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El joven que atropelló a tres personas en Ciudad Juan Bosch es hijo de una jueza
El joven que atropelló a tres personas en Ciudad Juan Bosch es hijo de una jueza
Creen que la magistrada usa su poder para obstaculizar el proceso judicial contra el conductor
El joven que atropelló a tres personas en Ciudad Juan Bosch es hijo de una jueza
En esta yipeta, a nombre de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, del año 2004, madre del supuesto menor que habría atropellado a varias personas en el accidente en Ciudad Juan Bosch. (Fuente externa)
El joven que atropelló brutalmente a tres personas en la Ciudad Juan Bosch, de las cuales una falleció, es hijo de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo.
El vehículo, todavía con placa de exhibición y que está retenido por las autoridades, está a su nombre. Se trata de una yipeta marca Mazda, modelo CX9, del año 2024, reseña Diario Libre.
La acusan de usar su poder
Los parientes de las víctimas la acusan de usar su poder para entorpecer sus acciones, al punto de supuestamente se les habría negado hacer la declaración de tránsito ante la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett).
Aseguran que el joven está en libertad y lo imputan de haber actuado con premeditación con el propósito de hacer daño, aunque no explican si entre ellos había algún conflicto previo.
Tanto el joven como los accidentados viven en la Ciudad Juan Bosch.
Aunque se ha dicho que se trata de un menor de 17 años de edad, la familia de los afectados dicen que no lo han visto ni éste ha sido presentado ante las autoridades.
En la declaración jurada de bienes de la magistrada Ramírez Jiménez figura un hijo que nació en el 2006, por lo que en enero cumplió la mayoría de edad, y otro que nació en diciembre del 2008, y cumple 16 años en diciembre.
“Esto fue un crimen. Si ustedes ven los videos se pueden dar cuenta de que esto fue un asesinato contra mi familia. Querían acabar con toda mi familia, no sé cuáles eran las intenciones”, señala Alfredo Trinidad, hermano de la fallecida.
En los videos que grabaron las cámaras de vigilancia de la plaza se puede ver cómo el conductor entró y salió varias veces del estacionamiento.
Luego permaneció varios minutos aparcado, hasta que las dos mujeres y los menores se dispusieron a salir.
En ese momento, el vehículo fue conducido a la salida y, justo cuando los peatones empezaron a cruzar la calle, aceleró en vía contraria, despedazando a sus víctimas bajo las llantas.
Altagracia Trinidad fue sepultada ayer sábado en Constanza, mientras que Eulalia Trinidad, su hermana, está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, con un brazo roto y traumas en el cráneo.
También está hospitalizada en cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza una adolescente de 14 años de edad con un trauma cráneoencefálico severo, en ventilación mecánica.
«No me percaté»
La tragedia ocurrió el jueves alrededor de las 10:00 de la noche y el joven acudió junto a su padre, Víctor Manuel Hernández, a hacer la declaración de tránsito al día siguiente a las 5:25 de la tarde.
En el acta de su testimonio se puede leer lo siguiente: “Atropellé a las señoras (los nombres de las víctimas) ya que iban cruzando y no me percaté”.
El abogado de la familia, Hanfiel Polanco, afirma que “el menor fue encargado a un militar, como parte de los protocolos que se utilizan en estos casos a los fines de que pueda ser llamado en cualquier momento”.
“Sin embargo, el menor no ha sido presentado en ninguna de las instancias. El acta de tránsito ni siquiera fue firmada por los padres, sino por un abogado que ellos buscaron para esos fines”, afirma.
Se queja de que las autoridades no les han querido entregar documentos ni pruebas y no saben si los pasajeros que iban a bordo han sido interrogados.
“Entendemos que aquí, fuera de lo que pueda ser un accidente, hay otras connotaciones penales, por las condiciones en que se dieron los hechos. Ustedes han sido observadores de varios videos donde se ven a estos sujetos de manera muy planificada: ida, vuelta, esperar que crucen para acelerar…”, conjetura el togado.
Este lunes, en la mañana interpondrían una denuncia ante el Tribunal de Tránsito de Santo Domingo Este y depositarán en el Consejo del Poder Judicial una solicitud para investigar a la referida jueza.
Dificultades para declarar
El abogado Polanco contó al periódico Diario Libre que el viernes se presentaron en la Digesset y allí les pidieron pruebas de que las dos personas que estaban hospitalizadas fueron ingresadas por un accidente de tránsito.
Luego, la Digesset de Santo Domingo Este les habría solicitado el acta de nacimiento de la fallecida, pero no la aceptaban porque no existían pruebas de afiliación de hermanos entre el declarante, Alfredo Trinidad, y la muerta.
Tuvieron que ir a una oficialía de la Junta Central Electoral (JCE) para obtenerlas.
“Después de varias llamadas, nos autorizaron hacer la denuncia. Sin embargo, tenían órdenes del Ministerio Público de que no podían recibir la denuncia en Santo Domingo Este por el supuesto de que esa persona ya se había presentado”, asegura el abogado.
Luego se dirigieron al Centro del Automovilista, donde le informan que tenían que esperar una magistrada fiscalizadora, pero ella no estaba porque era sábado en la noche.
Finalmente pudieron hacer su declaración de tránsito el sábado alrededor de las 8:00 de la noche.
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Caso Senasa: Juez se reserva para este domingo fallo sobre medidas de coerción
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, aplazó para este domingo, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre las medidas de coerción solicitadas contra los imputados en el caso Senasa, tras concluir la audiencia de conocimiento.
La decisión fue anunciada luego de una extensa jornada judicial que se prolongó por más de 12 horas, durante la cual el Ministerio Público concluyó la presentación de sus argumentos ante el tribunal.
La exposición estuvo a cargo de los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes detallaron los elementos que, según sostienen, comprometen la responsabilidad penal de los acusados.
Posteriormente, las defensas de los imputados hicieron uso de la palabra para responder a las acusaciones y presentar sus objeciones a la solicitud de medidas.
Operación Cobra
El Ministerio Público informó el pasado fin de semana el lanzamiento de la denominada “operación Cobra”, una investigación que busca esclarecer la presunta sustracción de fondos públicos a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Como parte de este operativo, las autoridades realizaron alrededor de una docena de allanamientos simultáneos, con la participación de más de 20 fiscales y aproximadamente 200 agentes policiales.
Entre los implicados figuran Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa entre 2020 y 2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución en el mismo período; y Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del organismo.
También están vinculados al proceso Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, empleado de la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S. A.
La lista de imputados incluye además a Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical, S. A.; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes 8 de noviembre; y Heidi Mariela Pineda.
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Dos imputados caso Senasa comerán lechón en su casa en Nochebuena
Ministerio Público pide variar a arresto domiciliario la medida de coerción para Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.
Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.
Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.
Durante el pasado jueves, la defensa de Read Estrella, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y José Pablo Ortiz Giráldez, también conocido como «El Gordo».
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
Igualmente, Pineda admitió su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó a colaborar con las autoridades en el caso del Senasa.
El caso
El Ministerio Público anunció durante el fin de semana pasado la puesta en marcha de la denominada «operación Cobra», en la que acusa a un grupo de personas de haber sustraído dinero al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Este operativo conllevó una docena de allanamientos con la participación de más de 20 fiscales y 200 agentes policiales.
Hasta el momento los implicados en este caso judicial son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución durante el período 2020-2025; Gustavo Enrique Messina Cruz, gerente financiero de la institución entre 2020-2025; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa.
También Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa entre 2020-2025; Ramón Alan Speakler Mateo, quien laboraba en la entidad desde 2016; Eduardo Read Estrella, miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A, Cinty Acosta Sención y gerente de la empresa Madison Medical, S. A; Ada Ledesma Ubiera, propietaria de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim, que se entregó la tarde del martes 8 de noviembre y Heidi Mariela Pineda.
Conforme a los fiscales al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Vía Listín Diario
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