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Esposa de Octavio Dotel reclama 300 millones de pesos a propietarios de Jet Set

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La esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, se querelló formalmente contra los propietarios de la discoteca Jet Set y reclama el pago de una indemnización de 300 millones de pesos.

Massiel Javier Almonte, quien previamente había presentado una denuncia, depositó la querella con constitución en actor civil, a través de sus abogados Ingrid Hidalgo Martínez, José Antonio Valdez Fernández y Manuel Antonio García en la Fiscalía del Distrito Nacional.

En la instancia, se solicita que se impongan medidas de coerción personal y real contra Antonio Espaillat, Ana Grecia López, Maribel Espaillat y Evelyn Espaillat.

Asimismo, se pide que se admita la querella en representación de sus hijos menores y que se imponga una garantía económica de 75 millones de pesos en efectivo a cada uno de los querellados, reseña el Listín Diario.

También se solicita que se autorice a Massiel a inscribir hipoteca judicial provisional sobre los imputados, así como sobre la entidad Inversiones E y L, y a trabar embargo retentivo sobre los montos y valores que se encuentren dentro de los mismos, equivalentes a 600 millones de pesos.

Mientras tanto, el número de acciones legales contra los propietarios de la discoteca Jet Set ha ascendido a 82, tras el trágico derrumbe que dejó 235 muertos y más de 180 heridos. El suceso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba la tradicional fiesta de los lunes del Jet Set. Rubby Pérez se encuentra entre las víctimas mortales del incidente.

En las instancias, los demandantes alegan que reclamarán indemnizaciones millonarias ante los tribunales, además de solicitar al Ministerio Público que pida prisión preventiva como medida de coerción contra los propietarios de la discoteca.

Algunas de las demandas también incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de dicho establecimiento.

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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