El juez Rigoberto Rosario, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 22 de septiembre la audiencia de medida de coerción contra Jhonny González, acusado de intentar matar a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk durante un asalto.

La audiencia fue pospuesta a solicitud del propio imputado, quien explicó al tribunal que su esposa saldría de prisión y se encargaría de conseguir los presupuestos necesarios para gestionar su libertad.

“Magistrado, si usted pudiera aplazar la audiencia, que no fuera para mañana, porque hoy mi esposa sale de prisión y ella es la que me va a gestionar los presupuestos para obtener mi libertad”, expresó González, según relataron los abogados que representan a la familia de la víctima.

Manuel García, quien junto a Ingrid Hidalgo representa a Gustavo Mejía, padre del joven agredido, cuestionó el planteamiento del imputado.

Consideró contradictorio que una persona acusada de tentativa de homicidio espere que su esposa salga de prisión para conseguir los recursos requeridos por su defensa.

El jurista aseguró que a González se le aplicará “todo el peso de la ley” e informó que la solicitud de prisión preventiva será conocida el próximo martes.

García calificó la agresión como un acto “propio de una hiena” y pidió al sistema judicial imponer al acusado la pena máxima correspondiente.

“Es imposible que una persona apuñale a otra que no le ha hecho nada. Ese señor debe ser apartado de la sociedad y la justicia aplicarle el máximo de la pena”, manifestó el abogado.

La agresión

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de septiembre de 2026, cuando González, a bordo de una motocicleta X1000, modelo CG-200, año 2016 y de color negro, interceptó a Mejía-Ricart Risk cuando llegaba a su residencia.

El imputado se acercó al joven y le exigió que le entregara todas sus pertenencias.

La solicitud de medida de coerción, presentada por el procurador fiscal José Guillermo Soriano, adscrito al Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Persona —Homicidios— del Distrito Nacional, establece que la víctima consiguió entrar al vestíbulo de la torre donde reside.

Sin embargo, González habría perseguido al joven hasta el interior del edificio, donde lo alcanzó y le ocasionó múltiples heridas con un cuchillo.

Durante el ataque también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad de la torre, quien intentó intervenir después de escuchar los gritos de auxilio.

Tras cometer la agresión, el acusado huyó del lugar en la motocicleta. Mejía-Ricart Risk fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.

Investigación y arresto

El Ministerio Público informó que los investigadores analizaron las grabaciones captadas por varias cámaras de seguridad y lograron reconstruir la ruta de escape seguida por el agresor hasta su residencia, situada en el sector Capotillo del Distrito Nacional.

Las autoridades realizaron un allanamiento en esa vivienda el 14 de septiembre. Durante la operación ocuparon un cuchillo y otros objetos presuntamente utilizados para cometer el hecho.

También fue incautada la motocicleta que, conforme con la investigación, utilizó González para interceptar a la víctima y posteriormente escapar de la escena.

Acusaciones

El Ministerio Público imputa a González la violación de los artículos 14, 46, 47, 91, 225 —numerales 1, 4 y 6—, 226 —numerales 2, 3 y 4— y 228 del Código Penal Dominicano.

También lo acusa de infringir los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) informó que da seguimiento al incidente de exposición no autorizada de datos comunicado por Claro Dominicana, que afecta a un grupo de clientes de servicios móviles individuales.

El organismo indicó que trabaja en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y otras autoridades competentes para contribuir a las investigaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido, determinar el alcance del incidente e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información suministrada por Claro, los datos expuestos incluyen números de teléfonos móviles, números de cédula y el tipo de servicio contratado. INDOTEL aclaró que esta información corresponde al reporte realizado por la empresa y que está siendo contrastada como parte de las verificaciones oficiales.

El regulador señaló que la protección de los usuarios constituye una prioridad y que su seguimiento busca verificar el alcance de la exposición, las medidas adoptadas por la prestadora para contener el incidente y evitar nuevas afectaciones, así como la información y orientación proporcionadas a los clientes potencialmente afectados.

INDOTEL también destacó la importancia de preservar las evidencias y de que las autoridades dispongan oportunamente de la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

Asimismo, consideró esencial que los usuarios reciban información clara, oportuna y verificable sobre los datos comprometidos y las medidas de protección que pueden adoptar.

El instituto aseguró que mantendrá el seguimiento del caso y comunicará a la ciudadanía los avances que puedan hacerse públicos, respetando tanto la protección de los datos personales como la reserva necesaria para el desarrollo de las investigaciones.