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Gobierno eliminará limitación en licencias de conducir para personas mayores de 65 años

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El presidente Luis Abinader manifestó que en «las próximas semanas» será eliminada la disposición que limita que establece que las personas mayores de 65 años solo pueden renovar la licencia de conducir por dos años, si es de las categorías 01,02 y 03 por un pago de RD$1,900.

Durante La Semanal con la Prensa, el mandatario incluso manifestó que «nadie conocía» el artículo 21 del reglamento de licencias de conducir establece que para las categorías 1, 2 y 5, el período de vigencia será de cuatro años hasta que el titular de la licencia cumpla los 65 años.

“Ni yo ni muchos de ustedes conocíamos de la existencia de esa resolución y es bueno que se haya tratado, porque eso se va a corregir», expresó Abinader.

Reseña Listín Diario que en las últimas semanas, múltiples sectores han señalado que la medida es discriminatoria e ilegal. Justo el pasado viernes el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, señaló que la medida iba a ser revisada.

Justifica la doble designación de Carlos Pimentel
En ese mismo espacio, Abinader señaló que la doble designación de Carlos Pimentel como titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección General de Alianzas Público -Privada (Dgapp) buscaba eficientizar la integración de ambos sistemas.

«La explicación estaba en el segundo artículo de ese decreto, quizás no se explicó cómo se debía, pero lo que se buscaba era funcionar todo ese sistema y si nombro dos personas no se iba a realizar con la rapidez debida. En el tema de eficienciatizacioń del Estado y unificar todo el sistema de comprás y contrataciones porque las App son compras», explicó el presidente.

El segundo artículo del decreto 614-24 manifiesta que » el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y de la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá presentar al Poder Ejecutivo, en un plazo de 12 meses, una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP). Esta propuesta tendrá como finalidad la optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del del Estado dominicano, a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas públicoprivadas».

Fue en ese decreto que se realizó la doble designación de Pimentel, la cual fue rebatida por la oposición política, Participación Ciudadana (entidad a la que pertenecía Pimentel antes de ingresar al Estado) y el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quién advirtió sobre el «conflicto de intereses» de esa doble función.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el presidente Abinader indicó que sí recibió la comunicación del consultor y que su opinión fue tomada en cuenta durante la reunión del equipo jurídico y que la decisión de la designación de Pimentel fue tomada «en consenso».

Tras varios días de cuestionamientos, Pimentel renunció a la titularidad de la Dgapp y se mantendrá como director de Contrataciones Públicas, el cuál estaba supuesto a realizar a «título honorífico».

Abinader señaló que en los próximos días estaría nombrando un nuevo director ejecutivo de Alianza Público y Privadas.

Avances en abastecimiento de medicamentos
El presidente Abinader presentó también los avances registrados en el abastecimiento y acceso de medicamentos de Promese/CAL junto con su director, Adolfo Pérez, y el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Estos a su vez ampliaron los detalles en las inversiones que conllevan estas mejoras y el Programa de Alto Costo.

El mandatario dio inicio al citar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, que según explicó ha inaugurado 103 nuevos establecimientos, para alcanzar 647 a nivel nacional.

“Con estos se beneficia a más de 5 millones de personas cada mes, quienes así pueden ahorrar hasta 96 % del costo de sus medicamentos, en comparación con farmacias privadas”, dijo.

Sostuvo que con esto el Estado contribuye con el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, referente a la salud y bienestar de los ciudadanos.

Las Farmacias del Pueblo cuentan además con un catálogo actualizado de medicamentos, al que se agregaron 41 principios activos que corresponden a psicofármacos, tratamientos de tuberculosis y VIH, cardiovasculares, analgésicos, antibióticos y antiepilépticos así como anestésicos, anticonceptivos y contra hipertensión arterial, con moléculas más eficaces y efectivas.

Se han ampliado las opciones terapéuticas para la diabetes y el manejo de la obesidad con 74 nuevos medicamentos incluidos.

Asimismo se está invirtiendo más en la salud mental, con un mayor número de tratamientos.

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Lanzan cadáver de un hombre desde una motocicleta en marcha en Santiago

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Un hombre, aún no identificado, fue ultimado a tiros y posteriormente lanzado desde una motocicleta en marcha, en un hecho ocurrido la mañana de este jueves en el sector Don Pedro, en Santiago.

De acuerdo con versiones ofrecidas por residentes de la zona, la víctima habría sido baleada en un presunto punto de venta de drogas y luego trasladada en una motocicleta, desde la cual su cuerpo fue arrojado a plena vía pública.

El cadáver presenta múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo, según las informaciones preliminares.

De acuerdo a Maricela De La Cruz, el hecho ha causado consternación entre los comunitarios, mientras agentes de la Policía Nacional y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los responsables del crimen ni las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

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Imponen tres meses de prisión preventiva a fiscal Aurelio Valdez Alcántara

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La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo del caso del Servicio Nacional de Salud (Senasa).

La magistrada tomó la decisión tras una audiencia de más de diez horas en la que rechazó varios incidentes de la defensa.

La jueza dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, tras acoger un pedimento de manera parcial presentado por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.

Asimismo, la jueza, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fijó para el próximo 29 de julio la revisión obligatoria de la medida en contra del fiscal, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Se recuerda que la jueza había sido recusada por la defensa del imputado, pero el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la rechazó, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declarara su incompetencia para conocer dicha recusación.

Incidentes planteados por la defensa
Entre los incidentes presentados por los abogados del imputado, los doctores Albert Delgado y Valentín Medrano, se encontraba la solicitud de apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida de coerción.

También requirieron la nulidad de la investigación realizada por Camacho y por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

La defensa alegó que la solicitud de medida de coerción debía estar firmada por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien, de acuerdo con sus argumentos, es la autoridad con jurisdicción para el caso.

Otro de los pedimentos rechazados por la jueza fue el de permitir el acceso de los medios de comunicación a la sala de audiencias durante el conocimiento de la medida, bajo el argumento de la defensa de que el proceso debía ser público.

El caso
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero en efectivo al testigo Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud.

Dada la gravedad de los hechos y la investidura del imputado, el órgano persecutor había solicitado originalmente un año de prisión preventiva.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de las investigaciones aprovechando su posición y relaciones dentro del sistema de justicia.

Vía Listín Diario

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