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Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su abogado

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La familia Rosario y parientes de apellidos diversos, que aseguran sumar cerca de 51,000 herederos, celebraron un encuentro el pasado domingo en Santiago de los Caballeros, donde reafirmaron su unidad y ratificaron la designación del abogado Johnny Portorreal Reyes como único representante legal para las gestiones relacionadas con la denominada herencia Rosario.

Portorreal se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por estafa en el caso.

Cumple condena de cinco años de prisión, reseña el periódico Diario Libre.

La reunión en Santiagodecisiones y objetivos

Durante el encuentro, los asistentes acordaron:

  • Ratificar la unificación de la familia Rosario y la estructuración de una representación colectiva.
  • Designar al Dr. Johnny Portorreal Reyes como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades.
  • Expresar que consideran la inocencia del mismo.
  • Reafirmar la intención de continuar las acciones legales y administrativas para reclamar la supuesta herencia, apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados.
  • La organización denominada Dirección Central Rosario (DCR) se presenta como la instancia encargada de coordinar esfuerzos sociales, administrativos y jurídicos, con el objetivo de proteger los intereses colectivos de los herederos.

Contexto de la reclamación

El reclamo conocido como la herencia Rosario se basa en la tradición familiar que atribuye a los antepasados Jacinto y Celedonio del Rosario la posesión de bienes, presuntamente tierras y recursos minerales en la zona de Cotuí, cuyos frutos habrían sido transferidos o depositados en cuentas en bancos internacionales (principalmente en España y Suiza).

Los reclamantes sostienen que esos bienes constituyen un patrimonio pendiente de entrega a sus descendientes.

No obstante, a la fecha no existe confirmación pública de la existencia de dichas cuentas en las entidades señaladas, y al menos una institución financiera mencionada en el reclamo, el Banco Santander de España ha declarado no tener constancia de fondos vinculados a esta presunta herencia.

Situación judicial de Johnny Portorreal

La Procuraduría General de la República (PGR), en nota de prensa del 11 de marzo de 2024, informó que el Ministerio Público logró la condena a cinco años de prisión contra el abogado Johnny Portorreal por estafa a 283 personas identificadas como reclamantes de la herencia.

Según el expediente consignado por la PGR, Portorreal y otras personas habrían obtenido pagos mediante la otorgación de poderes (cuota litis) y la promesa de gestionar la supuesta fortuna en entidades bancarias internacionales.

La lectura de la sentencia fue fijada en abril de 2024, conforme al comunicado oficial.

En ese mismo proceso, dos imputados —Miguel D’ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz— resultaron exonerados.

La acusación pública detalló que algunas personas intervenían en la captación de supuestos herederos y en la organización de diligencias y viajes relacionados con las gestiones internacionales reclamadas por los familiares.

Entre la exigencia y las dudas verificadas

El caso ha generado atención pública y controversia: por un lado, hay una movilización sostenida de personas que aseguran ser herederos y reclaman acceso a un patrimonio familiar.

Por otro, autoridades financieras descartaron la existencia de los fondos reclamados, y la investigación del Ministerio Público derivó en condenas por estafa en perjuicio de reclamantes que pagaron por gestiones relacionadas con la supuesta herencia.

Ante este panorama, la familia Rosario ha decidido mantener su reclamo y promover la representación centralizada, al tiempo que enfrenta el reto de demostrar ante organismos nacionales e internacionales la existencia y trazabilidad de los bienes que reivindican.

 

 

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Guido sobre imputados del caso Senasa: “Son unos hijos de la gran puta”

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El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que los diez imputados en el caso Senasa “son unos hijos de la gran puta”, al referirse al presunto fraude cometido con recursos públicos destinados al sistema de salud y a las medidas de coerción que les fueron impuestas el día de ayer, durante una intervención en un programa televisivo transmitido la mañana de este lunes.

“Son unos hijos de la gran puta. Porque cuando tú tomas recursos públicos destinados a la salud de los infelices de este país, y tú manipulas operaciones no realizadas y generas contrataciones multimillonarias, tú tienes que reconocer que el nivel de indignación de la población tiene mucha razón de ser”, manifestó.

Las declaraciones se producen luego de que un juez impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que otros tres deberán cumplir arresto domiciliario e impedimento de salida del país, como medidas de coerción dentro del proceso judicial.

Las declaraciones de Gómez Mazara fueron ofrecidas durante su participación en el programa Telematutino 11, que se transmite por el canal Telesistema

Gómez Mazara sostuvo que el caso no debe quedarse en esta primera fase y exhortó a los magistrados a profundizar las investigaciones. “Frente a eso, yo quisiera pedirles a los magistrados que siguieran hasta el final”, enfatizó.

Posible ampliación del caso: “Senasa 2.0”
Asimismo, el presidente de Indotel se refirió a una posible ampliación del expediente, al que denominó de manera informal como “Senasa 2.0”, aclarando que se trata de una inferencia personal y no de información oficial.

“Intuyo yo, no tengo información porque nosotros somos respetuosos del Ministerio Público, pero intuyo que va a involucrar farmacias, clínicas, médicos”, expresó.

En ese sentido, pidió sanciones severas contra los profesionales de la salud que pudieran estar implicados en prácticas fraudulentas.

“Ojalá todos esos médicos que participan en esa vagabundería le quiten el exequátur”, concluyó.

Vía N Digital

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Dictan prisión preventiva a Santiago Hazim y otros implicados en caso Senasa

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El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis implicados en el caso Senasa.

El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim, exdirector del Senasa, cumpla la medida de coerción en el centro penitenciario de Najayo.

Asimismo, el tribunal dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, así como contra Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Ellos también cumplirán la medida en la cárcel de Najayo.

En tanto, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo una solicitud del Ministerio Público.

Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado prisión preventiva para siete de los diez imputados en el citado caso.

En resumen

🔴 Prisión preventiva por 18 meses (Najayo):
• Santiago Marcelo Hazim
• Rafael Luis Martínez Hazim
• Gustavo Enrique Messina Cruz
• Germán Rafael Robles Quiñones
• Francisco Iván Minaya Pérez
• Ramón Alan Speakler Mateo
• Ada Ledesma Ubiera

🟡 Arresto domiciliario (comerán lechón en su casa en Nochebuena)
• Eduardo Read Estrella: arresto domiciliario e impedimento de salida.
• Cinty Acosta Sención: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
• Heidi Mariela Pineda Perdomo: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.

Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron además que el proceso sea declarado como caso complejo.

Por su parte, los abogados de la defensa pidieron el rechazo de la prisión preventiva y que se impusieran medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y el pago de garantías económicas.

Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

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