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Someten proyecto ley para que la DGII pueda almacenar datos de contribuyentes en servidores externos

El presidente Luis Abinader depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código Tributario para permitir que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) almacene y procese datos de los contribuyentes no solo en servidores propios, sino también en centros de datos de terceros, servicios de computación en la nube y servidores externos al Estado.
La iniciativa busca cambiar el párrafo cuatro del artículo 56 de la Ley 11-92, sobre el Código Tributario, y establece que los datos personales registrados para acceder, enviar información o realizar declaraciones, el servicio de facturación electrónica o cualquier otro medio digital podrán ser manejados usando plataformas externas, siempre que se apliquen «medidas legales, organizativas y técnicas adecuadas».
«Los datos podrán ser recibidos, procesados y almacenados en centros de datos propios, de terceros o en servicios de computación en la nube», indica textualmente el nuevo párrafo propuesto.
Este cambio, de acuerdo con el proyecto de ley, busca modernizar la infraestructura tecnológica de la administración tributaria y dotarla de mayor flexibilidad, pero también plantea retos en la seguridad de la información.
La DGII seguirá siendo responsable de los datos
Aunque se habilita el uso de plataformas externas, el proyecto establece que la DGII mantendrá la titularidad y responsabilidad sobre la base de datos que custodia. Esto incluye la obligación de «salvaguardar los derechos de los contribuyentes».
Solo para fines fiscales y con respeto a la privacidad
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que limita el uso de la información tributaria a fines estrictamente fiscales.
De acuerdo con la pieza, la DGII deberá garantizar que los datos solo se usen para identificar correctamente a los contribuyentes y para otros fines expresamente autorizados por la ley, reseña Diario Libre.
En ese sentido, la propuesta reafirma el respeto al derecho a la intimidad y al honor de los contribuyentes, conforme a principios constitucionales como la licitud, lealtad, seguridad y finalidad.
El texto obliga a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, prohibiendo el acceso de personas no autorizadas y cualquier uso distinto al previsto por la ley.
Modernización digital
La medida que estudiarán los diputados implica que datos sensibles de los contribuyentes dominicanos estén alojados en plataformas fuera del control directo del Estado, lo que obliga a establecer marcos claros de supervisión, contrato y jurisdicción.
Facturación electrónica
La propuesta de modificación al Código Tributario se enmarca en un contexto de transformación digital del sistema fiscal dominicano, impulsado por la entrada en vigencia de la Ley 32-23 sobre Facturación Electrónica.
Esta normativa, promulgada el 16 de mayo de 2023, establece que todos los contribuyentes deberán convertirse en emisores electrónicos en un plazo de 36 meses, es decir, antes de mayo de 2026.
Los argumentos del proyecto indican que, desde el año 2019 hasta principios de 2025, la DGII recibió más de 715 millones de comprobantes fiscales, una cifra que seguirá en ascenso conforme se amplíe la obligatoriedad del uso de la factura electrónica.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo considera que resulta «inminente» una adecuación del marco legal tributario en lo que respecta al almacenamiento digital de datos. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, la modificación al artículo 56 del Código Tributario busca «responder a los desafíos que representa la gestión de grandes volúmenes de información».

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A menos de un mes de la tragedia del Jet Set la familia Espaillat firmó el primer acuerdo económico con víctimas

Mediante un comunicado, los abogados de la familia Espaillat informaron el jueves que se han firmado 40 «acuerdos de compensación económica y apoyo humano» con las personas heridas y los familiares de las víctimas mortales del colapso del techo en la discoteca Jet Set.
En dicho documento se detallan los nombres de las víctimas y de los allegados de los fallecidos que, hasta la fecha de la publicación, han suscrito acuerdos con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., propietaria del Jet Set. Sin embargo, no se especificó el monto acordado con ninguna de las partes.
2 de mayo: primeros acuerdos
El primero en concretar un acuerdo fue Simeón Mueses. La firma tuvo lugar el 2 de mayo, 25 días después del colapso, reseña el periódico Listín Diario.
Mueses fue el primer afectado en firmar acuerdo con el fin de “cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura”, según establece el documento suministrado por los abogados de los Espaillat.
Ese mismo día, también suscribieron acuerdos tres personas más que resultaron heridas: Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano y Winelys Medina Marte.
28 de mayo: Acuerdos con orquesta
Posteriormente, el 28 de mayo (27 días después de esas primeras firmas) se procedió con los acuerdos de compensación de los músicos que integraban la orquesta del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en la tragedia.
En total, 15 músicos firmaron: Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes y Félix Fernando Soto Rodríguez.
Ese mismo día también firmó Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista Rubby Pérez, quien confirmó haber recibido de parte de la empresa Inversiones E & L, S. R. L. una ayuda económica orientada a «cubrir gastos médicos, personales y cualquier otro tipo de daño derivado del incidente».
El 30 de mayo se sumaron las firmas de todos los familiares directos de César Mariñez Mariñez, quien perdió la vida en el colapso. Entre ellos figuran su madre, Francisca Mariñez Rosario; su padre, Elpidio Mariñez Ramírez; sus hijos, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica y Jianny Cesarina Mariñez Mojica; así como su pareja, Juana Francisca Mojica.
César Mariñez Mariñez, víctima mortal del Jet Setfuente externa
Ese mismo día también firmó un acuerdo de compensación Yira Hernández Martínez, otra de las sobrevivientes del derrumbe.
El 4 de junio se registró una única firma, correspondiente a Ángel Alberto Franco Fuentes, otro de los sobrevivientes del colapso.
Junio
Dos días más tarde, el 6 de junio, se formalizaron ocho nuevas firmas de sobrevivientes. Entre ellos: Miguel Antonio Brito Valentín, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez, Ramón de Jesús Álvarez Guerrero, Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra y Fredzaid del Carmen Tovar Santana.
Acuerdos con familiares de fallecidos
El 12 de junio, Ronny Darinel Taveras Minaya, hijo de Daniel Taveras Polanco, uno de los empleados fallecidos en el colapso del Jet Set, integró su firma.
Ese mismo día también se sumó al acuerdo Kelvin Sterling Peralta Delgado, actuando en representación de sus cuatro hermanos, todos hijos de Francis Lilibeth Delgado López, otra de las víctimas fatales del accidente.
Además, se unió la familia completa de Johnny Humberto García Abreu, fallecido en el suceso. Firmaron sus hijas, Jhoana García Reyes y Rosa Irania García Reyes; su esposa, Neury Elizabeth Lora Morel; y Neufris Yovannis Pérez Volquez, quien figura como representante legal de la familia y de la hija menor del fallecido.
El 12 de junio constituye la última fecha de firmas incluidas en el documento presentado por los abogados de los hermanos Espaillat, a quienes se les impuso como medida de coerción una compensación económica o fianza de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
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Dejan en libertad a Antonio Espaillat y su hermana; les dictan fianza de RD$50 millones e impedimento de salida

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quedaron en libertad este jueves al lograr que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional descartara la prisión preventiva como medida de coerción y en cambio le impusiera una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódico.
La juez Fátima Veloz anunció su decisión en la madrugada de este jueves, luego de una audiencia que duró más de 12 horas de exposición de las partes.
El Minsiterio Público había solicitado prisión preventiva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a quienes acusa de homicidio involuntario por las atribuidas negligencias que derivaron en el desplome del techo del Jet Set y la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.
El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión de la jueza en el entendido de que los imputados pueden incidir en la afectación del proceso ya que también se le acusa de intentar intimidar a uno de los testigos que era empleado de la discoteca Jet Set.
Miguel Valerio, abogado de los hermanos Espaillat, consideró adecuada la medida al señalar que sus representados han colaborado con la justicia, los peritos que han realizado las investigaciones y han estado dispuesto a ayudar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.
Explicó que las medidas de coerción buscan la preservación del proceso y en este caso, afirmó, los imputados han colaborado y se han presentado cada vez que han sido llamados.
Además de los representes del Ministerio Público, en la audiencia estaban presentes abogados de unos 80 afectados en calidad de querellantes.
Éstos insisten en que se cambié la calificación de la acusación que hasta ahora ha sido la de homicidio involuntario y piden que en cambio se le acuse de homicidio voluntarios por dolo, alegando que éstos fueron negligentes a conciencia de las faltas que estaban cometiendo al obviar acciones para evitar una tragedia porque previamente habían sido advertidos y no hicieron nada.
Los imputados, que estaban detenidos, fueron beneficiados con su puesta en libertad por disposición de la jueza, pero deberán presentarse todos los meses ante el Ministerio Público y acudir a los llamados que se le hagan para continuar con el proceso judicial.
FUENTE: Eldia.com.do
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