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Familiares de dos jóvenes ultimados por la PN piden a Pesqueira explique el caso con “veracidad”

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Familiares de José Vladimir Valerio Estévez, propietario de la peluquería “Valerio Barber shop” y Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, quienes cayeron abatidos en medios de una balacera la tarde del miércoles, pidieron a las autoridades aclarar los hechos, asegurando que sus parientes no tiene nada que ver con las otras tres personas que también murieron en el hecho.

Entienden que la policía se precipitó al ofrecer los detalles, indicando que todos pertenecían a una banda de criminales y una red de narcotráfico, por lo que esperan que, el vocero de la institución, Diego Pesquera, explique los hechos con la “veracidad” que amerita este caso.

Rafael Valerio Estévez, familiar del fallecido José Vladimir Valerio Estévez, cuestionó fuertemente la versión policial sobre el confuso incidente en el que perdió la vida su pariente, asegurando que se trató de una “ejecución planificada” y no de un intercambio de disparos como informó la institución del orden.

Valerio sostuvo que, la Policía actuó de manera irregular al intervenir en un edificio donde operaban negocios, barberías, salones y residían decenas de familias.

“Ellos sabían quiénes eran los delincuentes, les estaban dando seguimiento. ¿Por qué no reforzaron con otra unidad y rodearon el lugar? No, porque el objetivo fue mandarlo a matar a todos los que estuvieran ahí”, expresó.

El abogado afirmó que su pariente no portaba armas y que, incluso, intentó identificarse como barbero cuando fue sorprendido por los agentes.

“Cuando levantó la mano dijo: ‘Yo soy barbero, no me maten’, y de inmediato le emprendieron a tiros. Al prestamista que estaba a su lado también lo mataron. Eso no fue un enfrentamiento, fue una ejecución”, declaró.

Críticas al accionar policial
El denunciante acusó a los agentes de manipular la escena y fabricar pruebas. Señaló que las armas supuestamente ocupadas fueron colocadas de manera inverosímil y que los videos de seguridad del edificio fueron sustraídos.

“Le agradecemos a la Policía que se llevara los DVR, porque eso es autoincriminación. Ya el Ministerio Público tiene potestad para investigar”, advirtió.

Asimismo, relató que otro hombre presente en el lugar salvó su vida tras identificarse como maestro. “La orden era matar a todo el que estuviera allí. No lo hicieron con él porque mostró su cartera y un policía dijo: ‘A ese no’”, narró.

Valerio también reprochó las declaraciones del vocero de la Policía, quien vinculó de inmediato a su pariente con hechos delictivos.

“Quizás lo engañaron en su buena fe, pero los tiempos han cambiado. Un vocero debe decir que hay una investigación en curso y esperar resultados, no condenar a la ligera frente a las cámaras”, señaló.

Pese a sus denuncias, el familiar expresó confianza en que el Ministerio Público esclarezca lo ocurrido y deslinde responsabilidades.

“Confiamos en que habrá consecuencias, porque esto no se va a quedar así. Sabemos que hay policías serios, pero también hay un grupito que se ha dedicado a matar y a fabricar expedientes. Esos tiempos pasaron”, afirmó.

Mientras que, Eslayne Agramonte, esposa de Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, uno de los hombres que perdió la vida en el confuso incidente ocurrido en una peluquería, exigió a las autoridades policiales esclarecer los hechos y defender la inocencia de su esposo y de los demás jóvenes involucrados.

Con visible indignación y entre lágrimas, Agramonte cuestionó la versión oficial ofrecida por la Policía, que los señala como supuestos delincuentes que habrían participado en un intercambio de disparos.

“Nosotros, los familiares, queremos que el vocero diga la verdad. ¿Dónde están las fichas de Julio Víctor Gómez y de los demás, si nunca han tenido problemas con un Dicrim? Ellos no eran delincuentes, lo único que fueron a hacer fue a pelarse en esa barbería, como siempre lo hacían”, expresó.

La viuda denunció que sus parientes fueron víctimas de una “masacre” y que, tras el hecho, se intenta justificar la tragedia presentándolos como criminales.

“Que el general hable y diga el informe como es. Que no pongan armas de fuego para justificar la muerte de inocentes. La Policía mata a cualquiera y le coloca un arma para decir que hubo un intercambio. ¿Dónde está el policía herido que dicen que hubo? ¿En qué hospital está?”, cuestionó.

Agramonte relató que, su esposo y sus amigos frecuentaban todos los fines de semana la barbería donde se registró el tiroteo, y aseguró que nunca estuvieron vinculados a actividades delictivas.

Finalmente, pidió a las autoridades limpiar el nombre de las víctimas y garantizar justicia.

“Claro que queremos que se haga justicia, porque eran inocentes. La Policía está para proteger, no para matar y después inventar historias. Queremos que se diga la verdad y se limpie el nombre de nuestros familiares”, concluyó.

Estos familiares se manifestaron sobre el tema al momento en el que retiraban los cuerpos, tanto de Vladimir Valerio (el peluquero), como Elvis Jiménez (el cliente), del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago.

Sobre el hecho
Cinco personas resultaron fallecidas el pasado miércoles, luego de un enfrentamiento ocurrido con miembros de la Policía Nacional y civiles en una plaza ubicada en el sector La Barranquita de la provincia Santiago.

Las mismas fueron identificadas como José Vladimil Valerio Estévez; Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez.

Vía Listín Diario

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Dictan un año de prisión preventiva a peruano por falsa alarma de bomba en el AILA

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La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 12 meses de prisión preventiva contra Ángel del Pino Cuya, ciudadano peruano acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado 6 de enero.

La medida, solicitada por el Ministerio Público, deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras tras la investigación ser declarada compleja.

El fiscal Andrés Mena indicó que la jueza Karen Minyeti acogió las pruebas presentadas al tratarse de una amenaza de bomba que resultó ser falsa y activó los protocolos de seguridad aérea de alcance nacional e internacional.

“El juez determinó que existen elementos suficientes que vinculan al imputado con los hechos y que justifican la imposición de la prisión preventiva”, indicó el representante del Ministerio Público.

Entre las pruebas presentadas figura el teléfono celular desde el cual se realizó la llamada que generó el aviso, evidencia que fue ocupada e incorporada al expediente acusatorio.

La investigación permanece abierta para establecer las circunstancias que rodearon el hecho.

Ángel del Pino Cuya, acusado de provocar una falsa alarma de bomba en el AILA, a su llegada al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)
Tras venir al país a pasar unas vacaciones, Angel del Pino decidió quedarse en el país, y ya lleva dos años y medio residiendo en República Dominicana.

Además laboraba en el entorno de aeropuertos, manifestó el fiscal.

Defensa rechaza medida

Por su parte, el abogado Rafael Lalane, defensa de Del Pino Cuya, calificó como desproporcionada la decisión del tribunal de imponer un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.

“Desproporcionada apostando a la buena justicia y presunción de inocencia. La investigación puede continuar sin una medida tan agraviosa”, expresó.

Calificación jurídica
El Ministerio Público calificó los hechos como una violación a la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y a la Ley 267-08 sobre Terrorismo, que contemplan penas de tres a 40 años de prisión, al tratarse de una conducta que afecta infraestructura crítica y la seguridad nacional.

Según la solicitud de coerción, el hecho ocurrió el 6 de enero de 2026, cuando el imputado realizó una llamada a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, que ya se encontraba en el aire con pasajeros y tripulación.

La advertencia obligó al retorno de la aeronave, a una inspección de seguridad y al desvío de otros vuelos hacia diferentes terminales del país, provocando la interrupción temporal de las operaciones del AILA.

El imputado fue arrestado el pasado 22 de enero en el sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, aunque con impacto directo en la operatividad aeroportuaria y la seguridad del transporte aéreo.

Vía Diario Libre

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Santiago Hazim y a otros seis acusados en el caso Senasa seguirán en prisión

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Foto DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINIC

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la madrugada de este jueves la apelación presentada por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros seis imputados por presunta corrupción administrativa, por lo que continuarán cumpliendo prisión preventiva.

Todos cumplen 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en el alegado fraude a la ARS estatal, estimado por el Ministerio Público en más de 15,900 millones de pesos.

«Por vía de consecuencia confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados», dice la sentencia que fue leída al concluir la audiencia, a las 12:23 a.m.

El tribunal estuvo presidido por la magistrada Isis Muñoz e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes determinaron que no han variado los motivos que dieron origen a la decisión adoptada previamentepor el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Al analizar el peligro de fuga, la corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley.

DL

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