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Faride tambien exige RD$50 millones a Ángel Martínez en su demanda por difamación
La demanda por difamación e injuria interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra Ingrid Jorge y Ángel Martínez contempla el pago de 50 millones de pesos, cada uno, por concepto de daños y perjuicio que les han causado.
Se trata de dos querellas individuales, copias de las cuales dice tener el portal N Digital, interpuesta por Raful por ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por intermedio de su abogado Miguel Valerio.
La querella penal con constitución de actor civil por violación a los artículos 21 y 22 dela Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el 37 del Código Penal.
“En consecuencia, CONDENAR al señor ÁNGEL RAMÓN DE JESÚS MARTÍNEZ JIMÉNEZ a pagar a favor de la señora FARIDE VIRGINIA RAFUL SORIANO la suma de Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos por concepto de los daños y perjuicios que le han sido causados como consecuencia del tipo penal cometido en su contra”, indica en la querella contra Martínez, pedido igual para Ingrid Jorge.
La funcionaria se pone a disposición del Ministerio Público para aportar todos los elementos de pruebas de las difamaciones e injurias en su contra, por parte de Martínez y Jorge.
“Disponer, en atención a lo dispuesto por los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal dominicano, la ejecución de todas las diligencias de lugar para culminar con la investigación de los hechos antes descritos”, india la defensa de Raful en los petitorios.
Faride se querelló contra el autodenominado detective por señalar que la funcionaria tiene una relación con un narco, llamado Luis Carlos Reyes. También por decir en redes sociales que tiene nueve vídeos de Faride y “sus alocadas aventuras con amigas, secretarias”, lo que su defensa estima que constituye una imputación directa de conducta inmoral y de presunta complicidad con actividades delictivas, ya que no aporta respaldo probatorio, utilizando un lenguaje claramente lesivo y difamatorio.
Mientras que Ingrid Jorge publicó que tiene varios vídeos de la ministra de Interior y Policía en relaciones lésbica con la comunicadora y exministra de Cultura, Milagros Germán.
Las querellas se fundamentan en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales descontroladas.
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Una joven muere al caer desde el cuarto piso de Ágora Mall
Una joven de 20 años de edad falleció tras precipitarse desde el cuarto nivel de Ágora Mall, cayendo en el área de estacionamiento de la Dirección General de Aduanas (DGA).
El hecho se produjo cuando la occisa se encontraba en el área de la torre de parqueos colindante con Aduanas.
Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja Dominicana y de la Policía Nacional, quienes activaron de inmediato los protocolos correspondientes.
La zona fue acordonada por el equipo de seguridad del centro comercial, que restringió el acceso mientras se realizaban los procedimientos de rigor y se esperaba información oficial de las autoridades competentes.
Mediante un comunicado, la administración de Ágora Mall expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la persona involucrada, y solicitó respeto y discreción en el manejo de la información relacionada con el hecho.
Asimismo, agradeció la rápida actuación de las autoridades y del personal de seguridad, quienes intervinieron de manera inmediata para preservar la integridad y el orden en el lugar.
Las circunstancias del suceso se encuentran bajo investigación oficial.
No es la primera vez que este tipo de hechos ocurre en Ágora Mall. Al menos tres personas ya habían fallecido en circunstancias parecidas.
El último hecho ocurrió en julio del pasado año cuando un hombre murió tras lanzarse desde uno de los pisos del edificio de parqueos del citado centro comercial.
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Rafael Santos y Geraldo Espinosa, los nuevos incumbentes de la Mescyt y Contraloría
El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 84-26, mediante el cual realizó nuevas designaciones en áreas estratégicas del Estado, como parte del proceso de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión pública.
La disposición presidencial designa a Rafael Evaristo Santos Badia como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Santos Badía, se desempeñaba actualmente como director general del Infotep, es licenciado en Derecho por la Universidad de la Tercera Edad (UTE), técnico en Administración de Empresas Cooperativas por la UNPHU, y posee diplomados en Economía Política y Derecho Laboral y Sindical por la UASD, así como en Relaciones Internacionales por la UTE.
El decreto no especifica quien ocupará la titularidad del Infotep.
Docente y experto del sector sindical y del tripartismo dominicano, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, educativo y de la concertación social.
Fue diputado al Congreso Nacional entre 1990 y 1998, integró la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados, participó en el Plan Decenal de Educación y ha sido miembro de órganos directivos del Infotep y del sistema de seguridad social magisterial.
Es autor del libro “Treinta años de gremialismo magisterial en la República Dominicana” y ha sido reconocido con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, grado Caballero, entre otras distinciones.
El decreto también establece la designación de Geraldo Espinosa Pérez como contralor general de la República.
Espinosa es licenciado en Contabilidad por la UASD, con especialidad de posgrado en Tributos Internos, máster en Gestión Financiera, Presupuesto Público y Política Fiscal, y una maestría en Administración de Negocios (MBA) con concentración en Operaciones por la PUCMM. Posee más de 24 años de experiencia en el sector público, destacándose por la creación e impulso de importantes sistemas de control, gestión financiera y supervisión del gasto público.
La disposición deroga decretos y artículos anteriores vinculados a las funciones ahora reasignadas y fue remitida a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución, conforme a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo.
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