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¿Pitaste? Contrataciones Públicas suspende licitación de pitos en Digesett por falta de estudios previos

La Digesett había licitado un proceso de compras y contrataciones para adquirir un total de 2,894 silbatos por un monto que asciende a RD$5,634.618. Mientras que el precio unitario estimado por cada pito es de RD$1,947.

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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió este viernes la licitación que hizo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para la adquisición de pitos con su porta pitos, debido a la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

La DGCP indicó que el estudio previo constituye “un requisito indispensable, conforme establece el Decreto 416-23 de aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”.

Explicó que la medida tiene carácter cautelar y correctivo y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

“La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la Digesett para los fines correspondientes”, apuntó el organismo en un comunicado.

Los estudios previos son un prerrequisito para el lanzamiento de un procedimiento de contratación y una herramienta para determinar las necesidades reales de una institución, el valor en el mercado del bien y los tiempos en los que estaría disponible, explicó.

El artículo 4 del reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

La Digesett había licitado un proceso de compras y contrataciones para adquirir un total de 2,894 silbatos por un monto que asciende a RD$5,634.618.

Mientras que el precio unitario estimado por cada pito es de RD$1,947.

La convocatoria estaba dirigida exclusivamente a mipymes mujeres.

La Digesett explicó más temprano que el proceso de adquisición de los silbatos con porta pitos tipo distintivo y cadena formaba parte de un procedimiento administrativo normal, con criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.

El organismo apuntó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permiten realizar señales sonoras claras y efectivas durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes en las vías.

“La compra responde a la necesidad de dotar a los agentes de equipos adecuados, resistentes y estandarizados, con características técnicas específicas que garanticen durabilidad y funcionalidad en el terreno”, indicó.

El silbato, según la especificación técnica, deberá ser de acero inoxidable, color níquel (plata), bola de corcho, con una medida de 3.5 a 4.5 centímetros de largo, y que incluya un sistema de orificio para la adaptación de cadenas.

Tanto la cadena como el porta pito también serán de acero inoxidable, según indicó la Digesett. El porta pito tiene que ser de color anaranjado, con las siglas de la institución en color plateado.

El proceso de licitación estará abierto hasta el próximo martes 9 de septiembre.
Digesett abre licitación para comprar pitos por más de cinco millones de pesos
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Juez mantiene prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa

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Foto cortesía Listín Diario

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, y otros siete imputados vinculados al desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida original, asegurando que la privación de libertad sigue siendo la vía idónea para garantizar la presencia del encartado en el proceso.

En ese sentido, dispuso el mantenimiento en prisión de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma

El juez consideró que persiste el riesgo de incomparecencia, derivado de la gravedad de los hechos imputados y el daño que debe ser resarcido al Estado.

Atendiendo a la posible pena imponible según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se considera una medida equilibrada.

Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal concluyó que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican el otorgamiento de una libertad bajo fianza o medida menos gravosa.

«Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición», dictaminó el juez en el dispositivo de la resolución.

Asimismo, el juez fijó para el próximo 21 de mayo, la lectura integra de la decisión, fecha a partir de la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.

Igualmente, el tribunal fijó para el 30 de julio del presente año el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando las partes presentes y representadas formalmente citadas para dichas comparecencias.

Vía Listín Diario

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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago

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El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

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