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Ministerio Público denomina como Operación Cobra la investigación por desfalco en Senasa

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El Ministerio Público informó que la investigación por el desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fue denominada Operación Cobra, con la cual inició un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

Según la institución, veinticinco fiscales, apoyados por más de doscientos agentes de la Policía Nacional, realizaron doce allanamientos que llevaron al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y otras siete personas: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público señaló que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación para su posterior judicialización.

Los delitos imputados
A los detenidos se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La Procuraduría indicó que ha recabado evidencias de sobornos a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico y otras maniobras utilizadas para distraer fondos públicos. Afirma que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado desde la Dirección Ejecutiva del SeNaSa en coalición con funcionarios y prestadores de servicios de salud.

Recordó que el SeNaSa es un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.

«Aquellos que han atentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los más necesitados, tendrán que responder por sus hechos criminales», dijo.

Añadió que la Operación Cobra «llegará hasta el final» y que los responsables deberán devolver cada peso tomado del patrimonio público.

Dirección del operativo
La Operación Cobra es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y por la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Pepca, junto a un equipo de fiscales especializados en criminalidad organizada.

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Hombre mata a su pareja en San Cristóbal

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Una mujer de 26 años murió tras recibir varias heridas de arma blanca presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector El Cacique, San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Esther Salomón, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con un arma blanca, según informó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó la búsqueda del agresor, un hombre de nacionalidad haitiana, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

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La JCE aclara que se casaron un hombre y una mujer en unión transexual

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La Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado oficial este 31 de agosto de 2026 para precisar la base jurídica del reciente matrimonio entre Jayden Resto Holguín y Regina Balaguer de Resto (conocida como «Reina de Coronas»), un enlace reportado por RC Noticias y celebrado por colectivos de derechos humanos como la primera boda pública entre un hombre trans y una mujer trans en la nación.

En su pronunciamiento, el órgano custodio del registro civil dominicano aclaró que el matrimonio entre los ciudadanos asentados legalmente como Aris Doris Resto Holguín (registrada como mujer) y Miguel José Balaguer de la Rosa (registrado como hombre) cumple estrictamente con los requisitos de la Constitución y las leyes nacionales. La institución enfatizó que el enlace fue formalizado entre un hombre y una mujer conforme a sus actas de nacimiento y documentos de identidad vigentes, reiterando su apego al mandato constitucional.

Por su parte, la pareja defiende el valor simbólico e histórico del acto al tratarse de dos personas trans que defienden sus respectivas identidades de género.

Tras cuatro meses de relación a distancia iniciada en redes sociales y dos años de noviazgo, en mayo de 2026 iniciaron los trámites formales para consolidar su relación.

El trayecto administrativo estuvo marcado por dificultades.

Regina denunció que sufrieron trabas y tratos transfóbicos durante la entrega de documentos debido a su apariencia física: «Nos pidieron los documentos, pero después no nos querían casar por cómo nos veíamos. En ninguna ley aparece un código de vestimenta». No obstante, la contrayente matizó la experiencia diferenciando la burocracia del momento del enlace, destacando que el oficial civil que los casó los trató con absoluta modestia y respeto.

La unión contó con la orientación y acompañamiento de la organización TRANSSA – Trans Siempre Amigas, y recibió felicitaciones del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) y COLESDOM, entidades que calificaron el evento como un hito significativo para la visibilidad y el reconocimiento de las familias trans.

A pesar del marco técnico expuesto por la JCE, la pareja mantiene su postura sobre el impacto del evento para la comunidad LGTBIQ+. En palabras de Regina: «Que se reconozca legalmente mi matrimonio en la República Dominicana sí es un paso enorme para la comunidad completa. Este es el inicio. Luchemos por nuestros derechos, por los que tenemos y los que aún nos niegan, sin cansarnos».

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