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Panorama

Una joven de 27 años muere ras someterse a una cirugía estética

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Una joven de 27 años perdió la vida tras ser sometida a una cirugía estética, en un hecho ocurrido en una clínica de la capital.

Se trata de Anyeli Meliza Sánchez Castillo, quien deja en la orfandad a un niño de cuatro años de edad.

La denuncia fue hecha por el abogado Andrés Toribio, quien aseguró en su cuenta de Instagram que no descansará «hasta llegar a la verdad». Este responsabiliza al doctor José Desena Montero, cirujano plástico, por el fallecimiento de «Meli», como cariñosamente sus allegados llamaban a la joven madre.

Reseña Diario Libre que Sánchez Castillo habría pagado nueve mil dólares por la cirugía que la llevó a la muerte el pasado miércoles 15 de abril.

El procedimiento incluía una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastía, liposucción en los brazos, liposucción en la entrepierna, liposucción en la espalda y transferencia de grasa a los glúteos.

«La operó ese doctor, Desena, y luego la mandó muerta a otra clínica, como en combinación con la otra clínica, no sé», declaró el padre de Anyeli al salir de su sepelio ayer, viernes, en el cementerio Cristo Redentor.

«Ella me decía siempre que se iba a operar, pero el día que se iba a operar yo no lo sabía. Lo supe porque la mamá me llamó: ¡Ven que la niña se operó y está mala! Ahí yo cojí para la clínica», relató.

Asegura que a su llegada, Anyeli le comentó que no podía respirar.

«Estaba mala desde que salió de la cirugía y ellos dijeron que ese era el procedimiento», agregó.

De acuerdo con sus familiares, los análisis médicos previos a la intervención quirúrgica muestran que Anyeli estaba en buen estado de salud antes de someterse a la cirugía.

«Con toda su salud del mundo ella entró a esa operación y salió muerta», insistió el padre.

El señor Sánchez pide una explicación de las autoridades de por qué razón el doctor seguía operando si ya se habían instrumentados otros casos en su contra, incluso con condena.

Actualmente, el doctor Desena no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva Y Estética (Sodocipre), entidad de la cual fue desvinculado hace varios años tras haber recido varias denuncia de irregularidades en su contra.

No sería la primera vez
Según señala el abogado Toribio, en septiembre de 2025, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró «culpable de la comisión de homicidio voluntario» al doctor Desena Montero.

El tribunal lo condenó al cumplimiento de la pena de un año de prisión en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombres, así como el pago de una multa ascendente a 100 pesos.

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Aumentan precios de gasolinas y gasoil entre RD$4.00 y RD$8.00

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Los precios de los combustibles aumentaron entre RD$4 y RD$8 para la semana del 15 al 22 de mayo, conforme reveló el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La gasolina premium y gasoil óptimo recibieron un alza de RD$8.00 cada uno. Mientras que la gasolina y el gasoil regular tuvieron un alza de RD$4.00.

En ese sentido, el avtur baja RD$5.30 por galón; el kerosene RD$6.40; el fuel oil RD$8.64 y fuel oil 1 % RD$14.00.

Por otro lado, el gas licuado de petróleo (GLP) permanecerá congelado a RD$137.20 por galón.

Además, el MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal se ubicó en RD$59.65, una baja respecto a los RD$60.00 registrados la semana anterior.

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Militares y policías que eviten ser grabados pasarán de 15 días hasta un año en prisión

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A partir del 6 de agosto de 2026, la justicia dominicana experimentará una transformación radical con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Según el jurista Amadeo Peralta, este cambio normativo representa un «giro de 180 grados» que dejará atrás una legislación que databa de 1884, introduciendo sanciones severas para delitos que antes carecían de castigo.

Peralta advirtió que la severidad de las nuevas penas y la configuración de delitos inéditos obligarán al Estado a construir nuevas cárceles, ya que la infraestructura actual no dará abasto ante el rigor de la ley.

Protección al ciudadano: El derecho a grabar

Uno de los puntos más relevantes destacados por el abogado es el Artículo 275, el cual busca frenar los abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.

A partir de agosto de 2026, los agentes que impidan a un ciudadano grabar una actuación oficial (arrestos, allanamientos, requisas o desalojos) sin justificación legal, enfrentarán:

  • Prisión: De 15 días hasta 1 año de cárcel.
  • Multas: Hasta RD$20,000 pesos.
  • Sanciones administrativas: Suspensión de funciones por hasta 3 años o la destitución definitiva.
  • Cúmulo de penas: Si el agente además destruye el equipo (celular/cámara) o agrede físicamente al ciudadano, se sumarán cargos por destrucción de propiedad privada y lesiones.

Advertencia a los cuerpos castrenses

Peralta hizo un llamado urgente a las instituciones militares y policiales para que instruyan a sus más de 100,000 miembros activos sobre estas nuevas reglas de abordaje.

“Los agentes deben modificar a tiempo su forma de tratar a la población para evitar caer presos. El desconocimiento de la ley no los exime, y a partir de agosto, las ínfulas de poder tendrán consecuencias penales reales”, enfatizó el jurista.

Las «letras pequeñas» del nuevo código

A pesar de los avances, Peralta señaló una aparente contradicción en la norma: no será delito imputable si el ciudadano, al intentar grabar, interfiere directamente con la labor del agente o pone en peligro su integridad física.

Además, aclaró que la publicación de dichas grabaciones requerirá el consentimiento de la persona que esté siendo intervenida (el requisado o arrestado). Esto implica que quienes graben actuaciones ajenas deberán hacerlo a una distancia prudente que no obstaculice el procedimiento oficial.

Un código contra la impunidad

El abogado también resaltó que la Ley 74-25 será implacable contra las invasiones de tierras y las violaciones a la propiedad privada, delitos que antes solían quedar en el limbo jurídico. La introducción del cúmulo de penas y nuevas modalidades de cumplimiento aseguran que quienes se dedicaban a delinquir «saliéndose con la suya» enfrenten ahora un panorama judicial mucho más sombrío.

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