CINE & TV
Convocan a todos los sectores de la industria cinematográfica para defender la Ley de Cine
El sector cinematográfico ha generado más de 25 mil empleos en los últimos dos años
En respuesta a la creciente especulación sobre una posible modificación de la Ley de Cine en el marco de una reforma fiscal que está preparando el gobierno dominicano, la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (ADOCINE) organizó una reunión crucial en el Paraninfo de Economía Eduardo Michel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Este encuentro reunió a destacados representantes de la industria cinematográfica, incluyendo productores, exhibidores, cineastas, estudiantes y profesionales del sector, con el propósito de trazar una estrategia unificada para proteger los logros alcanzados en la última década y destacar los impactos positivos que esta ley ha tenido en la República Dominicana.
El presidente de ADOCINE, Hans García, subrayó durante la reunión que “el cine dominicano ha demostrado ser mucho más que una fuente de entretenimiento.
Es un motor económico crucial que ha transformado el panorama económico del país, atrayendo inversiones, creando empleo y contribuyendo al crecimiento de múltiples sectores.”
García destacó que la Ley 108-10, vigente desde 2010, ha sido el pilar fundamental que ha permitido a la industria cinematográfica dominicana convertirse en un motor económico clave para el desarrollo nacional.
Desde su promulgación, la Ley 108-10 ha revolucionado la industria del cine, atrayendo tanto producciones nacionales como internacionales.
Las inversiones millonarias generadas, la creación de empleo y el crecimiento económico en diversos sectores son pruebas irrefutables del impacto positivo de esta ley.
No obstante, cualquier alteración a la ley podría tener consecuencias devastadoras para una industria que ha demostrado ser una de las más dinámicas y en expansión del país.
En la reunión se hizo hincapié en la autorregulación del sector cinematográfico.
Una propuesta de ADOCINE aprobada por el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica (CIPAC), implementando medidas para limitar el gasto en producciones, estableciendo techos presupuestarios de 75 millones de pesos para películas de ficción y 25 millones para documentales.
Esta iniciativa refleja el compromiso del sector con su sostenibilidad a largo plazo y su responsabilidad con el país.
El encuentro también destacó el impacto tangible del cine en la economía nacional, revelando que la industria ha creado más de 25,000 empleos en los últimos dos años, de los cuales el 55% han sido ocupados por mujeres.
Estos empleos abarcan una amplia gama de áreas, desde carpintería y sastrería hasta catering y seguridad, subrayando el alcance y la inclusión que ofrece la industria.
“La cantidad de gente que va al cine no define la industria; lo que realmente importa es el impacto económico que una película genera en las comunidades donde se filma,” afirmó García.
Cada rodaje activa una cadena de valor que beneficia a múltiples sectores: hoteles, empresas de transporte, catering, imprentas, tiendas de vestuario, seguridad.
En la reunión estuvieron presentes figuras destacadas de la industria cinematográfica, como Nashla Bogaert, José María Cabral, Miguel Céspedes, Frank Perozo, entre otros. La mesa principal estuvo compuesta por Hans García, presidente de ADOCINE; Humberto Castellano, de la Asociación de Productores; Zumaya Cordero, en representación de los Exhibidores; Iván Reynoso, expresidente de ADOCINE; Tanya Valette, en representación de las escuelas de cine; Augusto Feria, de la Asociación Dominicana de Actores (ADAC); y Albert Martínez, en representación de los estudios de cine.
ADOCINE hizo un llamado a la unidad entre todos los sectores de la industria cinematográfica, instando a mantenerse vigilantes y atentos a las próximas informaciones.
Se destacó la necesidad de trabajar juntos para proteger la Ley de Cine y asegurar que el sector continúe siendo una fuente vital de empleo, divisas y desarrollo para la República Dominicana.
En conclusión, la Ley 108-10 ha sido fundamental en la transformación del cine dominicano, no solo por los empleos y las inversiones que ha generado, sino también por su impacto cultural, social y económico en el país.
La reunión convocada por ADOCINE demostró que la industria está preparada para defender su futuro, consolidando su rol como un sector clave en la economía nacional.
CINE & TV
Frank Perozo explota en redes sociales: “¿Por hacer cine en mi país, me tengo que sentir como si fuera un capo?”
El actor y director de cine Frank Perozo explotó en las redes sociales a raíz del debate que ha generado la propuesta que busca eliminar los incentivos establecidos en la Ley 108-10 de la Ley de Cine.
Asegura que hay mucha desinformación y se pregunta si, para hacer producciones cinematográficas en su país, tiene que sentirse como si fuera un capo.
“¿Por qué, por hacer cine en mi país, me tengo que sentir como si fuera un capo? No relajen, por favor”, escribió Perozo a través de sus historias de Instagram.
De derogarse los incentivos, más de 25 mil empleados perderían el sustento de sus familias y aproximadamente 375 empresas podrían quebrar. Además, los 1,200 estudiantes que actualmente estudian la carrera para entrar al cine podrían perder las esperanzas de desarrollar sus habilidades en la actuación.
Estos se benefician de la ayuda que brinda el gobierno a la industria, que viene creciendo y apostando tanto por los que trabajan detrás de cámaras como por los actores, quienes, con su talento, buscan la manera de crecer. Por eso, varias figuras se han unido para expresarse en contra de esta posible eliminación.
Muchos han expresado su opinión al respecto, indicando que ven bien que este sector, que busca resaltar y proyectar a la República Dominicana ante el mundo, ya no tenga el apoyo del Estado dominicano, ya que entienden que los fondos destinados al cine solo benefician a un grupo y que este puede sustentarse por sí solo.
Frank Perozo, quien se mantiene activo en el cine tanto como actor como también dirigiendo algunas películas, tales como Perdiendo el juicio, El heredero y recientemente culminada Baño de mujeres, todas de la mano con Caribbean Films de Caribbean Cinemas.
Vía LuminariasTV.com
CINE & TV
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de RD también rechaza se eliminen incentivos al cine
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Dominicana (ACCINE RD), bajo la presidencia del reconocido escritor y cineasta Luis Arambilet, ha expresado su total desacuerdo con la propuesta de reforma fiscal 2024 presentada por el Ministerio de Hacienda.
La Academia considera que esta reforma desmantela gravemente la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, al proponer la derogación de varios numerales y artículos sustantivos que, desde su implementación, han impulsado el desarrollo de la industria cinematográfica en el país.
En su comunicado, Arambilet señaló que esta propuesta es comparable a políticas implementadas en otros países de Iberoamérica, donde el valor de los activos culturales ha sido minimizado, afectando gravemente el desarrollo socioeconómico de los sectores que dependen de la cultura.
«Calificamos esta propuesta que se remite al Congreso Nacional como inconsulta e indignante», expresó el presidente de ACCINERD.
La industria cinematográfica, que ha sido uno de los pilares de crecimiento cultural y económico en la última década, está en peligro, según la Academia.
«El cine y el audiovisual son parte esencial de la riqueza cultural moderna de los pueblos», afirmó Arambilet. En este contexto, eliminar los incentivos establecidos en la Ley de Cine afectaría directamente la llegada de inversión extranjera y la coproducción nacional, elementos clave para el crecimiento económico y la generación de empleo en el sector”, argumentó Luis Arambilet.
Consecuencias de la reforma
El presidente de Accine RD también advirtió que la tendencia a reducir el gasto público de manera indiscriminada, como lo plantea la reforma, ha dejado desprotegidas áreas esenciales como la cultura, la salud y la educación. Esto, asegura, ha incrementado el desempleo y profundizado la pobreza tanto material como cultural en los países donde se han implementado medidas similares. El sector cinematográfico dominicano, que depende en gran medida de la inversión extranjera, se vería gravemente afectado por la derogación de los incentivos fiscales.
Luis Arambilet aseguró que la reforma no contempla las pérdidas masivas de empleos que se generarían, especialmente en áreas técnicas y creativas, ni el impacto en las empresas de producción y servicios que han operado durante más de diez años en el sector. Asimismo, se ignora el valor que una industria regulada aporta al fisco dominicano a través de los impuestos generados por las producciones.
Preguntas urgentes
Ante esta situación, la Academia plantea preguntas lógicas que deben ser respondidas antes de que el Congreso Nacional tome una decisión. «¿Dónde están los informes sobre los beneficios de la Ley de Cine promovidos por el mismo Estado? ¿Qué pasará con los profesionales del sector que ahora se verán sin trabajo?», cuestionó Arambilet. También señalaron que la implementación de esta reforma redirigiría las inversiones extranjeras a otros países de la región que han adoptado medidas favorables para la industria cinematográfica, en detrimento de la República Dominicana.
Llamado al diálogo
Ante este escenario, Luis Arambilet hace un llamado al diálogo entre el Estado y los actores claves de la industria cinematográfica. «Una reforma que afecta todo un sector productivo debe considerar todos los ángulos, escuchar todas las voces y sopesar los argumentos antes de eliminar el trabajo de años y compromisos internacionales adquiridos», enfatizó el presidente de la Academia.
Advirtió que la propuesta debe ser reevaluada con responsabilidad, para evitar condenar a las nuevas generaciones de profesionales que ven en la industria cinematográfica una vía de desarrollo personal y profesional.
«No podemos truncar el futuro de una industria que aún está en desarrollo y tiene la capacidad de colaborar estrechamente con el Estado para alcanzar objetivos comunes», concluyó Arambilet.
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