El Ministerio Público establece en la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 imputados del caso Senasa, acusados de desfalco en perjuicio del Estado dominicano, cuáles eran las características del grupo para la distracción de fondos.

El MP señala que la supuesta red creó una estructura de crimen organizado encabezada por el exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, con el objetivo de sustraer fondos públicos a través de mecanismos de corrupción y operaciones de lavado de activos, con ramificaciones en el sector privado.

Además de Santiago Hazim, están acusados en este caso, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Ada Ledesma Ubiera.

Reseña el periódico Listín Diario que el documento precisa que “los lideres” de la red obstruyeron la transparencia interna, instalando un equipo interno, que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de mejora institucional o programa de transparencia, con el fin de garantizar la continuidad de sus maniobras fraudulentas.

Crearon la figura de “programas especiales” sin el debido sustento técnico ni financiero, los cuales fueron utilizados como un conducto para recibir sumas millonarias en sobornos.

“La Gerencia de Salud tramitó los pagos de estos programas hacia la Gerencia Financiera, simulando la legitimidad de la operación para justificar el desvío de fondos”, dice la medida.

El grupo adulteró estados financieros “de manera crónica”, instruyendo directamente al personal clave de Contabilidad, Financiero y Tecnología, para realizar el cierre fraudulento del registro de reclamaciones, lo que adulteró y falseó los estados financieros de Senasa.

Estas acciones se mantuvieron para ocultar la dimensión real de las maniobras fraudulentas que llevaron al déficit, así como sostener la apariencia de solvencia ante los organismos de fiscalización externa.

El documento señala que los implicados incurrieron en la distracción de recursos públicos, desviando fondos estratégicos destinados a las Reservas Técnicas de Senasa, comprometiendo la solvencia de la institución y el pago futuro a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

Asimismo, instrumentalizaron y subordinaron a personal de tecnología, con manipulación a la gerencia de tecnología, subordinando específicamente sobre el proceso para el cierre fraudulento del “borderó”, asegurando que la alteración de los registros contables se ejecutara desde la base de datos de la institución.

Reclutaron y cooptaron funcionarios y técnicos claves dentro de la estructura financiera de Senasa, citando de ejemplo el MP a la Encargada de Análisis Financiero y Presupuestario, para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes financieros y autorizar cierres fraudulentos de cuentas.

Precisa el MP que el mecanismo del entramado se basó en la manipulación directa del Registro de Reclamaciones Pendientes, violando los controles contables de la institución “para ocultar la verdadera dimensión del déficit”.

Gustavo Enrique Messina Cruz, en su función de gerente financiero de Senasa, era el encargado operativo de realizar el sub-registro sistemático de las obligaciones financieras, creando una base de datos del registro financiero falseada.

Esta generación de maniobras fraudulentas tuvieron impacto en las reservas técnicas de Senasa, que asciende más de RD$15,921,369,659.62, hasta el cierre de 2024.

La alta gerencia de Senasa, imputada en este caso, direccionó contratos fraudulentos por sumas millonarias, en perjuicio del Estado Dominicano.

Asimismo, presuntamente constituyeron una red de empresas de carpetas para realizar operaciones de lavado de los activos obtenidos en los millonarios esquemas de sobornos, a través de la misma generaron cientos de facturas ficticias para sustentar las operaciones ilícitas a través de operaciones ficticias con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de los sobornos exigidos a contratistas privados.

Estos imputados también negociaron directamente el otorgamiento y la restitución de códigos a Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) que previamente habían sido cancelados, convenciendo al director ejecutivo (Santiago Hazim) para asegurar la complicidad del sector privado.

Las empresas fachadas que incluyeron en el entramado emitieron facturas con comprobante fiscal por servicios de salud nunca realizados o prestados a las empresas de prestadores, simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados destinados al pago de sobornos a funcionarios de Senasa a cambio de obtener contrataciones perjudiciales para la ARS.

Una vez eran recibidas estas transferencias bancarias por servicios ficticios, los fondos eran retirados en efectivo, completando la fase de ocultamiento y conversión para el pago final de soborno a la alta gerencia de Senasa.

Los imputados implementaron facturación falsa y sub-registro para evitar que las autoridades de fiscalización e investigación detectaran las maniobras fraudulentas y estados financieros reales de la institución.

Utilizaron roles jerárquicos y especializados, representados en la persona de Santiago Hazim como director ejecutivo, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Gustavo Enrique Messina como gerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico del Senasa, entre otros para la ejecución coordinada del esquema de fraude financiero y lavado de activo.

Estos, junto a los demás implicados, convirtieron, adquirieron, facilitaron, ocultaron y transportaron bienes y ganancias provenientes de la corrupción administrativa y el desfalco, a través de empresas instrumentales y el flujo de efectivo, con el propósito de ocultar su origen ilícito.

Desafiaron e inobservaron los organismos de control, ya que el esquema se mantuvo a pesar de que técnicos internos advirtieron que la manipulación de los registros podría generar sanciones graves del órgano regulador, evidenciando la intención de continuar con el ocultamiento y que el interés de distraer fondos era mayor al temor de la sanción.

La medida de coerción señala que pagaron un incremento fraudulento la facturación de Senasa, producto de sobre tratamiento de los pacientes, como los casos de pacientes oncológicos, abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia.

Asimismo en procesos cardiovasculares con la colocación de stents coronarios innecesarios, realizando procedimientos quirúrgicos en piel donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados; la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopias a pacientes sin riesgos, ni sintomatología expresa, servicios de hemodiálisis facturando a personas fallecidas.

El Ministerio Público los acusa de adquirir bienes a nombres de testaferros, creando un patrimonio ilícito con los fondos obtenidos de sobornos y del desfalco.

Esto lo hacían para evadir persecución, señala el MP.

Manipularon la lealtad de funcionarios menores, a fin de continuar ejecutando órdenes ilícitas y de mantener su arraigo dentro de la institución, manipulando su situación laboral con la promesa de que podrían recibir beneficios especiales.

Estos implicados también incurrieron en la realización de maniobras para obstaculizar el proceso de investigación, incluyendo ocultamiento de información y retardo injustificado en la entrega de las solicitudes de informaciones realizadas por el Ministerio Público.

El Ministerio Público inició los arrestos por este caso el pasado sábado, cuando Santiago Hazim se presentó en las instalaciones para comparecer ante los fiscales y fue apresado.

Este lunes fue depositada la solicitud de medida de coerción de parte del Ministerio Público, y se solicita la imposición de 18 meses de prisión como medida de coerción.

En la lista, se encuentran funcionarios públicos, así como otras personas que tenían contratos con la aseguradora del Estado.