a los haitianos para soltarlos luego de detenerlos.

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Desalojan vendedores de la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un desalojo la mañana de este jueves a vendedores ubicados en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

En el lugar hay varias maquinarias y personal de la institución en las labores de remoción de los comercios ambulantes ubicados en las aceras y avenida.

El desalojo, según las autoridades, se debe a la remodelación del lugar y los vendedores habían sido notificados con antelación.

Asimismo, según informó Salutiano Pichardo, abogado del departamento de avalúo, de los 24 vendedores del área solo faltan 4 por el pago de la indemnización.

Sin embargo, en el lugar aquellos que sostienen que no han recibido la indemnización y que tampoco les han brindado información sobre esta se mantienen en el lugar esperando respuestas.

«Llegaron, nos rompieron las mesas y no nos dan respuestas», manifestó Ramón Ortega, quien tenía un puesto de venta de accesorios telefónicos en la parada.

Al igual que Ortega, los demás vendedores arrastran las mesas que hasta el momento del desalojo utilizaban para sus negocios para evitar que los agentes se las retengan.

En este lugar funciona una parada de autobuses que tienen como destino la región norte del país y es donde el Gobierno ejecuta un plan de ampliación de vías para facilitar el ingreso y a la salida a la capital dominicana.

Vía Listín Diario

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Minerd: 32 profesores fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual en el año escolar 2023-2024

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El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) desvinculó a ocho docentes y mantiene a 24 suspendidos «por acoso sexual» en el desempeño de sus funciones en las escuelas durante el pasado año escolar 2023-2024, conforme a reporte de esta entidad emitido este domingo.

Según los registros de la División de Resolución de Conflictos Laborales de la Dirección General de Gestión Humana del Minerd, el mayor número de casos se produjo en el Distrito Nacional, Regional 15, con ocho; en Cotuí, Regional 16, con cinco; en La Vega, Regional 06, con y en Santiago, Regional 08, con 4.

Los nombres de los profesores no fueron suministrados por Educación.

De acuerdo a una nota de prensa del Minerd, de los 32 docentes separados de las escuelas públicas por acoso sexual, «ocho fueron desvinculados debido a la gravedad de las acusaciones y los 24 restantes están suspendidos sin disfrute de sueldo mientras culmina la investigación. Actualmente, hay seis profesores sometidos a la acción de la justicia».

El Minerd dijo que esta medida es parte de su compromiso fundamental de propiciar un entorno seguro para los estudiantes y sancionar las acciones indebidas en la comunidad educativa.

Las desvinculaciones y suspensiones se produjeron luego de que el Minerd comprobara que los maestros transgredieron el Código de Ética que regula las relaciones entre el personal docente y administrativo con los estudiantes del Sistema de Educación Preuniversitario», refiere el documento.

Violaron Código de Ética
Aprobado a través de la Orden Departamental No. 13-2023, el Código de Ética establece que las relaciones del personal de la escuela con los estudiantes deben ser académica y de servicio formativo, al tiempo que prohíbe toda relación que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los estudiantes.

Las medidas también dan cumplimiento al artículo 84 de la Ley 41-08 numerales 4,14,17 y 20 de Función Pública, que establece que este tipo de actos constituye una falta de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo.

«Otras faltas en las que incurrieron por su conducta inapropiada están vinculadas a incumplimientos a la Ley General de Educación 66-97, el Estatuto Docente y la Constitución de la República en sus artículos 44 y 56 sobre derecho a la intimidad y el honor de la persona, así como a la protección de las personas menores de edad, respectivamente», estableció el Minerd.

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