El Tribunal Especial de Tránsito del Centro del Automovilista del Distrito Nacional impuso este jueves medidas cautelares contra Raquel Guzmán Torres, acusada de atropellar el vehículo en el que se transportaba la joven Aida Nicole Reyes Gómez, quien perdió la vida el pasado 26 de febrero en la avenida Winston Churchill.

La decisión judicial establece una garantía económica de dos millones de pesos, contratada a través de una aseguradora, así como la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y la prohibición de salida del país.

Familia de la víctima expresa su inconformidad

Vicente Reyes, padre de la víctima, manifestó su desilusión con la medida, ya que esperaba una sanción más severa.

«Lamentablemente, nuestras expectativas de que se pudiera conseguir una medida de coerción consistente en privación de libertad en contra de Raquel Guzmán Torres no prosperaron», declaró.

Reyes explicó que la jueza encargada del caso fundamentó su decisión en la falta de una prueba de alcohol certificada.

«La prueba de alcohol, que debió haberse realizado correctamente, fue preponderante para que la jueza no pudiera imponer la medida de coerción de privación de libertad», indicó.

Raquel Guzmán Torres muestra arrepentimiento

Durante la audiencia, Raquel Guzmán Torres, de 32 años, expresó su pesar por el accidente y manifestó su arrepentimiento ante la familia de Aida Nicole.

A pesar de ello, el padre de la víctima destacó que ningún castigo podrá devolverle a su hija.

«Nosotros como familia aceptamos su arrepentimiento, pero el dolor por la pérdida de nuestra hija es irremediable», expresó conmovido.

Críticas al manejo de las pruebas en accidentes de tránsito

Vicente Reyes también criticó la falta de rigurosidad en los procedimientos de las autoridades ante este tipo de accidentes.

«Lo que buscamos no es solo justicia, sino un cambio en los protocolos de actuación. No nos ven como personas, sino como cifras», afirmó.

Asimismo, denunció la ineficacia de las pruebas de alcohol realizadas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

«Queremos que cuando haya un accidente, la DIGESETT haga las pruebas pertinentes y que estas puedan ser validadas en el tribunal. ¿De qué sirve gastar millones de pesos en alcoholímetros si luego las pruebas no se pueden usar?», cuestionó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para exigir justicia y cambios en la legislación de tránsito.

«Invito a cada dominicano que pase o le toque pasar por una situación similar a que denuncie sin miedo. Es la única forma en que las cosas pueden cambiar», concluyó Reyes.

Fuente: CDN, canal 37