La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso esta tarde 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al exdirector del Intrant, Hugo Beras y a Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam, así como a Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón.

Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres. Asimismo, dictó arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT.

Mientras que impuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.

El grupo es señalado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) apresó a Jochi Gómez, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam SRL, y a Hugo Beras, exdirector del INTRANT, por las presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

El 31 de octubre del año 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, S.R.L por lo indicios de irregularidades encontrados en el contrato.

Contrataciones Públicas decidió suspender los efectos del contrato por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 de pesos.

favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados», dice el documento del MP.

Sin embargo, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Director de Tecnología del INTRANT y además encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude.

El MP sostiene en la orden de arresto que este implicado facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que, según el documento público, no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.

«De igual modo adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado y tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos», señala el MP.

En el caso de José Ángel Gómez Canaán (conocido como Johchy Gómez ), se le atribuye en ser el beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.

La fiscalía indica que es investigado por ser el principal beneficiario económico del esquema corrupto.

Dice que a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.

«En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo», cita el MP.

Con relación a Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT) el MP subraya que es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

FUENTE: Eldia.com.do

En la República Dominicana, el Proyecto de Modernización Fiscal presentado por el gobierno el lunes ha generado preocupación en el sector de bebidas alcohólicas, que solicita un análisis exhaustivo de la propuesta para evitar repercusiones negativas.

El gobierno plantea dos principales medidas para aumentar la recaudación en este sector: uno, impuesto específico por grado de alcohol. Se propone aumentar el impuesto específico de 724.12 a 840 pesos por litro de alcohol absoluto, afectando directamente los precios de las bebidas con mayor contenido alcohólico.

Además, el aumento de la tasa Ad-Valorem: se busca incrementar esta tasa de 10 % al 11 %, incrementando la carga fiscal para productores e importadores.

Ante este planteamiento, la Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) rechaza estos aumentos, argumentando que resultarán en una carga tributaria del 52 % para el ron dominicano, con un impacto aún mayor en el segmento de bajo precio.

Circe Almánzar, portavoz de Adopron, advirtió que esto podría generar un aumento en el mercado ilícito y afectar a los consumidores de menor poder adquisitivo.

«Cualquier incremento adicional, como el que propone elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Específico, generaría un efecto nocivo, particularmente en los consumidores de menor poder adquisitivo», afirmó

Apuntó que los productores de ron no están solicitando incentivos; están pidiendo equidad.

«La industria del ron dominicano es un motor de divisas y empleo que contribuye significativamente a nuestra economía y nuestra identidad nacional. Repetir los errores del pasado sería un golpe innecesario e injusto», dijo Almánzar.

Cervecería
Por su lado, Fabián Suárez, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), expresó su preocupación por las posibles consecuencias del proyecto, recordando que el sector cervecero contribuye significativamente al PIB del país y genera miles de empleos.

«Claramente para nosotros es una afectación y estamos preocupados por lo que pueda llegar a significar, pero en este momento estamos analizando todas las implicaciones para poder dar una respuesta más concreta sobre qué significa», enfatizó el ejecutivo.

Suárez recordó que el sector cervecero genera el 2.7 % del PIB de la República Dominicana, aportando 41,335 millones pesos en impuestos anualmente y que, en el caso de la CND, es el quinto contribuyente fiscal del Estado dominicano.