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El Gobierno deportará 10 mil haitianos por semana; operativos se ejecutarán de forma inmediata

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El gobierno dominicano informó que se ejecutará un operativo de repatriación de 10,000 migrantes irregulares por semana.

“Se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación, con el objetivo de repatriar hasta 10,000 inmigrantes por semana hacia su país de origen”, apuntó Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.

La información fue dada a conocer en un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader junto con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, para analizar la migración irregular de haitianos en el país.

El plan, que según dijeron busca priorizar tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos, estaría basado en varios puntos fundamentales que ayudarán no solo a enfrentar la migración sino a la trata de personas.

El plan se basa en el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo, y buscará ampliar la desarticulación de redes de tráfico humano; la identificación y el retorno asistido de migrantes; el aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración; el aumento del uso de tecnología de vigilancia; la capacitación de los inspectores de migración y la construcción y mejora de infraestructura.

Homero Figueroa indicó que pondrán en ejecución inmediata el operativo de repatriación.

“El Gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional”, enfatizó.

En la reunión estuvieron presentes los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

También, los Comandantes Generales, del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; de la Fuerza Aérea, mayor general piloto, Floreal T. Suárez Martínez; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto.

Comunicado de la Presidencia

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que preside el presidente de la República, Luis Abinader, acordó este miércoles la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta 10 mil migrantes por semana.

Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación, Homero Figueroa, durante una rueda de prensa luego de concluida la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el Presidente de la República, para abordar la situación de la migración ilegal proveniente de Haití.

“El Gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional”, enfatizó Figueroa.

El vocero de la Presidencia expresó que a pesar del apoyo internacional y de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití para la Pacificación liderada por Kenia, los resultados hasta ahora han sido limitados y el proceso avanza con lentitud. “Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro país”.

En este contexto, explicó, han diseñado un plan integral que responde de manera efectiva a la creciente preocupación ciudadana, priorizando tanto la seguridad como el respeto a los derechos humanos.

Destacó dentro de los puntos acordados durante la reunión el fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo con la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera, con un despliegue de mayor personal y equipamiento especializado.

“Se ampliará la Desarticulación de redes de tráfico humano: Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas, con la colaboración de organismos internacionales y de seguridad”, comunicó.

Además, identificación y retorno asistido de migrantes, donde se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, garantizando condiciones dignas y en colaboración con las autoridades haitianas.

Del mismo modo, aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración, para lo cual se incrementará el número de inspectores y personal capacitado, para garantizar una respuesta más rápida y eficiente en los procesos migratorios.

También, se hará un aumento del uso de tecnología de vigilancia incorporando herramientas tecnológicas avanzadas, como drones y sistemas de vigilancia por cámaras, para mejorar el monitoreo continuo de la frontera.

De igual forma, se capacitará a los inspectores de migración: “Los inspectores de migración recibirán capacitación continua en materia de manejo de crisis, control migratorio y derechos humanos con el objetivo de actuar con profesionalismo y respeto a la ley”.

Asimismo, se trabajará en la construcción y mejora de infraestructura, iniciando proyectos de construcción y renovación de centros de control fronterizo, puntos de inspección y campamentos temporales de repatriación para garantizar el adecuado manejo de los migrantes.

El vocero del Gobierno dijo que seguirán informando al país sobre los avances en la implementación de estas medidas, que buscan una respuesta sostenible y justa al problema de la migración irregular.

En la reunión estuvieron presentes los ministros, de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

También, los Comandantes Generales, del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada, vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez; de la Fuerza Aérea, mayor general piloto, Floreal T. Suárez Martínez; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Luis Soto.

FUENTE: Listín Diario

 

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Diputada aclara está separada de hombre apresado por supuestos vínculos con narcotráfico

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La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.

Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.

“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.

La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».

En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.

Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:

La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.

La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.

Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.

La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.

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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago

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Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.

Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.

El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.

En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.

Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.

Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.

De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.

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