Sin especificar la causa, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anunció este jueves el cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que se encuentra en Santo Domingo.

La embajadora Leah Campos publicó un mensaje en las redes sociales del órgano diplomático asegurando que no tolerará la corrupción, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro”, indicó esta tarde un mensaje transmitido a través de la red social X.

Luego de esto, Campos indicó que, “por ello”, decidió clausurar de manera temporal la sede de la DEA en el territorio dominicano.

“La corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso”, comunicó Campos.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la duración del cierre ni sobre posibles investigaciones específicas vinculadas a la decisión.

Tampoco se ha informado cómo se manejarán las operaciones antidrogas durante el período en que la oficina permanezca cerrada.

Con información del Listín Diario

La jueza Fátima Veloz impuso presentación periódica e impedimento de salida para los tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, que opera los negocios Barra Payán y Panadería Payán, por un presunto fraude de más de 39.7 millones de pesos, en perjuicio de los demás socios de la entidad.

Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera recibirán esas medidas de coerción luego de que la titular del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acogiera, parcialmente, la solicitud del Ministerio Público, quienes además de las medidas cautelares impuestas, pidieron la garantía económica.

Al término de la audiencia, los abogados de la defensa se mostraron de acuerdo con la decisión asegurando que se trata de un proceso civil y comercial y nada que ver con delito penal; los mismos añadieron que las autoridades tienen un plazo de seis meses para culminar la investigación y presentar la acusación formal.

En la solicitud de medida presentada por el Ministerio Público, que a través de una auditoría forense (realizada entre 2019 y 2022), los imputados aprovecharon su condición de socios y administradores de la entidad que opera los conocidos negocios Barra Payán y Panadería Payán para desviar fondos de manera sistemática.

El monto total de defraudado presuntamente asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los demás socios de la empresa Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso.

Vía Listín Diario