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Dictan garantía económica a tres empleadas del Instituto Leonardo Da Vinci por caso Stephora

La coordinadora general queda en libertad pura y simple; Ministerio Público apelará

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La jueza de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, decisión que será apelada por el Ministerio Público.

Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel deberán hacer el pago a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la coordinadora general del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso libertad pura y simple al considerar que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la decisión fue correcta y se ajusta al derecho.

“Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Ministerio Público como la directora del colegio. Sin embargo, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido”, explicó.

No estaba en el lugar cuando ocurrió el hecho
Añadió que los elementos presentados demostraron que González no estaba presente en el lugar cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

Sobre las demás imputadas, el abogado Lorenzo Fermín destacó que cumplirán con la garantía económica y las visitas periódicas establecidas.

“Entendemos que es una decisión justa. Ellas están dispuestas a colaborar para que este caso sea transparente y resplandezca la verdad. Ese es su compromiso”, dijo Fermín.

El jurista también reconoció el drama humano detrás del caso.

“Es lamentable lo sucedido; afecta profundamente a esa madre y a esa familia, y nos solidarizamos con su dolor. Pero también afecta a las profesoras involucradas, para quienes ha sido desgarrador expresar públicamente sus sentimientos de pena por lo ocurrido”, expresó.

Ministerio Público apelará
El Ministerio Público anunció que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del caso.

La procuradora de corte Olga Dina Llaverías informó que la institución “no está conforme con la decisión” y que procederán a recurrir tan pronto sean notificadas formalmente.

“Esperamos la notificación para iniciar el proceso correspondiente”, declaró.

Vía Diario Libre

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Hombre mata a su pareja en San Cristóbal

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Una mujer de 26 años murió tras recibir varias heridas de arma blanca presuntamente a manos de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el sector El Cacique, San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Esther Salomón, quien falleció como consecuencia de las múltiples heridas provocadas con un arma blanca, según informó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó la búsqueda del agresor, un hombre de nacionalidad haitiana, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

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La JCE aclara que se casaron un hombre y una mujer en unión transexual

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La Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado oficial este 31 de agosto de 2026 para precisar la base jurídica del reciente matrimonio entre Jayden Resto Holguín y Regina Balaguer de Resto (conocida como «Reina de Coronas»), un enlace reportado por RC Noticias y celebrado por colectivos de derechos humanos como la primera boda pública entre un hombre trans y una mujer trans en la nación.

En su pronunciamiento, el órgano custodio del registro civil dominicano aclaró que el matrimonio entre los ciudadanos asentados legalmente como Aris Doris Resto Holguín (registrada como mujer) y Miguel José Balaguer de la Rosa (registrado como hombre) cumple estrictamente con los requisitos de la Constitución y las leyes nacionales. La institución enfatizó que el enlace fue formalizado entre un hombre y una mujer conforme a sus actas de nacimiento y documentos de identidad vigentes, reiterando su apego al mandato constitucional.

Por su parte, la pareja defiende el valor simbólico e histórico del acto al tratarse de dos personas trans que defienden sus respectivas identidades de género.

Tras cuatro meses de relación a distancia iniciada en redes sociales y dos años de noviazgo, en mayo de 2026 iniciaron los trámites formales para consolidar su relación.

El trayecto administrativo estuvo marcado por dificultades.

Regina denunció que sufrieron trabas y tratos transfóbicos durante la entrega de documentos debido a su apariencia física: «Nos pidieron los documentos, pero después no nos querían casar por cómo nos veíamos. En ninguna ley aparece un código de vestimenta». No obstante, la contrayente matizó la experiencia diferenciando la burocracia del momento del enlace, destacando que el oficial civil que los casó los trató con absoluta modestia y respeto.

La unión contó con la orientación y acompañamiento de la organización TRANSSA – Trans Siempre Amigas, y recibió felicitaciones del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT) y COLESDOM, entidades que calificaron el evento como un hito significativo para la visibilidad y el reconocimiento de las familias trans.

A pesar del marco técnico expuesto por la JCE, la pareja mantiene su postura sobre el impacto del evento para la comunidad LGTBIQ+. En palabras de Regina: «Que se reconozca legalmente mi matrimonio en la República Dominicana sí es un paso enorme para la comunidad completa. Este es el inicio. Luchemos por nuestros derechos, por los que tenemos y los que aún nos niegan, sin cansarnos».

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