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Familia Rosario designa al condenado por estafa Jhonny Portorreal como su abogado
Portorreal se encuentra privado de libertad desde marzo de 2024 por estafa en el caso.
Cumple condena de cinco años de prisión, reseña el periódico Diario Libre.
La reunión en Santiago: decisiones y objetivos
Durante el encuentro, los asistentes acordaron:
- Ratificar la unificación de la familia Rosario y la estructuración de una representación colectiva.
- Designar al Dr. Johnny Portorreal Reyes como único representante legal de la familia para las gestiones en curso, decisión que la organización familiar entiende como una forma de centralizar trámites y solicitudes ante autoridades y entidades.
- Expresar que consideran la inocencia del mismo.
- Reafirmar la intención de continuar las acciones legales y administrativas para reclamar la supuesta herencia, apelando a vías institucionales y administrativas hasta que se aclare el origen y destino de los bienes reclamados.
- La organización denominada Dirección Central Rosario (DCR) se presenta como la instancia encargada de coordinar esfuerzos sociales, administrativos y jurídicos, con el objetivo de proteger los intereses colectivos de los herederos.
Contexto de la reclamación
El reclamo conocido como la herencia Rosario se basa en la tradición familiar que atribuye a los antepasados Jacinto y Celedonio del Rosario la posesión de bienes, presuntamente tierras y recursos minerales en la zona de Cotuí, cuyos frutos habrían sido transferidos o depositados en cuentas en bancos internacionales (principalmente en España y Suiza).
Los reclamantes sostienen que esos bienes constituyen un patrimonio pendiente de entrega a sus descendientes.
No obstante, a la fecha no existe confirmación pública de la existencia de dichas cuentas en las entidades señaladas, y al menos una institución financiera mencionada en el reclamo, el Banco Santander de España ha declarado no tener constancia de fondos vinculados a esta presunta herencia.
Situación judicial de Johnny Portorreal
La Procuraduría General de la República (PGR), en nota de prensa del 11 de marzo de 2024, informó que el Ministerio Público logró la condena a cinco años de prisión contra el abogado Johnny Portorreal por estafa a 283 personas identificadas como reclamantes de la herencia.
Según el expediente consignado por la PGR, Portorreal y otras personas habrían obtenido pagos mediante la otorgación de poderes (cuota litis) y la promesa de gestionar la supuesta fortuna en entidades bancarias internacionales.
La lectura de la sentencia fue fijada en abril de 2024, conforme al comunicado oficial.
En ese mismo proceso, dos imputados —Miguel D’ Óleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz— resultaron exonerados.
La acusación pública detalló que algunas personas intervenían en la captación de supuestos herederos y en la organización de diligencias y viajes relacionados con las gestiones internacionales reclamadas por los familiares.
Entre la exigencia y las dudas verificadas
El caso ha generado atención pública y controversia: por un lado, hay una movilización sostenida de personas que aseguran ser herederos y reclaman acceso a un patrimonio familiar.
Por otro, autoridades financieras descartaron la existencia de los fondos reclamados, y la investigación del Ministerio Público derivó en condenas por estafa en perjuicio de reclamantes que pagaron por gestiones relacionadas con la supuesta herencia.
Ante este panorama, la familia Rosario ha decidido mantener su reclamo y promover la representación centralizada, al tiempo que enfrenta el reto de demostrar ante organismos nacionales e internacionales la existencia y trazabilidad de los bienes que reivindican.
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Juez mantiene prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva en contra de Santiago Hazim, y otros siete imputados vinculados al desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la medida original, asegurando que la privación de libertad sigue siendo la vía idónea para garantizar la presencia del encartado en el proceso.
En ese sentido, dispuso el mantenimiento en prisión de Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma
El juez consideró que persiste el riesgo de incomparecencia, derivado de la gravedad de los hechos imputados y el daño que debe ser resarcido al Estado.
Atendiendo a la posible pena imponible según la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva se considera una medida equilibrada.
Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal concluyó que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican el otorgamiento de una libertad bajo fianza o medida menos gravosa.
«Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición», dictaminó el juez en el dispositivo de la resolución.
Asimismo, el juez fijó para el próximo 21 de mayo, la lectura integra de la decisión, fecha a partir de la cual empezarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.
Igualmente, el tribunal fijó para el 30 de julio del presente año el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando las partes presentes y representadas formalmente citadas para dichas comparecencias.
Vía Listín Diario
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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago
El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.
La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.
No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.
La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.
Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.
La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en
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