La disposición del Ministerio de Administración Pública (MAP), que ordena a los empleados reportar el pago del agua y la luz a sus respectivas instituciones, ha desatado críticas y reacciones adversas por parte de la oposición.

La Fuerza del Pueblo vertió su acidez al respecto, rechazando de plano esa medida. El vocero de sus diputados, Rafael Castillo, y su encargado de Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez, se pronunciaron objetando de plano la ordenanza.

Para Castillo, la medida es una muestra de “la ineficiencia y la falta de responsabilidad de un Gobierno que, en vez de abocarse a hacer una reforma tributaria consensuada y responsable, lo que desea es seguir improvisando con mamotretos de medidas como estas, que son ilegales en la Administración pública”.

En declaraciones directas a N Digital, dice que el Gobierno se enreda en contradicciones, ya que, por un lado, gasta “miles de millones en una sola institución en alquiler de locales” mientras “quiere cargar a los empleados públicos exigiéndoles que presentes recibos de los servicios que posean o no posean”.

“Es ilegal, primero porque viola derechos de discrecionalidad del individuo y podría decir que es violatorio del artículo 1315 del Código Civil dominicano sobre la carga de la prueba, ya que, quien quiere probar un hecho es quien debe presentarlo y quien quiere defenderse es quien debe refutarlo, por tal razón es el mismo Estado que, cumpliendo su rol de responsabilidad, debe ir entonces a mejorar sus recaudaciones, yendo detrás del que no paga; no obstante, este Gobierno lo que que le gusta es coger piedra para los más chiquitos”, afirma el diputado Castillo.

Su compañero de partido, Raúl Martínez, considera que la medida es “una torpeza que revela el grado de improvisación y el caos que reina en la gestión pública bajo la tutela del PRM“.

“Quien no pague las facturas de energía y de agua potable se expone a la suspensión de dichos servicios por parte de las entidades que los suministran; por lo que ellos pueden acceder a gran parte de la información que procuran simplemente verificando si, entre las personas a las que se ha suspendido el servicio por falta de pago, se encuentran ciudadanos que figuren en la nómina pública”, indica en declaraciones a este medio.

La medida “no sólo revela la impericia de las autoridades, sino que tampoco es necesaria. Llevan más de 4 años en el poder, y aún se producen medidas insólitas como ésta”, concluyó.

El ministro de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, negó este viernes en el programa A Diario que viole la constitución y la Ley 41-08, la resolución 01083 que dispone que los empleados del Estado deben demostrar en las instituciones que laboran que pagan los servicios, entre ellos la energía y el agua.

Aclaró que no se establecen sanciones en la disposición al que no presente los pagos y que no cancelarán a nadie por eso no habrá represión al que no cumpla.

De igual modo, indicó que el pago de los servicios genera un recibo que es un documento público.

Sostuvo que no se trata de violar la intimidad y derechos, sino de recabar informaciones para crear una cultura de pago y cumplimiento para beneficiara a la población en general y que pueden apelar la resolución.

“¿Qué buscamos con esto?, este país necesita mayor compromiso de todos nosotros. Nosotros como servidores públicos tenemos que poner el ejemplo. Aquí nadie debe sentirse ofendido porque simplemente se le solicite que deposite su factura de electricidad, ni apelar a ningún derecho constitucional porque no estamos violando nada ni sancionando ni recriminando por nada”, expuso.

Sigmund Freund manifestó que quiere trazar una pauta y político de responsabilidad de pago de los servicios porque todo el mundo se queja de la deficiencia de energía eléctrica, agua y otros y que no quieren pagarlos.

Puntualizó que los empleados del gobierno quieren dar el ejemplo de poner un grano de arena para mejorar los servicios en la República Dominicana.

RCC Media