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Condenan a la Procuraduría al pago de RD$10.9 millones a Affe Gutiérrez, acusado falsamente de homicidio
La Procuraduría General de la República (PGR) fue condenada al pago de RD$10,912,792.00 a favor del exagente policial Affe Gutiérrez Gil, esposo de la comunidad Sarah Pepén, quien permaneció más de dos años en prisión preventiva pese a no existir pruebas en su contra.
La decisión, ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), confirma que el Estado dominicano a través de la PGR actuó con arbitrariedad y violó los derechos fundamentales del ciudadano.
Según una nota informativa, la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema, con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría y mantuvo íntegramente la resolución de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la compensación por daños morales, físicos y profesionales.
Una indemnización sin precedentes en el país
La defensa de Gutiérrez, compuesta por los abogados Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, calificó el fallo como “un precedente histórico” en materia de responsabilidad patrimonial del Estado.
“Es la indemnización más alta registrada en República Dominicana por prisión preventiva injusta. Representa un hito en la lucha por el respeto al debido proceso y a la dignidad humana”, afirmaron.
El propio Gutiérrez valoró el fallo como una reparación moral más que económica:
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos ni el dolor vivido, pero demuestra que la verdad resiste el tiempo. Aún espero una disculpa pública por parte de las autoridades que me destruyeron la vida.”
Persecución, abuso y una década de sufrimiento
El caso se originó en 2008, poco después del matrimonio de Gutiérrez con la periodista Sarah Pepén.
Según los registros judiciales, fue expulsado de la Policía Nacional y sometido a la justicia bajo acusaciones infundadas de homicidio.
Un año después, fue enviado a prisión preventiva, donde permaneció por más de dos años pese a la falta de evidencias.
Posteriormente, un testigo confesó haber recibido dinero para incriminarlo falsamente, destapando un entramado de corrupción y retaliación institucional.
Durante ese tiempo, Gutiérrez fue condenado dos veces a 30 años de cárcel, sentencias que más tarde fueron anuladas por la Corte de Apelación, la cual determinó que se trató de procesos viciados.
En mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó definitivamente.
El Estado obligado a reparar el daño
Tras su absolución, en 2020, Gutiérrez interpuso una demanda contra la PGR ante el TSA, reclamando RD$100 millones por los daños sufridos.
El tribunal determinó que el Estado actuó con “arbitrariedad, abuso de poder y desprecio por las garantías constitucionales”, y ordenó el pago de RD$10.9 millones como compensación.
Los peritajes médicos y psicológicos incluidos en el expediente confirmaron que Gutiérrez sufre estrés postraumático, ansiedad severa y secuelas físicas permanentes, producto del trato degradante recibido durante su reclusión.
Suprema Corte confirma y sienta precedente
La Suprema Corte de Justicia ratificó que el recurso de la PGR carecía de fundamento legal, y subrayó que el uso indebido de la prisión preventiva constituye una violación directa a la dignidad humana y al Estado de derecho.
El fallo, emitido el 29 de agosto de 2025, reafirma que las instituciones del Estado deben responder por los daños ocasionados por sus funcionarios, y consolida la doctrina de que la libertad personal no puede sacrificarse por el abuso del poder.
Para Gutiérrez, el veredicto es más que una compensación: es una reivindicación moral tras más de una década de lucha judicial.
“Sobreviví a intentos de asesinato, a la humillación y al abandono. Pero nunca perdí la fe en la justicia, y hoy el país tiene una prueba de que sí puede haber reparación”, declaró.
Vía El Nuevo Diario
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Guido sobre imputados del caso Senasa: “Son unos hijos de la gran puta”
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que los diez imputados en el caso Senasa “son unos hijos de la gran puta”, al referirse al presunto fraude cometido con recursos públicos destinados al sistema de salud y a las medidas de coerción que les fueron impuestas el día de ayer, durante una intervención en un programa televisivo transmitido la mañana de este lunes.
“Son unos hijos de la gran puta. Porque cuando tú tomas recursos públicos destinados a la salud de los infelices de este país, y tú manipulas operaciones no realizadas y generas contrataciones multimillonarias, tú tienes que reconocer que el nivel de indignación de la población tiene mucha razón de ser”, manifestó.
Las declaraciones se producen luego de que un juez impusiera 18 meses de prisión preventiva a siete de los imputados, mientras que otros tres deberán cumplir arresto domiciliario e impedimento de salida del país, como medidas de coerción dentro del proceso judicial.
Las declaraciones de Gómez Mazara fueron ofrecidas durante su participación en el programa Telematutino 11, que se transmite por el canal Telesistema
Gómez Mazara sostuvo que el caso no debe quedarse en esta primera fase y exhortó a los magistrados a profundizar las investigaciones. “Frente a eso, yo quisiera pedirles a los magistrados que siguieran hasta el final”, enfatizó.
Posible ampliación del caso: “Senasa 2.0”
Asimismo, el presidente de Indotel se refirió a una posible ampliación del expediente, al que denominó de manera informal como “Senasa 2.0”, aclarando que se trata de una inferencia personal y no de información oficial.
“Intuyo yo, no tengo información porque nosotros somos respetuosos del Ministerio Público, pero intuyo que va a involucrar farmacias, clínicas, médicos”, expresó.
En ese sentido, pidió sanciones severas contra los profesionales de la salud que pudieran estar implicados en prácticas fraudulentas.
“Ojalá todos esos médicos que participan en esa vagabundería le quiten el exequátur”, concluyó.
Vía N Digital
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Dictan prisión preventiva a Santiago Hazim y otros implicados en caso Senasa
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis implicados en el caso Senasa.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim, exdirector del Senasa, cumpla la medida de coerción en el centro penitenciario de Najayo.
Asimismo, el tribunal dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, así como contra Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Ellos también cumplirán la medida en la cárcel de Najayo.
En tanto, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo una solicitud del Ministerio Público.
Los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado prisión preventiva para siete de los diez imputados en el citado caso.

En resumen
🔴 Prisión preventiva por 18 meses (Najayo):
• Santiago Marcelo Hazim
• Rafael Luis Martínez Hazim
• Gustavo Enrique Messina Cruz
• Germán Rafael Robles Quiñones
• Francisco Iván Minaya Pérez
• Ramón Alan Speakler Mateo
• Ada Ledesma Ubiera
🟡 Arresto domiciliario (comerán lechón en su casa en Nochebuena)
• Eduardo Read Estrella: arresto domiciliario e impedimento de salida.
• Cinty Acosta Sención: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
• Heidi Mariela Pineda Perdomo: arresto domiciliario, garantía económica de RD$100,000 e impedimento de salida.
Los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, solicitaron además que el proceso sea declarado como caso complejo.
Por su parte, los abogados de la defensa pidieron el rechazo de la prisión preventiva y que se impusieran medidas menos gravosas, como arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y el pago de garantías económicas.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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