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Dejan en libertad a Antonio Espaillat y su hermana; les dictan fianza de RD$50 millones e impedimento de salida

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Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quedaron en libertad este jueves al lograr que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional descartara la prisión preventiva como medida de coerción y en cambio le impusiera una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódico.

La juez Fátima Veloz anunció su decisión en la madrugada de este jueves, luego de una audiencia que duró más de 12 horas de exposición de las partes.

El Minsiterio Público había solicitado prisión preventiva contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat a quienes acusa de homicidio involuntario por las atribuidas negligencias que derivaron en el desplome del techo del Jet Set y la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.

El director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que apelará la decisión de la jueza en el entendido de que los imputados pueden incidir en la afectación del proceso ya que también se le acusa de intentar intimidar a uno de los testigos que era empleado de la discoteca Jet Set.

Miguel Valerio, abogado de los hermanos Espaillat, consideró adecuada la medida al señalar que sus representados han colaborado con la justicia, los peritos que han realizado las investigaciones y han estado dispuesto a ayudar a los familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Explicó que las medidas de coerción buscan la preservación del proceso y en este caso, afirmó, los imputados han colaborado y se han presentado cada vez que han sido llamados.

Además de los representes del Ministerio Público, en la audiencia estaban presentes abogados de unos 80 afectados en calidad de querellantes.

Éstos insisten en que se cambié la calificación de la acusación que hasta ahora ha sido la de homicidio involuntario y piden que en cambio se le acuse de homicidio voluntarios por dolo, alegando que éstos fueron negligentes a conciencia de las faltas que estaban cometiendo al obviar acciones para evitar una tragedia porque previamente habían sido advertidos y no hicieron nada.

Los imputados, que estaban detenidos, fueron beneficiados con su puesta en libertad por disposición de la jueza, pero deberán presentarse todos los meses ante el Ministerio Público y acudir a los llamados que se le hagan para continuar con el proceso judicial.

FUENTE: Eldia.com.do

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Presidente Abinader reafirma ecompromiso del Gobierno con SeNaSa y garantiza su estabilidad y cobertura

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Ante versiones que han circulado en torno a la sostenibilidad financiera del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el presidente de la República ofreció este lunes un respaldo categórico a la institución, destacando su rol esencial como garante de salud para millones de dominicanos.

“SeNaSa no es un negocio, SeNaSa es una misión; parte de la política pública de servicio. Es una institución con un profundo compromiso social, dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y objetivo no es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicio relacionadas con la salud», expresó el mandatario, reafirmando que todos los servicios vinculados a la salud están garantizados.

“Nunca le faltará cobertura a SeNaSa, ni en el contributivo ni en el subsidiado, mientras yo sea presidente”, aseguró.

El presidente también enfatizó que SeNaSa ha ampliado sus servicios a lo largo de los últimos años, llegando a nuevos afiliados y extendiendo beneficios de salud sin importar la afiliación política o condición social de las personas.

“Se ha dado cobertura a todos los dominicanos, sin importar su materia política. Si esto es política, entonces es la política de la salud”, declaró.

Con más de 7.6 millones de afiliados — el 73% de la población dominicana—, SeNaSa es la mayor aseguradora de salud del país y un componente clave del sistema de protección social.

Este respaldo presidencial reafirma su estabilidad, legitimidad y el compromiso del Estado con el acceso universal a la salud

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Intrant se querella contra la empresa Dekolor por supuesto ‘soborno y chantaje’

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director, Milton Morrison, anunciaron este domingo que presentaron una querella contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos.

La querella penal con constitución en actor civil fue incoada el pasado viernes 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), e incluye al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña y a la gerente general de la empresa, Sandra Oruña.

Según un comunicado del Intrant, la acción obedece a supuestos intentos de soborno de un millón de dólares y tres millones de pesos mensuales, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant.

El objetivo de estos actos era obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país, señala el comunicado.

El contrato, suscrito originalmente en enero de 2020 por cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, así como la operación tecnológica completa del sistema de licencias.

«A pesar de haber sido modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa procuraba extender su vigencia sin pasar por un proceso competitivo, presionando de forma ilegal a la actual dirección institucional», dijo el Intrant.

Los hechos imputados se califican como soborno conforme a la Ley 448-06; asociación de malhechores, lavado de activos según la Ley 155-1;, estafa contra el Estado, y chantaje/extorsión electrónica, con base en el Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

El Intrant dijo que su querella está respaldada por informes técnicos internos y de la Contraloría General, evidencias documentales y testimonios, «lo que subraya la existencia de una estructura criminal articulada con el fin de manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos».

Además, se refiere a otros posibles actores involucrados cuya participación deberá ser depurada por el Ministerio Público.

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