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Jueza dicta 18 meses de prisión a Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Padovani

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La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso esta tarde 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al exdirector del Intrant, Hugo Beras y a Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam, así como a Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón.

Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo Hombres. Asimismo, dictó arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT.

Mientras que impuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.

El grupo es señalado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) apresó a Jochi Gómez, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam SRL, y a Hugo Beras, exdirector del INTRANT, por las presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

El 31 de octubre del año 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, S.R.L por lo indicios de irregularidades encontrados en el contrato.

Contrataciones Públicas decidió suspender los efectos del contrato por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 de pesos.

favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados», dice el documento del MP.

Sin embargo, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Director de Tecnología del INTRANT y además encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude.

El MP sostiene en la orden de arresto que este implicado facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que, según el documento público, no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.

«De igual modo adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado y tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos», señala el MP.

En el caso de José Ángel Gómez Canaán (conocido como Johchy Gómez ), se le atribuye en ser el beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.

La fiscalía indica que es investigado por ser el principal beneficiario económico del esquema corrupto.

Dice que a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.

«En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo», cita el MP.

Con relación a Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT) el MP subraya que es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

FUENTE: Eldia.com.do

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Hombre mata a su pareja en San Cristóbal

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Una mujer de 26 años murió tras recibir varias heridas de arma blanca presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector El Cacique, San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Esther Salomón, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con un arma blanca, según informó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó la búsqueda del agresor, un hombre de nacionalidad haitiana, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

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La JCE aclara que se casaron un hombre y una mujer en unión transexual

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La Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado oficial este 31 de agosto de 2026 para precisar la base jurídica del reciente matrimonio entre Jayden Resto Holguín y Regina Balaguer de Resto (conocida como «Reina de Coronas»), un enlace reportado por RC Noticias y celebrado por colectivos de derechos humanos como la primera boda pública entre un hombre trans y una mujer trans en la nación.

En su pronunciamiento, el órgano custodio del registro civil dominicano aclaró que el matrimonio entre los ciudadanos asentados legalmente como Aris Doris Resto Holguín (registrada como mujer) y Miguel José Balaguer de la Rosa (registrado como hombre) cumple estrictamente con los requisitos de la Constitución y las leyes nacionales. La institución enfatizó que el enlace fue formalizado entre un hombre y una mujer conforme a sus actas de nacimiento y documentos de identidad vigentes, reiterando su apego al mandato constitucional.

Por su parte, la pareja defiende el valor simbólico e histórico del acto al tratarse de dos personas trans que defienden sus respectivas identidades de género.

Tras cuatro meses de relación a distancia iniciada en redes sociales y dos años de noviazgo, en mayo de 2026 iniciaron los trámites formales para consolidar su relación.

El trayecto administrativo estuvo marcado por dificultades.

Regina denunció que sufrieron trabas y tratos transfóbicos durante la entrega de documentos debido a su apariencia física: «Nos pidieron los documentos, pero después no nos querían casar por cómo nos veíamos. En ninguna ley aparece un código de vestimenta». No obstante, la contrayente matizó la experiencia diferenciando la burocracia del momento del enlace, destacando que el oficial civil que los casó los trató con absoluta modestia y respeto.

La unión contó con la orientación y acompañamiento de la organización TRANSSA – Trans Siempre Amigas, y recibió felicitaciones del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) y COLESDOM, entidades que calificaron el evento como un hito significativo para la visibilidad y el reconocimiento de las familias trans.

A pesar del marco técnico expuesto por la JCE, la pareja mantiene su postura sobre el impacto del evento para la comunidad LGTBIQ+. En palabras de Regina: «Que se reconozca legalmente mi matrimonio en la República Dominicana sí es un paso enorme para la comunidad completa. Este es el inicio. Luchemos por nuestros derechos, por los que tenemos y los que aún nos niegan, sin cansarnos».

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