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Gobierno eliminará limitación en licencias de conducir para personas mayores de 65 años

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El presidente Luis Abinader manifestó que en «las próximas semanas» será eliminada la disposición que limita que establece que las personas mayores de 65 años solo pueden renovar la licencia de conducir por dos años, si es de las categorías 01,02 y 03 por un pago de RD$1,900.

Durante La Semanal con la Prensa, el mandatario incluso manifestó que «nadie conocía» el artículo 21 del reglamento de licencias de conducir establece que para las categorías 1, 2 y 5, el período de vigencia será de cuatro años hasta que el titular de la licencia cumpla los 65 años.

“Ni yo ni muchos de ustedes conocíamos de la existencia de esa resolución y es bueno que se haya tratado, porque eso se va a corregir», expresó Abinader.

Reseña Listín Diario que en las últimas semanas, múltiples sectores han señalado que la medida es discriminatoria e ilegal. Justo el pasado viernes el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, señaló que la medida iba a ser revisada.

Justifica la doble designación de Carlos Pimentel
En ese mismo espacio, Abinader señaló que la doble designación de Carlos Pimentel como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección General de Alianzas Público -Privada (Dgapp) buscaba eficientizar la integración de ambos sistemas.

«La explicación estaba en el segundo artículo de ese decreto, quizás no se explicó cómo se debía, pero lo que se buscaba era funcionar todo ese sistema y si nombro dos personas no se iba a realizar con la rapidez debida. En el tema de eficienciatizacioń del Estado y unificar todo el sistema de comprás y contrataciones porque las App son compras», explicó el presidente.

El segundo artículo del decreto 614-24 manifiesta que » el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y de la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá presentar al Poder Ejecutivo, en un plazo de 12 meses, una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP). Esta propuesta tendrá como finalidad la optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del del Estado dominicano, a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas públicoprivadas».

Fue en ese decreto que se realizó la doble designación de Pimentel, la cual fue rebatida por la oposición política, Participación Ciudadana (entidad a la que pertenecía Pimentel antes de ingresar al Estado) y el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quién advirtió sobre el «conflicto de intereses» de esa doble función.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el presidente Abinader indicó que sí recibió la comunicación del consultor y que su opinión fue tomada en cuenta durante la reunión del equipo jurídico y que la decisión de la designación de Pimentel fue tomada «en consenso».

Tras varios días de cuestionamientos, Pimentel renunció a la titularidad de la Dgapp y se mantendrá como director de Contrataciones Públicas, el cuál estaba supuesto a realizar a «título honorífico».

Abinader señaló que en los próximos días estaría nombrando un nuevo director ejecutivo de Alianza Público y Privadas.

Avances en abastecimiento de medicamentos
El presidente Abinader presentó también los avances registrados en el abastecimiento y acceso de medicamentos de Promese/CAL junto con su director, Adolfo Pérez, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Estos a su vez ampliaron los detalles en las inversiones que conllevan estas mejoras y el Programa de Alto Costo.

El mandatario dio inicio al citar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, que según explicó ha inaugurado 103 nuevos establecimientos, para alcanzar 647 a nivel nacional.

“Con estos se beneficia a más de 5 millones de personas cada mes, quienes así pueden ahorrar hasta 96 % del costo de sus medicamentos, en comparación con farmacias privadas”, dijo.

Sostuvo que con esto el Estado contribuye con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, referente a la salud y bienestar de los ciudadanos.

Las Farmacias del Pueblo cuentan además con un catálogo actualizado de medicamentos, al que se agregaron 41 principios activos que corresponden a psicofármacos, tratamientos de tuberculosis y VIH, cardiovasculares, analgésicos, antibióticos y antiepilépticos así como anestésicos, anticonceptivos y contra hipertensión arterial, con moléculas más eficaces y efectivas.

Se han ampliado las opciones terapéuticas para la diabetes y el manejo de la obesidad con 74 nuevos medicamentos incluidos.

Asimismo se está invirtiendo más en la salud mental, con un mayor número de tratamientos.

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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago

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El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

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Gregory Adames se la canta a los hermanos Espaillat en juicio preliminar

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Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set y sobreviviente del colapso que el 8 de abril de 2025 dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, ejerció este lunes su derecho a declarar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la audiencia preliminar reanudada tras el receso del pasado 20 de abril.

Su testimonio, ofrecido en calidad de víctima —una figura procesal distinta a la de testigo, cuya presentación el juez Reymundo Mejía había rechazado en la sesión anterior—, fue uno de los más directos y detallados escuchados hasta ahora en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local.

«Él que está aquí no puede decir que no sabía»
Ante el magistrado Mejía, Adames fue categórico: los responsables del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba la discoteca.

«El que está aquí no puede decir que no sabía lo que pasaba. Todas las situaciones se me comunicaban a mí y yo se las reportaba directamente», afirmó, en referencia a los propietarios del local.

Según su relato, las fallas estructurales —entre ellas filtraciones de agua y desprendimientos de plafones— eran una constante desde que ingresó a trabajar en el lugar, y se fueron agravando con el tiempo.

Cada incidencia, sostuvo, era notificada de manera reiterada a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que se tomaran medidas correctivas.

Instalaciones provisionales que nunca se corrigieron
Adames también describió un incendio ocurrido en la planta eléctrica del local, tras el cual técnicos especializados habrían advertido que el establecimiento no estaba en condiciones de operar.

Sin embargo, según su versión, se insistió en reabrir la discoteca recurriendo a instalaciones provisionales.

«Se colocaron cables temporales que permanecieron desde 2023 hasta el día del derrumbe», afirmó, a pesar de que las recomendaciones técnicas apuntaban en sentido contrario.

Meses antes del colapso, agregó, se reportaban desprendimientos de plafones y acumulación de agua que eran atendidos de forma improvisada: en lugar de corregir las fallas de raíz, se colocaban lonas para contener el agua.

«El problema no era una sola vez, era constante», puntualizó.

Adames, aseguró que la noche del incidente solicitó la suspensión de la actividad tras detectar estas situaciones de riesgo dentro del establecimiento.

De acuerdo con su declaración, él tomó la decisión luego de que se registrara un evento previo con un cliente y observar condiciones que consideró peligrosas.

Sin embargo, afirmó que su petición fue rechazada por los responsables del negocio, quienes alegaron que se trataba de una “buena fecha” desde el punto de vista comercial.

Un proceso marcado por tensiones y deserciones
La declaración de Adames se produce en un momento de alta tensión procesal. En la sesión del 20 de abril, el juez Mejía había rechazado la solicitud de una de las partes querellantes de presentarlo como testigo, argumentando que la etapa de instrucción no es el momento para la producción probatoria, sino el juicio de fondo.

El abogado Luis Aybar, representante de Adames, elevó la voz en sala para exigir que su defendido fuera escuchado.

Ese mismo día, alrededor de 50 querellantes se retiraron del proceso, aunque sus representantes legales aseguraron que quienes permanecen mantienen una postura firme.

El Ministerio Público, que en noviembre de 2025 presentó una acusación formal de 156 páginas, solicita la apertura a juicio por homicidio involuntario de 236 personas y golpes y heridas involuntarias a más de un centenar de víctimas.

Vía Acento.com.do

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