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Panorama

Aumentan las sentencias a centros de salud por supuestas malas prácticas médicas

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Las sentencias condenatorias en contra de clínicas y hospitales del país, por presuntas malas prácticas médicas, han aumentado sustancialmente en los últimos días.

El más reciente de los casos, es el de la Clínica Corazones Unidos, que fue condenada al pago 6 millones 875 mil pesos en compensaciones y costos acumulados por negligencia médica en dos pacientes.

Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F. fueron las afectadas.

Hernández fue indemnizada con un millón 590 mil pesos tras sufrir un deterioro en su visión debido a la implantación incorrecta de lentes intraoculares para corregirle un problema de visión, lo que le dejó daños permanentes.

La sentencia 035-2023-SSEN-00954 fue emitida el 9 de octubre del año 2023 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Reseña el periódico Hoy que la decisión judicial incluyó intereses acumulados desde la notificación el 16 de noviembre de 2023, calculados al 1.5 por ciento mensual.

Mientras que la sentencia civil, número 1303-2023-SSEN-00407, favoreció a Del Socorro Alba F. con el pago de un millón 750 mil pesos, que se incrementó en 3.5 millones de pesos con el duplo de 1.5 por ciento del monto dictado por el dispositivo judicial.

El mismo además ordena el pago del monto como compensación después de que se descubrió una gasa dejada en su pecho cerca del corazón durante una operación en la misma clínica.

Había acudido al centro de salud para colocarse un stent para corregir un problema cardiovascular, le fue dejada una gasa en la cirugía para colocarle el dispositivo, error que fue corregido mediante una intervención quirúrgica en Estados Unidos.

Como consecuencia de ambas sentencias, fueron embargadas las cuentas de Clínica Corazones Unidos en diferentes bancos comerciales.

Uno de los abogados de las pacientes, licenciado Gilberto Objío Subero, explicó que la clínica no cuenta con un seguro de responsabilidad civil médica que respalde estos casos, por lo que se procederá a continuar con las acciones judiciales necesarias para asegurar la compensación.

Ney Arias Lora
En el caso del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, este fue condenado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro de salud.

Encarnación Feliz incoó una demanda en responsabilidad patrimonial, dictando la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, de fecha 31 de marzo de 2023, la cual fue objeto del recurso de casación.

La misma también obliga al pago de un interés judicial del 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente, a título de indemnización compensatoria por los daños correspondientes a la amputación y prótesis de su pierna derecha.

El demandante fue ingresado por emergencia el 19 de enero de 2016, tras sufrir un siniestro de tránsito en el municipio de Baní, provincia Peravia, recibiendo un golpe en la cara, específicamente en el tabique nasal y una fractura abierta en la tibia y el peroné de su pierna derecha.

El 20 de noviembre de 2017, el paciente es ingresado nueva vez, vía emergencia, con un absceso en la pierna derecha y dolor, a lo que se procedió a evaluarlo y realizarle algunas imágenes, de las cuales no mostró lesiones óseas, refriéndolo a Gerencia de Ortopedia para consulta con un diagnóstico de osteomielitis de tibia derecha, osteomielitis de pierna derecha y resultado positivo al cultivo de la bacteria K.Pneumoniae.

CECIP
A la lista también se agrega el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), sentenciado a pagar 2 millones de pesos a la paciente Sulandy Altagracia Crucet.

La jueza Clara Almonte, de la Segunda Sala del Tribunal Penal del Distrito Nacional, también impuso un mes de prisión al cirujano plástico Asmín Aquino por mala práctica médica.

Cabe destacar que en los últimos años, los grandes centros se han visto precisados a obligar a sus médicos a tener un seguro que cubra los efectos de posibles demandas, debido a que cada vez son más los casos que van a los tribunales.

Panorama

Violencia en el tránsito: salir a la calle es un deporte extremo en RD

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En cuestión de días, varios episodios de violencia registrados en las calles dominicanas han vuelto a generar preocupación.

Lo que comenzó como diferencias cotidianas terminó con personas agredidas y armas de fuego desenfundadas, evidenciando el nivel de tensión con el que muchas personas enfrentan conflictos diarios.

Uno de los hechos ocurrió en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas.

De acuerdo con la Policía Nacional, un conductor fue captado en video presuntamente amenazando con un arma de fuego a otro hombre tras un conflicto relacionado con el paso de los vehículos en el peaje.

«Si te metes te doy un tiro», advertía al otro conductor.

La institución informó que investiga el incidente para establecer responsabilidades y reiteró el llamado a la prudencia, la tolerancia y la resolución pacífica de las controversias.

Reseña El Dia que otro video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra una escena igualmente alarmante.

En esta ocasión, un hombre desciende de un vehículo con un arma de fuego y se dirige hacia otro automóvil en el que viajaban mujeres y niños.

«Angelo no bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con desesperación a una de las ocupantes mientras intenta impedir cualquier confrontación.

«Yo tengo una niña», repite en medio del miedo, consciente de que un momento de ira podía terminar en tragedia.

El hecho provocó múltiples reacciones, no solo por la presencia de menores de edad, sino por la facilidad con la que una discusión entre conductores escaló hasta una amenaza con arma de fuego.

Los recientes episodios de violencia en las vías públicas no son hechos aislados.

En los últimos días también circularon otros dos videos que generaron preocupación.

En uno de ellos, ocurrido en las inmediaciones del peaje de la autopista Las Américas, dos conductores protagonizaron una confrontación en la que uno de ellos presuntamente amenazó al otro con un arma de fuego, hecho que es investigado por la Policía Nacional.

En otro audiovisual, un hombre desciende de su vehículo portando un arma y se dirige hacia otro automóvil donde viajaban mujeres y niños.

«No bajes el vidrio… hay niños», se escucha decir con angustia a una de las ocupantes mientras intenta evitar que la situación escale.

Otro de los casos que más conmocionó al país fue el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de desechos, quien murió tras ser perseguido por un grupo de motoristas luego de un aparente incidente de tránsito en Santiago.

La investigación del Ministerio Público sostiene que la víctima fue acorralada hasta el parqueo del Palacio de Justicia, donde fue atacada con armas blancas.

Por el caso, siete motoristas enfrentan prisión preventiva, acusados de actuar de manera coordinada para perseguir y dar muerte al chofer.

A ese hecho se suma otro incidente ocurrido en Santo Domingo Oeste.

Una jueza impuso tres meses de prisión preventiva contra Gregrori Gelabert González, alias «Negro Malo», acusado de agredir física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, conductor de un autobús del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), durante un altercado ocurrido tras un roce vehicular en el sector El Café de Herrera.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado también agredió a la asistente del conductor, Ybianca Yinet Castillo, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

El hecho ocurrió mientras el autobús transportaba estudiantes, tres de los cuales entraron en pánico y descendieron del vehículo al presenciar la agresión.

El altercado, captado por las cámaras de seguridad del autobús, volvió a evidenciar cómo una diferencia cotidiana en la vía pública puede escalar rápidamente hacia la violencia.

Aunque ocurrieron en contextos distintos, todos estos casos tienen un elemento en común: conflictos cotidianos que terminaron convirtiéndose en expresiones de violencia extrema.

¿Qué está pasando con la forma en que los dominicanos enfrentan las diferencias?

Para el presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Julio Ravelo Astacio, no se debe asumir automáticamente que estos comportamientos responden a un trastorno mental.

«Muchas personas creen que solamente hay agresión o acciones violentas cuando la persona tiene un trastorno mental franco. Pero no es así. La mayor parte de los actos agresivos y violentos, e incluso muchos feminicidios, son cometidos por personas que no tienen un trastorno mental ni han estado nunca en tratamiento psiquiátrico», explica.

El especialista considera que el país atraviesa un momento de creciente irritabilidad y baja tolerancia a la frustración.

«La gente se ha vuelto más irritable de la cuenta. Tolera menos cualquier ofensa, cualquier chiste o cualquier broma. Hoy día cuenta enormemente esa actitud tan agresiva que estamos teniendo frente al otro», afirma.

Ante ese panorama, Ravelo Astacio insiste en la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional como una herramienta para enfrentar los conflictos sin recurrir a la violencia.

«Hace falta una inteligencia emocional que ayude a que la persona, cuando tenga que enfrentar un conflicto o una dificultad, analice primero y valore su respuesta. Porque en el asunto de un pleito no hay ganador. Si una persona muere, una familia queda destruida; y quien sobrevive probablemente termine en prisión durante muchos años. En ambos casos, las familias resultan profundamente afectadas», sostiene.

Para el especialista, cada reacción impulsiva puede desencadenar consecuencias irreparables.

La pregunta que queda abierta es cómo detener esa escalada antes de que una diferencia cotidiana vuelva a convertirse en una tragedia.

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Panorama

Envían al área de psiquiatría de Najayo a sargento acusada de matar a su hija en Manoguayabo

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El Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.

La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.

La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.

El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.

El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.

Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde en la vivienda familiar de la calle Deni Moreta, cuando la imputada atacó a la menor dentro de su habitación con el equipo, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte.

El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.

Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.

Vía Listín Diario/Ramón Cruz Benzán

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