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JCE aclara no hay empresas de capital haitiano participando en el proyecto de la nueva cédula
La Junta Central Electoral (JCE) aseguró este martes que el proceso de licitación internacional para la implementación de la nueva cédula de identidad y electoral se ha desarrollado con total transparencia, apego a la ley y con las máximas garantías de seguridad sobre los datos de los ciudadanos dominicanos.
La JCE aclaró que ninguna de las cinco empresas que integran el consorcio EMDOC es de origen o capital haitiano.
Indica El Nacional que durante una rueda de prensa, el órgano comicial aclaró que la convocatoria fue publicada con suficiente antelación y en medios nacionales e internacionales, garantizando la libre participación de empresas de todo el mundo, conforme a los plazos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Proceso internacional con amplia participación
Según la JCE, los avisos de licitación fueron difundidos los días 25 y 26 de abril de 2024 en los principales periódicos del país —Listín Diario, Diario Libre, El Día y El Nacional—, y también en medios internacionales como The New York Post (Estados Unidos) y El País (España), asegurando la transparencia y equidad del proceso.
Precisó que en la licitación participaron tres consorcios internacionales, resultando adjudicado el consorcio EMDOC, que será responsable de suplir los equipos, materiales y servicios requeridos para la renovación de la cédula.
La Junta enfatizó que mantiene la propiedad, control y custodia exclusiva de todos los datos personales, biométricos y demográficos de los dominicanos, según lo establece el contrato firmado el 3 de octubre de 2025.
Garantías de soberanía y protección de datos
Asimismo, el órgano electoral subrayó que es creadora y propietaria de sus sistemas y programas, y que ninguna persona, empresa ni institución ajena al organismo tiene ni tendrá acceso a estos.
Además, señaló que todo el proceso de cedulación será ejecutado exclusivamente por personal técnico de la JCE, debidamente entrenado, sin intervención externa.
Indicó que en su composición hay una compañía dominicana, dos panameñas y dos alemanas, entre ellas VERIDOS GmbH, en la que el 40 % de las acciones pertenece a Bundesdruckerei Gruppe GmbH, la imprenta federal alemana de propiedad exclusiva del Gobierno de Alemania.
Certificaciones internacionales y acompañamiento político
La institución informó que cuenta con certificaciones ISO 27001 y 22301, que acreditan su gestión en seguridad de la información y continuidad del negocio, ambas recertificadas en 2024 y 2025 por organismos internacionales.
De igual modo, el órgano electoral precisó que el proceso ha sido acompañado por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, cuyos delegados participan activamente en la supervisión y reuniones técnicas del proyecto.
Compromiso con la transparencia y la soberanía nacional
Finalmente, la JCE reiteró que la identidad y los datos personales de los dominicanos están completamente protegidos, y que el proceso de modernización del documento de identidad se realiza bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y transparencia.
“El pueblo dominicano puede estar seguro de que sus informaciones no están en riesgo; nuestra integridad, soberanía, identidad y democracia permanecen plenamente resguardadas”, concluye el comunicado del órgano electoral.
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Diputada aclara está separada de hombre apresado por supuestos vínculos con narcotráfico
La diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, informó la noche de este viernes que está separada de Ethian Vásquez, quien está detenido, supuestamente por vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado de prensa, la legisladora confirmó que tiene conocimiento de la detención de Vásquez, aunque no precisó el lugar donde se encuentra ni las razones.
Fernández explicó que desde hace un tiempo ambos tomaron caminos distintos y que no mantienen ningún tipo de convivencia ni responsabilidades comunes.
“Las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual”, señala el documento.
La diputada manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, «quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley».
En el comunicado, Fernández agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por su comunidad y cumpliendo con las responsabilidades legislativas que le fueron confiadas por los electores de La Romana.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de Vásquez ni de los cargos contra él.
Informaciones extraoficiales indican que estaría detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A continuación el comunicado de la diputada Jacqueline Fernández:
La diputada Jacqueline Fernández informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que tiene conocimiento de la detención del señor Ethian Vásquez, quien en el pasado fuera su cónyuge.
La legisladora Fernández aclara responsablemente que, desde hace un tiempo, ambos se encuentran separados de hecho y tomaron cominos distintos, por lo que no mantienen vínculo de convivencia ni responsabilidades comunes en su vida personal.
Reitera que las circunstancias que involucran al señor Vásquez son exclusivamente de su responsabilidad individual y expresa su total respeto al debido proceso, a las investigaciones correspondientes y a las autoridades competentes, quienes son las llamadas a esclarecer los hechos y determinar cualquier consecuencia conforme a la ley.
La diputada agradece a la ciudadanía su comprensión, y afirma que se mantendrá enfocada en continuar trabajando por su comunidad y en la responsabilidad legislativa que los ciudadanos de La Romana le han confiado.
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Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre y mujer planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente en Santiago
Al acoger la solicitud del Ministerio Público, una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre y una mujer que planificaban captar niñas para abusarlas sexualmente.
Los imputados Alexander Ramón Peña Henríquez y Luisa Stfrent, de nacionalidad haitiana, son imputados de violar la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La medida fue impuesta debido a la amenaza colectiva que representan para la población de niños, niñas y adolescentes, por cuanto planificaban y coordinaban captar menores de edad a los fines del hombre obtener gratificación sexual y sostener relaciones sexuales con estos menores de edad, y la mujer obtener valores económicos.
El escenario que dio lugar al arresto y posterior judicialización de los imputados se originó en un video, difundido a través de plataformas y redes sociales, donde Peña Henríquez ofrecía una cantidad de dinero de entre RD$15,000 a RD$20,000 pesos, para que Stfrent, quien se dedica a captar personas adultas y menores de edad, para ofrecer servicios sexuales a cambio de pagos en las provincias La Vega y Santiago, le ubicara y cediera menores de edad, a fin de abusarlas sexualmente.
En la audiencia de medidas de coerción, las fiscales María Dolores Rojas, Martha González y Wendy Sánchez, presentaron a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana, las evidencias de que existe un latente peligro y amenaza contra esta población vulnerable, por cuanto se debía imponer la prisión preventiva, al ser considerada la medida idónea para proteger a las potenciales víctimas y permitir la continuidad del proceso.
Además de imponer la medida solicitada por el órgano acusador, el tribunal también autorizó la extracción de información que pueda resultar de interés para la investigación, del teléfono celular que le fue ocupado a la imputada.
Peña Henríquez, dominicano, y Stfrent, de nacionalidad haitiana, fueron arrestados mediante las órdenes tramitadas ante el tribunal competente 2025-AJ0071635 y 2025-AJ0071634.
De manera provisional, la Fiscalía de Santiago ha imputado contra los procesados la violación a los artículos 1, 3, y 5 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, principios V, VI y VII y el artículo 14 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que tipifican la captación de menores de edad a los fines de gratificación y obtención de favores sexuales y por violación a los derechos de la imagen, intimidad, honor y dignidad de las personas menores de edad, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.
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