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Carlos Pimentel defiende a capa y espada designación como director de Alianzas Público-Privadas
En respuesta a los cuestionamientos que han surgido luego de su designación como director de Alianzas Público-Privadas (APP), ocupando esa misma función en la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel garantizó que durante las votaciones en el Consejo de ese organismo, «en toda decisión que involucre o que pudiera generar conflicto de interés, optaría por la inhibición o la delegación».
Pimentel también dijo que, incluso, es atribución del Consejo de APP tomar otras medidas que garanticen la integridad y objetividad de las decisiones.
Las críticas se concentran a que ocupará dos puestos en el Consejo de la Alianzas Público-Privadas y, que como director de Compras y Contrataciones, tiene voz y voto ya en esa entidad.
Sobre los señalamientos de que se viola la Ley 47-20, de APP, con su nombramiento, Pimentel aclaró que no es cierto, porque el artículo 144 de la Constitución hace la excepción al impedimento de que un funcionario público ocupe dos posiciones a la vez en el Estado, cuando en una de ellas sea no remunerada.
Asimismo, mencionó que «la Unidad de Compras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, desde su creación ha estado regulada por la Ley 340-06, para cumplir con los principios y normas que esta impone para todas las instituciones sujetas a su ámbito de aplicación», que incluye a la APP.
«Por lo que, la unidad de compras de la DGAPP (Dirección General de Alianzas Público-Privadas) queda sujeta a las mismas prácticas y, además, estaré designando en los próximos días un oficial de cumplimiento regulatorio tal como el que cuenta la DGCP (Dirección General de Compras Públicas)», agregó el funcionario, quien también es abogado.
Según el artículo 15 de la Ley 47-20, el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas debe estar compuesto por el ministro de la Presidencia, que lo presidirá; los ministros de Hacienda y Economía, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director general de Contrataciones Públicas, con voz y voto, exclusivamente en lo que respecta al diseño y estructuración de los procesos competitivos de selección de adjudicatario y por el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, también «con voz, pero sin voto».
Está consciente de los retos
En un comunicado, escrito y en video, Pimentel sostuvo que está «consciente» del nuevo reto que le asignó el presidente Abinader, al cual reiteró su agradecimiento por la confianza depositada en él, así como del valor estratégico que tendrá para el desarrollo del país cuando se logre consolidar el «fuerte sistema integral de contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y APP».
El funcionario afirmó que durante su labor en la sociedad civil, como en su trayectoria en el servicio público ha «trabajado con total entrega para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la institucionalidad de la Administración Pública, compromisos que seguirá honrado desde sus nuevas funciones en la APP y la DGCP».
Antes de ser designado por Abinader en la Dirección General de Contrataciones Públicas, en agosto del 2020, Pimentel formaba parte de Participación Ciudadana, como director ejecutivo de esa organización apartidista, representante en el país de Transparencia Internacional.
DL
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Hombre mata a su pareja en San Cristóbal
Una mujer de 26 años murió tras recibir varias heridas de arma blanca presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector El Cacique, San Cristóbal.
La víctima fue identificada como Esther Salomón, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con un arma blanca, según informó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.
Tras el hecho, la Policía Nacional activó la búsqueda del agresor, un hombre de nacionalidad haitiana, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.
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La JCE aclara que se casaron un hombre y una mujer en unión transexual
La Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado oficial este 31 de agosto de 2026 para precisar la base jurídica del reciente matrimonio entre Jayden Resto Holguín y Regina Balaguer de Resto (conocida como «Reina de Coronas»), un enlace reportado por RC Noticias y celebrado por colectivos de derechos humanos como la primera boda pública entre un hombre trans y una mujer trans en la nación.
En su pronunciamiento, el órgano custodio del registro civil dominicano aclaró que el matrimonio entre los ciudadanos asentados legalmente como Aris Doris Resto Holguín (registrada como mujer) y Miguel José Balaguer de la Rosa (registrado como hombre) cumple estrictamente con los requisitos de la Constitución y las leyes nacionales. La institución enfatizó que el enlace fue formalizado entre un hombre y una mujer conforme a sus actas de nacimiento y documentos de identidad vigentes, reiterando su apego al mandato constitucional.
Por su parte, la pareja defiende el valor simbólico e histórico del acto al tratarse de dos personas trans que defienden sus respectivas identidades de género.
Tras cuatro meses de relación a distancia iniciada en redes sociales y dos años de noviazgo, en mayo de 2026 iniciaron los trámites formales para consolidar su relación.
El trayecto administrativo estuvo marcado por dificultades.
Regina denunció que sufrieron trabas y tratos transfóbicos durante la entrega de documentos debido a su apariencia física: «Nos pidieron los documentos, pero después no nos querían casar por cómo nos veíamos. En ninguna ley aparece un código de vestimenta». No obstante, la contrayente matizó la experiencia diferenciando la burocracia del momento del enlace, destacando que el oficial civil que los casó los trató con absoluta modestia y respeto.
La unión contó con la orientación y acompañamiento de la organización TRANSSA – Trans Siempre Amigas, y recibió felicitaciones del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) y COLESDOM, entidades que calificaron el evento como un hito significativo para la visibilidad y el reconocimiento de las familias trans.
A pesar del marco técnico expuesto por la JCE, la pareja mantiene su postura sobre el impacto del evento para la comunidad LGTBIQ+. En palabras de Regina: «Que se reconozca legalmente mi matrimonio en la República Dominicana sí es un paso enorme para la comunidad completa. Este es el inicio. Luchemos por nuestros derechos, por los que tenemos y los que aún nos niegan, sin cansarnos».
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