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Arrestan 9 miembros de la Policía y un civil vinculados a venta de municiones
Operación Pandora: Más de 900 mil proyectiles supuestamente robados por policías en red criminal
El Ministerio Público arrestó ayer en la madrugada a nueve miembros de la Policía Nacional y una civil a quienes les imputa componer una red criminal integrada por agentes de la institución, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas.
Atribuye a dicha red el sustraer más de 900,000 proyectiles.
La investigación, que condujo a lo que se denominó como operación Pandora, comenzó en octubre pasado, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía, y el director general de la Policía Nacional.
En una nota de prensa, el Ministerio Público dio a conocer los nombres y rangos de los policías acusados y el de una mujer, para quienes se pedirán medidas de coerción, lo que debe suceder en las próximas horas.
Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones.
Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
Cabo Juan Luis Díaz Medina.
Raso Rubiel Martínez (alias Escobar).
Raso Moreibin Medina Pérez.
Miguelina Bello Segura, civil.
El seguimiento
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, “acción que fue rápidamente detectada por los investigadores”.
“En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal”, señaló el Ministerio Público.
Allanamientos múltiples
En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Las incautaciones durante la operación Pandora
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un “robusto conjunto de pruebas” para presentar ante el juez de instrucción, informó el Ministerio Público.
El organismo consideró que este caso “es un ejemplo” de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
Valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.
“Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, indicó el Ministerio Público.
En el operativo participaron 200 policías y 40 fiscales.
Fue el Ministerio de Interior y Policía el que informó el 31 de octubre el desmantelamiento de una red delictiva que operaba a lo interno de la Policía Nacional y que, según sus conclusiones, se dedicaba al robo de municiones de los depósitos internos con el fin de venderlas de manera particular. Se indicó que luego ofrecerían más detalles.
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Abinader y Emir de Qatar tratan en Doha sobre inversiones en República Dominicana
Doha, Qatar.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión ayer con el Emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, con quien trató importantes temas de interés para ambas naciones.
El mandatario dominicano arribó al Palacio Real a las 10:30 de la mañana siendo recibido personalmente por el Emir.
Ambos encabezaron, primeramente, un encuentro bilateral de sus respectivos equipos ministeriales donde se intercambiaron intereses empresariales, comerciales y de inversiones.
Posteriormente, el Emir invitó al presidente Abinader a una reunión más privada entre ambos, donde se vieron detalles del interés de Qatar por invertir en República Dominicana en distintas áreas dado que el país posee la economía de mayor crecimiento en América Latina.
También se conversó sobre la posibilidad de establecer un vuelo directo de Qatar Airways a la República Dominicana.
En la reunión de trabajo con el Emir de Qatar y su equipo ministerial estuvieron presentes por la República Dominicana, los ministros de Hacienda, José Manuel -Jochy- Vicente; de Energía y Minas, Joel Santos, así como el viceministro de relaciones exteriores Hugo Rivera; la directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro y el embajador dominicano aquí Georges Bahsa Hazim.
La visita oficial del presidente Abinader a Qatar concluyó ayer, y estará de regreso a Santo Domingo este martes.
Previo a esta reunión con el Emir, el mandatario dominicano y su comitiva, participó en el Foro Mundial de Doha, donde tuvo una participación en uno de los paneles.
Rol de la cooperación
En este último escenario el pasado domingo el presiente Abinader declaró que, desde la experiencia del país, la cooperación ha jugado un rol trascendental, permitiendo la transición de ser un Estado meramente receptor a convertirse en uno dual, que más allá de recibir también ofrece y gestiona cooperación.
Significó que para el país la cooperación es un eje esencial en la aplicación de la política exterior y el fortalecimiento de las relaciones con los demás países, abordando ámbitos como los de la promoción del comercio y la atracción de inversión.
“Dentro de las experiencias que podemos compartir, creemos que lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestra estabilidad política y social; la sinergia entre el sector público y privado; y la creación de políticas e iniciativas enfocadas a impulsar sectores estratégicos”, dijo el mandatario.
A esto agregó, “como, por ejemplo, el turismo que ha sido clave para el posicionamiento internacional de la República Dominicana, teniendo un efecto multiplicador en la economía local”.
Estas declaraciones las ofreció el mandatario dominicano durante el panel “Perspectivas de Cooperación en un Mundo Fragmentado”, que se desarrolla en el “Foro de Doha”, en Qatar.
Jornadas de trabajo
El presidente Abinader agotó desde el sábado varias jornadas de trabajo en Qatar, como parte de su visita para participar en el Foro Mundial de Doha.
El mandatario inició su agenda participando en el acto de apertura de este Foro, que estuvo presidido por el emir, su alteza el Jeque Tamin Bin Hamad Al Thani.
Además, sostuvo una amplia agenda, que incluyó la inauguración de un busto del patricio dominicano Juan Pablo Duarte, y varias reuniones con políticos y empresarios de esta nación.
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TC anula la polémica Ley de la DNI al declararla inconstitucional
El Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “por no ser conforme con la Constitución”.
De acuerdo con la Sentencia del TC/0767/24, se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que buscaba anular la ley 1-24.
Esta ley de la DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes.
Reseña el Listín Diario que en las semanas previas a la creación, se depositaron al menos siete acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.
El pasado 22 de enero, Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI), FUMEJID así como Mayobanex Pepín y María Magdalena Piña Dirocié presentaron “una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la Ley 1-24, que crea la DNI, por supuesta violación a la libertad y seguridad personal, a la intimidad y honor personal, a la libertad de expresión e información, y a la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales; derechos y principios consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución”.
Además, la Sociedad Dominicano de Diarios (SDD) se pronunció en varias ocasiones sobre algunos artículos de la ley, en específico los 9, 11 y 26.
Las sanciones que establece
El artículo 11 indicaba que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que requiriera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
Mientras el artículo 26 establecía sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Reacción del expresidente Fernández
Al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, reaccionó de inmediato el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien dijo en un mensaje publicado en su red social X: “El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley 1-24 sobre el DNI mediante la sentencia TC/0767/24, acogiendo un recurso presentado por la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores.
Esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo”.
El exmandatario también había expresado previamente por la misma red social X, el pasado 22 de enero, “que esa ley era un retroceso institucional democrático más grave que ha ocurrido en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad”.
Reuniones con la SDD
El pasado septiembre, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo que se presentarían los cambios a varios de esos artículos para corregir “ambigüedades” que habían sido identificadas. Estas declaraciones se produjeros después de varios encuentros entre los directivos de la SDD y la representación del Poder Ejecutivo.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, dijo, también, en aquella ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Por lo que el 19 de septiembre, Peralta, en nombre del Ejecutivo depositó ante el Senado el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, luego de que la mesa de trabajo conformada por la sociedad civil y el Gobierno llegaran a un consenso.
En principio, la finalidad de la creación de la DNI era proteger “los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado”, de acuerdo con el Senado.
La pieza fue aprobada en dos lecturas consecutivas, luego que el senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que fuera incluido en el orden del día, declarado de urgencia y aprobado, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
También la SIP se opuso a la Ley
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también fue otra de las instituciones que se pronunció en contra de la Ley de la DNI.
En un artículo publicado en este diario, el 22 de enero pasado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, editor periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que “el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución”.
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