El presidente Luis Abinader depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Tributario para permitir que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) almacene y procese datos de los contribuyentes no solo en servidores propios, sino también en centros de datos de terceros, servicios de computación en la nube y servidores externos al Estado.

La iniciativa busca cambiar el párrafo cuatro del artículo 56 de la Ley 11-92, sobre el Código Tributario, y establece que los datos personales registrados para acceder, enviar información o realizar declaraciones, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio digital podrán ser manejados usando plataformas externas, siempre que se apliquen «medidas legales, organizativas y técnicas adecuadas».

«Los datos podrán ser recibidos, procesados y almacenados en centros de datos propios, de terceros o en servicios de computación en la nube», indica textualmente el nuevo párrafo propuesto.

Este cambio, de acuerdo con el proyecto de ley, busca modernizar la infraestructura tecnológica de la administración tributaria y dotarla de mayor flexibilidad, pero también plantea retos en la seguridad de la información.

La DGII seguirá siendo responsable de los datos
Aunque se habilita el uso de plataformas externas, el proyecto establece que la DGII mantendrá la titularidad y responsabilidad sobre la base de datos que custodia. Esto incluye la obligación de «salvaguardar los derechos de los contribuyentes».

Solo para fines fiscales y con respeto a la privacidad
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que limita el uso de la información tributaria a fines estrictamente fiscales.

De acuerdo con la pieza, la DGII deberá garantizar que los datos solo se usen para identificar correctamente a los contribuyentes y para otros fines expresamente autorizados por la ley, reseña Diario Libre.

En ese sentido, la propuesta reafirma el respeto al derecho a la intimidad y al honor de los contribuyentes, conforme a principios constitucionales como la licitud, lealtad, seguridad y finalidad.

El texto obliga a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, prohibiendo el acceso de personas no autorizadas y cualquier uso distinto al previsto por la ley.

Modernización digital
La medida que estudiarán los diputados implica que datos sensibles de los contribuyentes dominicanos estén alojados en plataformas fuera del control directo del Estado, lo que obliga a establecer marcos claros de supervisión, contrato y jurisdicción.

Facturación electrónica
La propuesta de modificación al Código Tributario se enmarca en un contexto de transformación digital del sistema fiscal dominicano, impulsado por la entrada en vigencia de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.

Esta normativa, promulgada el 16 de mayo de 2023, establece que todos los contribuyentes deberán convertirse en emisores electrónicos en un plazo de 36 meses, es decir, antes de mayo de 2026.

Los argumentos del proyecto indican que, desde el año 2019 hasta principios de 2025, la DGII recibió más de 715 millones de comprobantes fiscales, una cifra que seguirá en ascenso conforme se amplíe la obligatoriedad del uso de la factura electrónica.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo considera que resulta «inminente» una adecuación del marco legal tributario en lo que respecta al almacenamiento digital de datos. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la modificación al artículo 56 del Código Tributario busca «responder a los desafíos que representa la gestión de grandes volúmenes de información».