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Roberto Fulcar también se querella contra Ángel Martínez por difamación e injuria

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La Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido siete querellas con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Martínez, incluyendo una presentada por el dirigente político Roberto Fulcar Encarnación por presunta difamación e injuria.

Estas querellas han sido depositadas en el departamento de atención al ciudadano y remitidas al departamento de crímenes y delitos de alta tecnología, donde los fiscales inician la investigación contra el presentador del canal de YouTube «Detective Ángel».

A estas acciones legales se suman dos querellas pendientes en la Fiscalía de Santiago, presentadas por el empresario santiagués Arnulfo Gutiérrez y el diputado Gregorio Domínguez, también por presunta difamación e injuria.

Además, hay una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y otra en curso en un tribunal, interpuesta por el diputado Sergio Moya.

En la querella de Roberto Fulcar, interpuesta a través de los abogados Ingrid Hidalgo y Edwin Acosta, se solicita la apertura formal del proceso penal contra Ángel Martínez, así como la imposición de medidas de coerción y la persecución judicial por los delitos de difamación e injuria, conforme al marco legal vigente.

Según la querella, desde mediados de diciembre de 2022 hasta la fecha, Ángel Martínez ha mantenido una campaña de descrédito contra Fulcar a través de su canal de YouTube y redes sociales.

Lo ha acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, de estar implicado en investigaciones por parte de agencias estadounidenses y de haber delatado a figuras políticas y gubernamentales dominicanas.

Se señala que, en una transmisión del 17 de diciembre de 2022, Martínez afirmó que Fulcar presuntamente recibió 150 millones de dólares del narcotráfico y que sostuvo reuniones con fiscales de la DEA para cooperar con investigaciones en curso.

También mencionó supuestos sobornos entregados —en presencia de Fulcar— por figuras actualmente detenidas en Estados Unidos a políticos del país.

Además, utilizó expresiones degradantes y ofensivas para referirse al exministro de Educación, atentando contra su dignidad, honor, imagen y moral.

En la querella, Fulcar argumenta que tales declaraciones son «absolutamente falsas, carentes de sustento y han generado un profundo daño a su imagen personal, su integridad profesional y su entorno familiar y social», motivando así la acción legal.

La instancia presentada por el pasado coordinador general de campaña del presidente Luis Abinader está respaldada por testimonios de ciudadanos que confirman el impacto público negativo de las declaraciones, así como por pruebas médicas que certifican que el viaje del Dr. Fulcar a Estados Unidos respondió estrictamente a razones de salud, descartando cualquier otra intención oculta o vínculo con procesos judiciales en ese país.

Entre las pruebas depositadas figuran:

Historia clínica del doctor Roberto Fulcar, emitida por médicos en República Dominicana y en Estados Unidos.

Testimonios de ciudadanos que dan cuenta del alcance y la percepción pública de las declaraciones difamatorias.

Evaluaciones médicas del Massachusetts General Hospital y otros centros de salud en Boston, Massachusetts.

En la instancia se pide una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionada por Martínez.

Vía Listín Diario

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Juez mantiene prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa

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Foto cortesía Listín Diario

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, y otros siete imputados vinculados al desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida original, asegurando que la privación de libertad sigue siendo la vía idónea para garantizar la presencia del encartado en el proceso.

En ese sentido, dispuso el mantenimiento en prisión de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma

El juez consideró que persiste el riesgo de incomparecencia, derivado de la gravedad de los hechos imputados y el daño que debe ser resarcido al Estado.

Atendiendo a la posible pena imponible según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se considera una medida equilibrada.

Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal concluyó que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican el otorgamiento de una libertad bajo fianza o medida menos gravosa.

«Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición», dictaminó el juez en el dispositivo de la resolución.

Asimismo, el juez fijó para el próximo 21 de mayo, la lectura integra de la decisión, fecha a partir de la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.

Igualmente, el tribunal fijó para el 30 de julio del presente año el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando las partes presentes y representadas formalmente citadas para dichas comparecencias.

Vía Listín Diario

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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago

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El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

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