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Empleado habría advertido a Antonio Espaillat sobre el riesgo de desplome del techo en el Jet Set

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El Ministerio Público interrogó a un testigo clave y víctima de la tragedia de la discoteca Jet Set, quien presuntamente entregó evidencia que demuestra no solo la responsabilidad civil, sino también penal de los propietarios del establecimiento comercial.

Gregory Adamés, quien era empleado de la discoteca, acudió a la Procuraduría General de la República acompañado de sus abogados Luis Andrés Aybar y Plinio Pina.

Allí fue interrogado por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que dirige Wilson Camacho, reseña el periódico Listín Diario.

Además, Adamés presentó una querella con constitución en actor civil en contra de Antonio Espaillat López, de su madre Ana Grecia López, y de la empresa Inversiones E y L y Club Jet Set.

Dentro de las pruebas que habría depositado Gregory Adamés se encuentra un teléfono con videos y conversaciones con Antonio Espaillat, en las que habría advertido que la fiesta del pasado 8 de abril de 2025 no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.

Indican que a pesar de la advertencia de Gregory de que el techo se estaba cayendo y que no había condiciones para el evento, Antonio Espaillat le manifestó que continuaran con la celebración de la fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien murió en la tragedia junto a unas 235 personas.

Gregory Adamés, quien también resultó herido junto a 180 personas, era el encargado de reservar las mesas y coordinar la logística para los eventos.

Aumento de acciones legales y señalamientos al Estado
Ayer, las acciones legales presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set aumentaron a 68, incluyendo querellas y denuncias.

Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de esos establecimientos.

Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.

Los denunciantes sostienen que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la acción pública contra Espaillat, comenzando con su interrogatorio para llevar a cabo una investigación objetiva. Argumentan que esto es crucial para evitar un mayor descrédito del sistema de justicia.

Aducen que, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha entrevistado ni interrogado a Espaillat, y mucho menos ha iniciado ninguna acción penal en su contra.

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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