SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y presentó cargos contra una persona jurídica, de una red criminal dedicada al supuesto robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Los imputados físicos son Fredery García Ortiz, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja María Carolina Durán Tavárez, también implicada en las operaciones fraudulentas, según una nota del Procuraduría General de la República.

Además, enfrentan cargos Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).

Asimismo, se imputa a la persona jurídica Decoral Muebles y Más, S.R.L., cuyos establecimientos supuestamente servían de fachada para actividades ilícitas vinculadas al fraude bancario y la usurpación de identidad.

Diego Alfonso Polo Ramírez (32) y Winal Freddy Polo Peralta (29), alias “Los Polos”, señalados por los mismos hechos y quienes se encontraban prófugos, fueron entregados este lunes por una comisión de abogados.

«Los Polos» junto al nombrado Wilmys Veloz Rojas (también imputado), supuestamente se encargaban de reclutar personas en distintas zonas del norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros.

Estas cuentas eran utilizadas para recibir fondos fraudulentos procedentes de otros miembros de la red.

La solicitud de medida de coerción que será conocida por un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue  presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.

La investigación se originó a raíz de las reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.

El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.

Este operativo permitió la ejecución de múltiples allanamientos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.

El operativo incluyó 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat.

El órgano persecutor señala que los implicados lograron sustraer información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose de fondos de manera ilegal.

Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos.

El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.

El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Para fundamentar la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público presentó diferentes pruebas que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.

Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.