El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, respaldó la propuesta del senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, de que los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) no dirijan el tráfico en intersecciones donde los semáforos estén operando correctamente.

“Estoy de acuerdo con usted. Cuando un semáforo funciona, no se necesita la intervención humana porque el sistema ya está diseñado para operar de manera eficiente”, expresó Morrison durante su intervención en el Senado.

Indicó que esta inquietud ya la tenía antes de asumir su cargo y que es un aspecto en el que han estado trabajando. Explicó que desde el INTRANT diseñan e implementan el sistema integrado de transporte y, en ese proceso, colaboran con la DIGESETT para orientar sobre la ubicación de los agentes en calles, avenidas y puntos estratégicos.

“Nosotros les indicamos hasta dónde deben estar los agentes y en qué lugares no son necesarios”, puntualizó.

Morrison también se refirió a la estructura organizativa del tránsito en el país, señalando que la actual división de funciones entre el INTRANT y la DIGESETT ha generado ciertas limitaciones.

A su juicio, lo ideal sería contar con un sistema similar al que tenía la extinta Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), que regulaba, operaba y fiscalizaba el tránsito de manera unificada.

«El problema es que con la nueva ley se dividieron las funciones. Ahora, yo regulo y digo qué hay que hacer, pero otro organismo tiene que ejecutarlo. ¿Me sigue, senador?», comentó Morrison.

El planteamiento surgió en respuesta a la inquietud del senador Héctor Acosta, quien cuestionó la presencia de agentes de tránsito en semáforos operativos, al considerar que esto contribuye al congestionamiento vial. “O quitan el semáforo o quitan al agente de la DIGESETT”, sostuvo el legislador.

orrison, advirtió ante el Senado sobre la grave crisis de seguridad vial que enfrenta el país, calificando los accidentes de tránsito como una «pandemia silente» que ha cobrado más vidas que el coronavirus en 2020 y 2021.

Durante su intervención, Morrison destacó que el principal problema no es sólo la falta de aplicación de la ley, sino la necesidad de un régimen de consecuencia más severo para reducir las infracciones.

«Nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley, yo estoy de acuerdo, pero nos encontramos con una realidad operativa que es más grande que el Intrant», señaló.

Aboga por régimen de consecuencia y expone retos de Digesett
Morrison detalló que en el Distrito Nacional, donde circulan más de un millón de vehículos, sólo operan 150 agentes por turno. En Bonao apenas hay 17 agentes, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay dotación de Digesett. En otras localidades como Espaillat, La Romana, Haina y San Cristóbal, los números son igualmente insuficientes, con apenas entre 14 y 31 agentes. En total, el país cuenta con sólo 1,752 agentes de tránsito para regular todo el territorio.

«Para que tengan una idea de la realidad operativa de la DIGESETT, en Puerto Plata hay sólo 21 agentes por turno para cubrir la provincia completa. En Santiago, donde hay más de 500 mil vehículos, sólo hay 37 agentes disponibles en un turno. Por más que quieran, no hay forma humana de que la fiscalización sea efectiva», explicó Morrison.

Asimismo, criticó el actual sistema de multas, calificándolo de «totalmente inefectivo».

Señaló que las sanciones económicas no tienen un impacto real en la reducción de infracciones, ya que aunque la Ley 63-17 establece multas de hasta 10,000 pesos, en la práctica los infractores sólo pagan alrededor de 1,600 pesos. Además, la prescripción de multas en un año permite que los conductores evadan el pago sin mayores consecuencias.

Ante este panorama, Morrison propuso un endurecimiento de las sanciones y la implementación de un régimen de consecuencia más fuerte para quienes violen las normas de tránsito. «Aquí hay que poner orden, esto hay que arreglarlo. Yo voy a decir algunas verdades y aunque eso me acarreé voces detractoras, tergiversadoras, prefiero pagar el precio, porque no quiero seguir siendo cómplice por omisión de lo que está pasando», afirmó.

Entre sus propuestas, planteó declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo estipulado, lo que podría llevar a la suspensión de su licencia de conducir; extender el tiempo de prescripción de las multas de un año a cinco años y aplicar sanciones más severas para las carreras clandestinas, con penas de hasta dos años de prisión.

El funcionario reiteró la urgencia de implementar estas medidas para reducir la alta tasa de muertes por accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en el país.

Vía El Día y END